La ley está en suspenso mientras la Corte estudia un pedido de impugnación presentado por la oposición la semana pasada. Los parlamentarios dijeron que eso complica la elaboración del presupuesto del gobierno del presidente instalado hace 10 días y pidieron a la Corte que se pronuncie lo antes posible.
La suspensión deja sin efecto las reducciones de salarios en todo 2019. El gobierno tiene plazo hasta el día 15 de este mes para enviar al Congreso su proyecto de presupuesto.
La norma señala que ninguno de los servidores públicos en el país debe percibir un salario mayor que el del presidente de México, cuya remuneración es de unos 108.000 pesos mexicanos (17’068.051 pesos colombianos), 40 % de lo que ganaba el hoy expresidente Enrique Peña Nieto: 270.000 pesos (42’670.128 pesos colombianos).
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La iniciativa, una de las medidas de austeridad de López Obrador, dada a conocer desde que estaba en campaña, fue aprobada por la Cámara de Diputados a mediados de septiembre y por el Senado a principios de noviembre, y se inscribió en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En México, funcionarios de alto rango, como los jueces de la Suprema Corte, ejecutivos de la petrolera estatal Pemex y consejeros de organismos autónomos, perciben salarios superiores a los 10.000 dólares mensuales, mientras que López Obrador se ha fijado un sueldo de unos 5.400 dólares.
En las últimas horas, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reiteró que “los salarios de los altos funcionarios públicos son exagerados, son ofensivos, de manera particular los del Poder Judicial, es ofensivo ni tiene que ver con el cambio ni con la justicia, al contrario es un arbitrariedad… son los funcionarios mejor pagados del mundo”.
Este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial señaló que es un “falso discurso” apuntar que los juzgadores son privilegiados y viven “del abuso del erario público”.
“En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo (la elección de López Obrador), no caben los jueces dóciles, al servicio de nadie; la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura”, dijo Luis Vega, presidente de la Asociación.
Por eso, alrededor de 1.410 funcionarios de todo el país protestaron en 30 sedes distintas y leyeron un posicionamiento público en donde expresan su rechazó a la Ley y negaron ganar 600.000 pesos (94’822.507 COP) como ha dicho reiteradamente el mandatario mexicano.
“Nos presentamos públicamente ante la sociedad, para refrendar nuestro compromiso de defender la independencia y autonomía del poder Judicial de la Federación… se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que ganamos más de $600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad.
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