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“Si alguien se entera, acabaremos en la cárcel”. Eso es lo que le respondieron a Bahara, de 35 años, entrevistada por la AFP, cuando acudió a un hospital de Kabul, capital de Afganistán, para suplicar que la ayudaran a abortar. En el país, reconquistado por los talibanes en agosto de 2021, abortar —o ayudar a alguien a hacerlo— es un delito castigado con penas de prisión.
Fue su marido, desempleado, quien ordenó a esta madre de cuatro hijas que “encontrara una solución”: no quería una quinta. Desde el regreso de los talibanes, está prohibido el ingreso de niñas a colegios, institutos, universidades y a la mayoría de los empleos, por lo que tener una hija cuesta más dinero del que su realidad les permite aportar.
“Apenas podemos alimentarlas. Si fuera un niño, podría ir al colegio y trabajar”, explica Bahara.
Los graves desafíos para el acceso a la atención sanitaria
Detrás de estos abortos clandestinos se esconde una violencia profundamente relacionada con el género y la economía. En un país en el que las niñas están excluidas de la escuela, el trabajo y el espacio público, el nacimiento de una niña es percibido por algunas familias como una carga financiera. Una realidad que influye directamente en las decisiones reproductivas de las mujeres, a menudo tomadas bajo coacción.
Tan es así que el martes 11 de diciembre, el Tribunal Popular para las Mujeres de Afganistán dictó una sentencia histórica sobre la persecución de las mujeres en el país, tras las audiencias celebradas a principios de año.
En esta sentencia figura, en particular, un punto relativo a las violaciones del derecho a la salud. “Desde 2021, las autoridades de facto de Afganistán han impuesto medidas restrictivas y discriminatorias que obstaculizan gravemente el acceso de las mujeres y las niñas a la atención sanitaria, incluida la salud sexual y reproductiva”.
The full text of the Judgement of the People’s Tribunal for Women of Afghanistanhttps://t.co/NMHp4YGyDV pic.twitter.com/DxY2wH3pze
— People’s Tribunal for Women of Afghanistan (@AfgPpt) December 11, 2025
“Abortos espontáneos”
Cuando retomaron el poder en 2021, los talibanes, que siguen una interpretación estricta de la ley islámica, no modificaron la ley sobre el aborto.
Sin embargo, comprueban regularmente que no se practiquen abortos en los hospitales, lo que provoca el pánico entre los médicos y empuja a las mujeres a abortar clandestinamente, según cuentan a la AFP una decena de personas que trabajan en el sector sanitario.
Veinte años antes, la retirada de los talibanes del poder había permitido la entrada de organizaciones humanitarias en Afganistán, lo que permitió la financiación de la educación de las niñas, pero también la planificación familiar y un mejor seguimiento de los nacimientos.
“Teníamos más libertad para practicar abortos, había oenegés que nos apoyaban, no había controles por parte del Gobierno”, declara a la AFP una ginecóloga de Kabul. “Hoy en día, los médicos tienen miedo, porque si las recetas se controlan en las farmacias, es muy peligroso. Por eso, cada vez más mujeres lo intentan en casa”.
Como el hospital se negó a ayudarla, Bahara acabó yendo al mercado para comprar una infusión a base de una variedad de malva, conocida por provocar contracciones. Pero esta planta abortiva, si se dosifica mal, puede dañar los órganos y provocar hemorragias importantes. Ante la intensa hemorragia, Bahara volvió finalmente al hospital, fingiendo haberse caído para que no la denunciaran. “Me operaron para extraer los restos del feto. Desde entonces, me siento muy débil”.
Otras mujeres afganas han dado su testimonio a la AFP, bajo condición de anonimato para evitar cualquier riesgo de represalias por parte del régimen talibán, pero también de la sociedad ultraconservadora. Una de ellas ingirió un medicamento conocido por su toxicidad para el feto, otra cuenta que se aplastó el vientre con una piedra pesada.
En 2017 (antes del regreso de los talibanes al poder), un artículo de ‘The Guardian’ ya informaba de un aumento de los abortos inseguros en Afganistán, camuflados, según los profesionales sanitarios, como “abortos espontáneos” para evitar el estigma o la represión.
Grupos como “Pill Force” distribuían entonces clandestinamente píldoras abortivas para ayudar a las estudiantes casadas a continuar sus estudios evitando embarazos no deseados. Una red que ilustra que, a falta de acceso legal, las mujeres ya se organizaban para eludir las prohibiciones, a menudo en condiciones peligrosas y arriesgadas.
Desde el regreso de los talibanes, el acceso a los anticonceptivos se convirtió en una tarea aún más difícil. En febrero de 2023, la organización mediática de mujeres afganas “Rukhshana” afirmaba: “es solo cuestión de días que el acceso a los anticonceptivos quede completamente prohibido en las provincias de Kabul y Balkh”.
Según este medio, los talibanes habrían ordenado a las farmacias que prohibieran la venta de anticonceptivos con el pretexto de que la ley islámica lo prohíbe. El Gobierno afgano calificó esta información de “falsa”, aunque varias fuentes la han confirmado.
Sin embargo, al año siguiente, una investigación de ‘Vanity Fair’ reveló la escasez de anticonceptivos a la que se enfrentan las mujeres afganas desde la llegada al poder de los talibanes. Una situación que da lugar a un peligroso tráfico dirigido por Pakistán, entre medicamentos adulterados y cajas de píldoras vendidas a precios desorbitados.
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), menos de la mitad de las mujeres afganas tienen actualmente acceso a métodos anticonceptivos como preservativos, implantes o píldoras. “Los recortes presupuestarios en los servicios de salud y el cierre forzoso de los servicios de planificación familiar ponen en peligro el acceso a métodos anticonceptivos modernos”, explica.
“Me dijeron que me ayudaría”
El cierre o la reducción de las clínicas financiadas por ONG tras la retirada de la financiación internacional también amenaza los servicios de salud reproductiva, lo que reduce aún más el acceso a la atención segura durante el embarazo y el aborto.
El número de centros de salud se ha reducido a la mitad y solo 297 de los aproximadamente 400 distritos del país, repartidos en 34 provincias, siguen contando con infraestructuras sanitarias, lamenta el tribunal popular para las mujeres en Afganistán.
En abril de 2025, según el mismo organismo, se estimaba que el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos era de 620, lo que supone un aumento del 19 % de la mortalidad materna.
En este país, donde la tasa de mortalidad materna e infantil es una de las más altas del mundo, el aborto está teóricamente permitido en caso de grave peligro para la mujer embarazada, pero en la práctica este derecho rara vez se concede.
Dicho eso, al ser interrogado sobre la cuestión, el portavoz del Ministerio de Sanidad afgano, Sharafat Zaman, que recuerda que, según los talibanes, abortar equivale a “matar una vida” , responde que, aunque al Gobierno le preocupan las condiciones en las que se practican los abortos clandestinos, no es responsable de los “problemas” que sufren algunas mujeres que deciden abortar en esas condiciones, ya que el Gobierno autoriza determinados abortos.
A pesar de las prohibiciones, algunas farmacias se arriesgan a vender medicamentos abortivos sin receta.
Pero si bien algunos profesionales sanitarios pueden ofrecer a las mujeres afectadas una complicidad benevolente, otros no dudan en pedirles sumas exorbitantes, en uno de los países más pobres del mundo.
“A los cuatro meses de embarazo, descubrí que todavía estaba embarazada de una niña”, cuenta a la AFP Nesa, que ya es madre de ocho niñas y un niño. “Sabía que si mi marido se enteraba, me echaría de casa”, continúa. “Supliqué a una clínica que me ayudara. Me pidieron 10.000 afganis (apróximadamente 150 dólares) que no tenía”.
Así que la joven compró en la farmacia un medicamento contra la malaria, contraindicado durante el embarazo porque es potencialmente tóxico para el feto. “Me dijeron que me ayudaría”, afirma.
“Empecé a sangrar y perdí el conocimiento. Me llevaron al hospital y supliqué a los médicos que no me denunciaran. Y me extirparon quirúrgicamente los restos del feto”.
Otra joven de 22 años da testimonio del aborto clandestino al que se sometió tras tener una relación extramatrimonial, un acto considerado aún más problemático y que puede dar lugar a “crímenes de honor”.
“Mi madre contactó con una comadrona, pero ésta pidió demasiado dinero. Entonces mi madre me llevó a casa, colocó una piedra muy pesada sobre mi vientre y lo aplastó”.
Excluidas de los centros de salud
Los especialistas en salud pública observan este fenómeno en todos los países donde el aborto está penalizado: las mujeres no abortan menos, pero lo hacen en condiciones más peligrosas. La Organización Mundial de la Salud estima que los abortos no medicalizados son responsables de entre 39.000 y 47.000 muertes de mujeres cada año en todo el mundo, principalmente en países donde el acceso al aborto es restringido.
Solo el 34 % de las mujeres en edad fértil viven en países donde el aborto está permitido por simple solicitud (lo que representa solo 77 países en total), recuerda por su parte la ONG Center for Reproductive Rights (CRR).
En Afganistán, el colapso del sistema sanitario, combinado con la represión de las mujeres, hace que estas prácticas sean especialmente peligrosas.
“Se prohibió a las mujeres el acceso a los centros de salud sin la presencia de un mahram (tutor masculino); se impusieron restricciones a la capacidad de las profesionales sanitarias para ejercer su profesión; se han emitido directrices que obligan a las universidades de medicina a excluir a las mujeres de los estudios de medicina; y se disuade a las mujeres de matricularse en institutos que ofrecen formación en obstetricia, enfermería, radiología u odontología”, denuncia el Tribunal Popular para las Mujeres de Afganistán en su sentencia del martes, refiriéndose a las mujeres que sufren o mueren por enfermedades evitables.
Hace un año, Heather Barr, directora adjunta de la división de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch (HRW), ya había alertado: “Si se prohíbe a las mujeres ser atendidas por profesionales sanitarios masculinos y luego se les prohíbe formarse para convertirse en profesionales sanitarias, las consecuencias son claras: las mujeres no tendrán acceso a la atención sanitaria y morirán”.
Así, en Afganistán, el aborto clandestino no es una elección individual ni una transgresión aislada, sino el producto de un sistema que excluye a las mujeres de la escuela, el trabajo y la atención sanitaria, y las obliga a poner en peligro su salud —a veces incluso su vida— para recuperar un mínimo de control sobre sus cuerpos.
Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.
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