Louisiana y Kansas habían pedido un pronunciamiento de la Corte después de haber perdido en tribunales federal el proceso planteado contra el destacado grupo de planificación familiar, Planead Parentesco, parta bloquear el financiamiento público.
La Corte Suprema dejó en vigencia las decisiones de tribunales inferiores que determinaron que los estados violan la ley federal cuando terminan los contratos de Medicaid (programas de seguro de salud) para Planned Parenthood. La organización proporciona atención de planificación familiar para mujeres de bajos ingresos.
“Los estados no pueden dar de baja a los proveedores de su programa de Medicaid por ninguna razón que consideren adecuada, especialmente cuando esa razón no está relacionada con la competencia del proveedor y la atención médica que brinda”, constató un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito en febrero.
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Para que el caso fuera debatido en la Corte Suprema, al menos cuatro de los nueve jueces tendrían que estar de acuerdo. Pero solo tres respaldaron tal audiencia: los conservadores Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito.
“Entonces, ¿qué explica la negativa de la Corte a hacer su trabajo aquí?”, preguntó Thomas, hablando por el trío.
Este sigue siendo un tema controversial en Estados Unidos, donde la Corte Suprema legalizó el aborto en su decisión de 1973 Roe v. Wade. En los años recientes, se han implementado distintas medidas para complicar el acceso a los servicios para interrumpir el embarazo.
Durante su campaña presidencial, Donald Trump se comprometió a nombrar a conservadores antiaborto para el tribunal superior, sugiriendo que posiblemente se revoque el fallo histórico.
Sus nominados Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh ahora son miembros del tribunal.
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