Más de 500 trabajadores del sector de la salud en Bogotá enfrentan una angustiosa espera de más de seis años por el reconocimiento y pago de sus derechos laborales. A pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan el reintegro de pagos, indemnizaciones por despido, aportes a seguridad social e incluso reintegros rotativos, cientos de profesionales, como Miriam Murcia Cruz y Carolina Barguil, continúan sin recibir los montos adeudados por las Subredes de Salud del Distrito, según informó El Tiempo.
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Miriam Murcia Cruz, quien laboró en el Hospital Simón Bolívar en áreas críticas como urgencias y salas de cirugía de quemados, relata su caso. Tras su retiro, y al no recibir los pagos correspondientes, interpuso una demanda que fue fallada a su favor por el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá. Sin embargo, diez meses después de la ejecución de la sentencia, el dinero aún no ha sido saldado, de acuerdo con el rotativo.
En la Subred Sur, el caso de Carolina Barguil, instrumentadora quirúrgica en el Hospital Meissen, ilustra la precariedad de estas condiciones. Tras ser diagnosticada con un cáncer agresivo, esta mujer se vio imposibilitada para cumplir con sus turnos nocturnos. Su relato es crudo: “Mientras me hicieron los exámenes de diagnóstico, yo no fui a trabajar más o menos unos 15 días. Pero yo tuve que cumplir los turnos porque nosotros no tenemos incapacidad y, al comentarles sobre mi diagnóstico, me dijeron: ‘No vuelva’. Se demoraron un mes en pagarme el sueldo”, de acuerdo con el impreso.
A pesar de que su salud tuvo un periodo de estabilidad, el retorno de la enfermedad le impidió continuar trabajando, lo que la llevó a demandar a la Subred Sur. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor, pero, hasta la fecha, no ha recibido ningún pago, según el informe periodístico.
La persistencia de estas irregularidades ha derivado en un número considerable de demandas contra las subredes de salud. Tras largos procesos judiciales en dos instancias, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado a estas entidades el pago de salarios adeudados, servicios prestados e intereses, lo que ha incrementado exponencialmente la cuantía de la deuda. Según el abogado Jorge Enrique Garzón, quien representa casi 600 casos contra el sistema de salud de Bogotá, la deuda total acumulada ascendería a la impactante cifra de 300.000 millones de pesos colombianos, como se mencionó en el citado diario.
Esta problemática se remonta a la reorganización del modelo de salud en Bogotá, implementada en 2016. Previamente, los 22 hospitales distritales operaban de forma independiente. Sin embargo, un acuerdo aprobado en el Concejo de Bogotá transformó el sistema, consolidándolo bajo el esquema de subredes de salud, según el periódico.
La reorganización, que buscaba mejorar la atención y ampliar la cobertura a todas las localidades, ha producido no solo demandas laborales sino también quejas por parte de los pacientes. La magnitud de las quejas y demandas ciudadanas llevó incluso a la intervención de la Subred Centro Oriente por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Las cuatro subredes involucradas en este proceso han manifestado no contar con los fondos suficientes para hacer frente a los pagos ordenados por los fallos judiciales. Alegan, además, que, en caso de saldar la deuda, no podrían incluir los intereses moratorios acumulados, lo cual es considerado injusto por los demandantes.
Cuáles son los problemas financieros de las subredes de salud en Bogotá
Los balances financieros de las subredes revelan una situación deficitaria persistente. En 2019, registraron un saldo negativo de -210.538 millones de pesos; en 2020, la cifra se incrementó a -475.938 millones; y en 2021, la deuda alcanzó su punto máximo con -523.842 millones. Aunque el Secretario de Salud, Gerson Bermont, ha indicado que la Subred Sur pasó de pérdidas en 2023 a un saldo positivo en 2024, y la Subred Norte redujo su déficit, la Subred Centro Oriente, intervenida, incrementó su deuda en un ocho por ciento el año pasado.
Ante la falta de liquidez, las entidades han optado por ofrecer a los trabajadores contratos de transacción. Estos acuerdos implican que los demandantes renuncien a puntos que ya les fueron fallados a favor por el tribunal, como los intereses moratorios.
La prolongación de esta situación ha tenido graves consecuencias humanas. Muchos de los afectados son ahora pensionados, otros enfrentan dificultades de salud que les impiden trabajar, y algunos han quedado inhabilitados para laborar en el sector público debido a los procesos judiciales.
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