El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
La incertidumbre ha marcado la vida de quienes apostaron por el proyecto inmobiliario conocido como edificio Ruiseñor, en el municipio de Caldas. Según información recopilada por EL COLOMBIANO, cerca de 89 compradores de apartamentos, 54 de apartaestudios y 78 de locales comerciales, junto a espacios adicionales como parqueaderos y cuartos útiles, invirtieron en la promesa de un inmueble entregado sobre planos. Sin embargo, al llegar el momento de recibir la propiedad, muchos se encontraron en la desconcertante situación de tener acceso material a su bien, pero sin la formalización jurídica a través de las escrituras, una circunstancia que les limita ejercer derechos plenos de propiedad, como acceder a créditos o vender el inmueble.
El edificio Ruiseñor fue construido sobre un terreno considerado de alto valor estratégico en el centro de Caldas, donde antes existían tres antiguas casonas. Estas propiedades, aparentemente transferidas por herencia, fueron demolidas para permitir el desarrollo de un complejo que combina espacios comerciales en los tres primeros pisos con nueve niveles residenciales superiores. La venta inicial prometía condiciones accesibles y flexibles, lo que llevó a muchos a comprometer recursos significativos bajo la confianza generada por una constructora con buena reputación local.
No obstante, tras los movimientos iniciales de inversión, surgieron complicaciones inesperadas. Uno de los compradores relató a EL COLOMBIANO que, tras comenzar el negocio en 2018, las ventajas parecían indiscutibles hasta que se mencionó, por rumores, la aparición de un heredero no registrado en la sucesión de uno de los lotes, reclamando derechos sobre parte del terreno. Este hecho fue el detonante de los retrasos en la entrega y legalización de las escrituras.
Jesús María Álvarez, uno de los afectados, aportó detalles sobre el proceso: luego de invertir el 30% del valor de su apartamento, más parqueadero y cuarto útil, esperó en vano la entrega formal y se encontró con solicitudes de pagos adicionales para ocupar el inmueble mientras la situación legal se resolvía. Aunque logró un acuerdo con la constructora, el traspaso no se concretó y las limitaciones para vender o aprovechar plenamente su propiedad persistieron.
Este limbo jurídico llevó a varios propietarios a cuestionar el deber de contribuir a la administración del edificio, argumentando la falta de estatus legal claro. Sin embargo, el gerente de Ruiseñor, Adrián Piedrahíta, aseguró a EL COLOMBIANO que la empresa mantuvo informados a los dueños y formalizó, mediante documentos adicionales, el diferimiento en la entrega de escrituras hasta resolver el conflicto, el cual fue atendido por un equipo de abogados contratado para gestionar el litigio sobre un 10% del área total, no por una sucesión sino por un inconveniente legal con uno de los vendedores originales.
Piedrahíta defendió que la administración no estuvo en crisis, ya que se designó un administrador provisional conforme a la ley. Afirmó también que, pese a la demora, algunos compradores ocuparon sus propiedades y obtuvieron ingresos por arrendamiento sin haber cancelado el valor total pactado. Finalmente, una vez resuelto el conflicto, la empresa comenzó a contactar a los propietarios para formalizar la escrituración y convocar a una asamblea, donde la discusión sobre los pagos en mora de administración aún será tema central.
De este modo, el caso del edificio Ruiseñor revela los retos legales y personales que emergen cuando las promesas de acceso inmediato a la propiedad contrastan con obstáculos jurídicos imprevistos, y cómo estos afectan tanto el sentido de pertenencia como la seguridad patrimonial de los compradores.
¿Qué implica poseer un inmueble sin escrituras en Colombia?
La pregunta resulta crucial porque la situación vivida por los compradores del edificio Ruiseñor expone las complejidades y restricciones a las que se enfrentan quienes, pese a ocupar materialmente un inmueble, no cuentan con la formalización legal de su propiedad. En Colombia, las escrituras son el documento fundamental que acredita la titularidad y permiten ejercer derechos plenos sobre un bien, tales como vender, hipotecar o solicitar créditos bancarios usando la propiedad como respaldo.
La ausencia de escrituras coloca a los “propietarios” en una posición vulnerable ante eventuales reclamaciones de terceros y les impide participar completamente en decisiones sobre la copropiedad. Este escenario, como se expone en los testimonios recogidos por EL COLOMBIANO, lleva además a disputas respecto a las obligaciones de pago por administración y al uso adecuado de los espacios hasta que la legalidad de la tenencia quede debidamente resuelta.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
