El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las principales ciudades de Colombia se han manifestado con preocupación frente a los cambios propuestos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre el tope de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Este diálogo se dio en el marco de una mesa técnica que exploraba el borrador de decreto nacional y buscaba concertar ajustes que tengan en cuenta la realidad de miles de familias, el equilibrio del mercado y la solidez de la política pública de vivienda. De forma coordinada, las secretarías de Vivienda de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, integrantes de la Alianza por la Vivienda y el Hábitat, propusieron diversas recomendaciones técnicas con énfasis en el bienestar de las familias y la estabilidad del sector.
El contexto bogotano destaca por la alta dinámica en ventas de unidades VIS: según El Espectador, la capital nacional cerró 2025 con el récord histórico de unas 40.000 unidades vendidas, beneficiadas tanto por subsidios del distrito como del gobierno nacional. El peso de los subsidios en este éxito es evidente, pues solo en Bogotá se han entregado cerca de 17.000, consolidando la ciudad como epicentro de la vivienda social en Colombia.
Sin embargo, el anuncio de un incremento cercano al 23% en el salario mínimo proyectado para 2026, junto con las propuestas del decreto en revisión, han acelerado la discusión sobre el modo en que se calculan los topes de precio y los recursos destinados a subsidios. De acuerdo con el anterior modelo, los límites y subsidios de la VIS dependían del valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV). Así, cada aumento en el salario mínimo elevaba en pesos los topes y subsidios, limitando en la práctica la cantidad de ayudas posibles bajo un presupuesto dado, y restringiendo el acceso de muchas familias a una solución de vivienda.
Frente a este panorama, las ciudades reclamaron un régimen de transición que otorgue seguridad jurídica a quienes compraron vivienda antes de 2026 pero que aún no han escriturado, protegiéndolos de cambios repentinos en las reglas del juego. Vanessa Velasco, secretaria distrital del Hábitat, subrayó la urgencia de garantizar confianza a las familias durante todo el proceso, haciendo un llamado a definir reglas claras desde la etapa de preventa y a compartir herramientas eficaces para implementar y monitorear los distintos programas de VIS y VIP.
Las tres prioridades que marcaron la discusión fueron: establecer un régimen transicional que brinde certeza, adoptar criterios transparentes desde la preventa y mantener topes diferenciados—como el de 175 SMMLV para VIS en proyectos de renovación urbana y 90 SMMLV para VIP—, los cuales buscan equilibrar la protección de los compradores con condiciones favorables para los constructores, evitando un impacto negativo en la oferta de vivienda social en las ciudades con mayor demanda.
El borrador del decreto sugiere que los precios de la VIS se fijen expresamente en pesos, eliminando la referencia automática al salario mínimo desde el inicio de la promesa de compraventa, como señala El Espectador. Este planteamiento ha abierto discusiones entre expertos, quienes advierten sobre riesgos en la oferta de proyectos, posibles aumentos en costos y la necesidad de establecer mecanismos técnicos y financieros sólidos para evitar una merma en la seguridad jurídica del sector, fundamental para mantener la confianza tanto de compradores como de constructores.
¿Por qué resulta relevante la diferenciación de topes en SMMLV para VIS y VIP?
La fijación diferenciada de topes en salarios mínimos legales mensuales vigentes—como 175 SMMLV para VIS y 90 SMMLV para VIP—responde a la necesidad de reconocer la heterogeneidad de proyectos y beneficiarios en las principales ciudades del país. Esta estrategia permite ajustar la oferta de vivienda y los subsidios según las características específicas de cada grupo, evitando una regulación genérica que podría descartar proyectos o reducir la cobertura para los hogares más vulnerables.
El debate actual sobre la manera en que se establecen estos topes revela la búsqueda de un equilibrio justo: proteger a quienes necesitan acceso a una vivienda digna, sin desalentar a los desarrolladores y constructores que sostienen la dinámica del sector. Este tema continuará en el centro de la agenda pública, dado que cualquier decisión tendrá repercusiones sobre miles de familias y sobre el desarrollo urbano de las principales ciudades.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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