El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La iniciativa que actualmente impulsa el Distrito de Bogotá para poner en venta el 9,4 % de las acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB) no representa un movimiento improvisado ni una visión novedosa en la gestión de los activos públicos de la ciudad. Este planteamiento, que hoy resurgen las autoridades de la capital, es el resultado de una estrategia institucional sostenida a lo largo de los últimos años, orientada a financiar proyectos de infraestructura de gran envergadura utilizando parte del patrimonio público. La génesis de este enfoque data de la administración de Enrique Peñalosa, cuando en 2016 el Concejo de Bogotá autorizó al Distrito a desprenderse de hasta un 20 % de su participación en el GEB. El objetivo, según lo consignado en El Espectador, era asegurar recursos frescos para el desarrollo de obras prioritarias, sin que la ciudad perdiera el control mayoritario sobre la empresa.
Pese a contar con este aval, la administración de entonces sólo llevó a cabo la venta del 10,6 % de las acciones en 2018. En ese momento, cada acción de GEB tenía un precio cercano a los COP 2.028, monto que permitió recaudar aproximadamente COP 2 billones. Estos recursos se destinaron a la construcción de proyectos viales fundamentales para la movilidad de Bogotá, incluidos los desarrollos en la troncal de la avenida Ciudad de Cali y la avenida 68. Tras la transacción, la participación del Distrito en el GEB pasó del 76,3 % al 65,7 %, quedando aún vigente la posibilidad de vender el 9,4 % restante.
Sin embargo, cuando Claudia López asumió la Alcaldía, la situación financiera y social del país experimentó cambios profundos, en gran parte por la pandemia de COVID-19. Aunque la administración de López evaluó la opción de concretar la venta, finalmente la posibilidad no se ejecutó. Una de las razones clave, de acuerdo con lo expuesto por El Espectador, fue la marcada tendencia a la baja en el precio de las acciones del GEB durante ese periodo. Para ilustrar esta situación, basta señalar que en febrero de 2023, el valor de cada acción descendió a COP 1.331, una circunstancia que restaba atractivo a la operación y hacía incierta la capacidad de recibir los recursos anticipados.
De este modo, la reciente exploración del Distrito para retomar la venta de ese 9,4 % de acciones se enmarca tanto en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación para obras de infraestructura como en la coyuntura del mercado financiero, donde el valor de las acciones y las condiciones económicas juegan un papel decisivo. Según El Espectador, este proceso evidencia el seguimiento de una línea de política pública que, más allá de las administraciones puntuales, refleja las complejas decisiones que debe afrontar la ciudad al momento de aprovechar su patrimonio colectivo.
El debate en torno a la venta de acciones del GEB invita a reflexionar sobre la sostenibilidad de los procesos de financiación de megaproyectos urbanos y el impacto que estas decisiones pueden tener en la estructura económica de Bogotá. Si bien el capital recaudado ha permitido avanzar en la modernización de la ciudad, la discusión sobre el uso de activos públicos y la conservación de la mayoría accionaria permanece como un punto central en la agenda política y ciudadana.
¿Por qué es fundamental que el Distrito conserve la mayoría accionaria en el Grupo Energía Bogotá?
La importancia de que el Distrito mantenga la mayoría accionaria en el Grupo Energía Bogotá radica en su facultad para incidir directamente en las decisiones estratégicas de la empresa, asegurando que los intereses públicos prevalezcan sobre los privados. Al conservar este control, Bogotá puede orientar la gestión de la compañía hacia objetivos alineados con el bienestar colectivo y las prioridades urbanas.
Si el Distrito llegara a perder el control mayoritario, la orientación de la empresa podría responder más a lógicas de rentabilidad financiera que a la satisfacción de necesidades sociales o a la realización de obras de interés público. Por esta razón, el equilibrio entre aprovechar el patrimonio para financiar grandes proyectos y proteger el control de activos estratégicos sigue ocupando un lugar relevante en el debate sobre el futuro económico de la ciudad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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