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Las capturas de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, agravaron las dudas sobre la legalidad de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, la única que se logró aprobar en el Congreso de la República.
La Corte Suprema de Justicia sostiene que los congresistas habrían recibido dineros a cambio de sacar adelante los proyectos de la actual administración y dichos recursos habrían provenido del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, (UNGRD).
Según Olmedo López, exdirector de esa entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, los expresidentes del Senado y la Cámara habrían recibido sobornos en octubre de 2023, tras la firma del polémico contrato para la adquisición de 40 carrotanques para La Guajira.
De este contrato salieron $ 4.000 millones de sobrecostos, que habrían terminado en los bolsillos de Name y Calle, caso que ya los tiene en prisión por orden de la Corte Suprema y a la espera de avances en un proceso penal, que podría darle la estocada final a la reforma pensional de Petro.
De hecho, esa acusación pone en tela de juicio la única reforma que logró salir a flote, la pensional que espera entrar vigor el próximo 1 de julio.
Reforma pensional, impactada por capturas de Iván Name y Andrés Calle
Con el retrovisor como referencia, la relación entre el presidente Gustavo Petro y el entonces presidente del Congreso, Iván Name, estuvo marcada por la tensión.
En repetidas ocasiones, Petro lanzó críticas hacia Name, a quien responsabilizó de frenar los debates legislativos de sus proyectos bandera.
El expresidente del Senado, por su parte, se perfiló como un opositor a las reformas del Gobierno y criticó duramente el activismo del mandatario, al que acusaba de presionar indebidamente al Legislativo, y reclamaba un mayor respeto por la autonomía y la independencia del Congreso.
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En contraste, la llegada de Andrés Calle a la presidencia de la Cámara de Representantes fue recibida como una ganancia para Petro. Desde su posesión, se asumió que el presidente contaría con un aliado en esa corporación, mientras que la principal piedra en el zapato seguía estando en el Senado, liderado por Name.
A pesar de su discurso crítico, las acciones ofrecieron señales más ambiguas.
A inicios de diciembre de 2023, pocos días antes del cierre de las sesiones, Name ordenó incluir la reforma pensional en la lista de proyectos anunciados para segundo debate. Esto fue clave, ya que es potestad del presidente del Senado decidir qué proyectos se anuncian y en qué momento se pueden discutir. Al hacerlo antes de finalizar el periodo legislativo, le permitió al Gobierno ganar tiempo para que la reforma siguiera su curso.
A partir del 27 de febrero de 2024, apenas una semana después de que iniciaran las nuevas sesiones, la reforma pensional empezó a figurar como primer punto del orden del día.
Aunque Name interrumpió algunas sesiones en protesta por declaraciones de Petro sobre la caída de la reforma a la salud —reflejando su rivalidad política—, no bloqueó el avance del proyecto pensional una vez comenzó su trámite oficial.
En marzo, por ejemplo, convocó tres plenarias consecutivas en una misma semana, algo poco habitual. Incluso permitió una sesión en plena Semana Santa para realizar una audiencia pública solicitada por la oposición.
Más adelante, durante las votaciones cruciales del articulado en abril, Name se ausentó, dejando la conducción de las sesiones en manos de María José Pizarro, vicepresidenta del Senado y congresista del Pacto Histórico. En la práctica, sin Name, las sesiones fueron más ágiles y permitieron sacar adelante la reforma, que hoy se juega el todo por el todo en la Corte Constitucional.
Así se movió la reforma pensional en el Congreso
Otro gesto que dio de qué hablar fue la defensa que el expresidente del Senado hizo por la anulación del nombramiento de Pizarro como vicepresidenta de la corporación.
“María José Pizarro ha sido una digna y leal compañera. Ha sido un factor fundamental para la calma y el desarrollo sereno del Senado, sin dejar de ejercer su combativa y autorizada vocería. Le deseo bienestar y éxito en su extraordinario recorrido. La recuerdo con afecto, admiración y gratitud, como una pieza clave en el entendimiento que logramos mantener, y que espero no sea perturbado por factores externos”, dijo en entrevista con El Tiempo.
¿Hubo corrupción para aprobar la reforma pensional?
Más allá de lo anterior, la reforma pensional de Petro ya no solo enfrenta demandas ante la Corte Constitucional por presuntos vicios de forma y fondo en su trámite legislativo. También está bajo sospecha por un posible entramado de corrupción.
Ante estas denuncias, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y ponente del expediente que evalúa la constitucionalidad de la reforma, solicitó a la Fiscalía y la Corte Suprema copias de varios testimonios e investigaciones relacionados con el caso.
entre los documentos requeridos están las declaraciones del exdirector y exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como la documentación que terminó con una medida de aseguramiento contra la exconsejera para las regiones del Gobierno, Sandra Ortiz.
También pidió las declaraciones de varios congresistas que integran la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, como Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
El magistrado solicitó además testimonios de exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, del Dapre y del Gobierno Nacional, incluyendo a Carlos Ramón González (exdirector del Dapre y de la Agencia de Inteligencia), Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), y Pedro José Castro (exsenador).
Finalmente, Ibáñez pidió copia de la sentencia que condenó a Sneyder Pinilla a más de cinco años de prisión, así como de la orden de captura contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.
La Corte Constitucional busca así determinar si la reforma pensional fue contaminada por hechos de corrupción, lo cual podría poner en riesgo su validez.
Corte Suprema y la reforma pensional
En un auto de 183 páginas -que está a punto a ser enviado a la Corte Constitucional -la Corte Suprema advierte que existen “graves señalamientos y determinaciones judiciales” que podrían estar directamente relacionados con el trámite de la reforma pensional, la única aprobada por el Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro.
El documento apunta a un posible entramado para comprar votos en el Congreso. Uno de los apartes más contundentes señala que los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, habrían recibido $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente. Aunque Name se mostraba públicamente como opositor, el dinero podría haber buscado que este suavizara su postura y facilitara el avance del proyecto en su calidad de presidente del Congreso.
Los magistrados señalan que ambos habrían incurrido en el delito de cohecho impropio, pues habrían aceptado recursos públicos para favorecer iniciativas del Ejecutivo, independientemente de si cumplieron o no lo pactado. Además, menciona posibles delitos de peculado y desvío de funciones, y advierte que estas acciones “ponen en riesgo el ejercicio de la función legislativa y los derechos de la comunidad”.
Corte Constitucional
“Se acopiaron elementos de juicio que permiten afianzar la inferencia razonable en el sentido de que Name y Calle, (…) recibieron al parecer la millonaria suma de dinero antes referida. Para coadyuvar en el trámite de dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo Nacional: la reforma al sistema pensional y el de la reforma al sistema de salud, lo que indica la posibilidad fundada de que los investigados pudieron incurrir en un acto de desvío de la función pública en el desempeño de sus cargos”, se lee en la página 153 y 154.
La Corte Constitucional recibirá esta semana los expedientes del caso, es decir, un mes y medio antes de que la reforma pensional entre en vigor.
Sin embargo, con las nuevas pruebas y la captura de los expresidentes del Senado y la Cámara, el alto tribunal deberá dar un veredicto no solo sobre la constitucionalidad del proyecto del Gobierno, sino sobre su legalidad.
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