La Corte Constitucional puso la lupa sobre la posible corrupción para aprobar la reforma pensional en el Congreso de la República y que estaría relacionada con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Así lo confirma un acto emitido por el presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, que solicitó toda la documentación del caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Especial de Instrucción.
Además, le pidió información a la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Décimo Penal Especializado del Circuito de Bogotá y al Centro de Servicios Judiciales.
¿Hubo actos de corrupción para aprobar la reforma pensional?
En el documento, Ibáñez solicita copias de las declaraciones del exdirector y subdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla Álvarez, así como de la exconsejera del Gobierno para las regiones, Sandra Ortiz.
Igualmente, pidió la documentación entregada por un grupo de congresistas salpicados en este escándalo, y de las asesoras del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavidez y Andrea Carolina Ramírez.

Finalmente, revisará las declaraciones de:
- Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)
- Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la Agencia Nacional de Inteligencia
- Luis Fernando Velasco, exministro del Interior
- Pedro José Castro, exsenador de la República
- Iván Name, expresidente del Senado
- Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes
Según el presidente de la Corte Constitucional, las informaciones “se conocieron después de haberse decretado y practicado pruebas en este proceso”.
Y añadió que, “ante su gravedad y trascendencia, considera que es de la mayor importancia y pertinencia que la Sala Plena de la Corte cuente (…) con la información veraz y fidedigna conocida hasta ahora por las autoridades”.

Incluso, en su auto, afirmó que “parece evidente” que los presuntos actos delincuenciales “podrían tener relación directa con las reformas y su trámite en el Congreso de la República para sacar adelante la agenda del Gobierno”.




Con esto, el alto tribunal comenzará el estudio de los documentos que sean remitidos y así determinar una posible corrupción para aprobar la reforma pensional del presidente Gustavo Petro.
La petición se presenta un día después de que fueran capturados los expresidente del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por orden de la Corte Suprema de Justicia.
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