La medida que aplicó por dos meses consistía en reducir el aporte que hacen los colombianos a las pensiones del 16 % al 3 %; sin embargo, con la decisión del alto tribunal esto se echó para atrás y, aparte de todo, tiene efecto retroactivo, es decir, que la plata que se dejó de pagar se tiene que devolver a las arcas de los fondos de pensión (Colfondos, Skandia, Provenir, Protección y Colpensiones).

Normalmente, las empresas y los trabajadores se dividen la carga del pago de esta obligación (75 % del gasto lo cubre el empleador y el 25 % el empleado), que se calcula con el ingreso base de cotización (salario básico, trabajo extra, comisiones, bonificaciones y demás), por lo que queda la duda, en primer lugar, de si en este mismo porcentaje se tiene que devolver la plata.

Según comentó una fuente de la Corte Constitucional a Pulzo, es decisión del Gobierno que las cosas se vayan por ese camino; si eso pasa, los bolsillos de los trabajadores colombianos y las cajas de las empresas, seriamente afectados por la crisis, tendrían un panorama desalentador los meses que vienen, porque de ahí saldría la plata que toca reponer.

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La opción que no afectaría tanto a los colombianos de a pie y a las compañías, según indicó un experto, sería en la que el Gobierno asuma ese gasto con plata del Presupuesto General de la Nación, o de lo que ha dicho el presidente Iván Duque que están utilizando para mitigar el impacto económico de la pandemia; sin embargo, la decisión final está en el Ejecutivo.

Pulzo contactó al Ministerio de Hacienda (entidad que emitió el decreto que tumbó la Corte Constitucional) para conocer qué pasará con la plata de los aportes a pensión que se dejó de pagar por estos meses y, según la cartera, aún están esperando que el alto tribunal publique el fallo para reaccionar al respecto y decidir quién repone esos recursos.