La funcionaria indicó en Portafolio que los colombianos se confundieron y que nunca hubo una orden de congelar las tarifas del servicio de energía, sino que lo decretado por el Gobierno fue una prohibición del aumento de precios respecto al costo unitario del kilovatio hora que regía para el pasado 14 de abril; con este, según ella, se debían calcular los valores de las facturas que llegaron a los hogares.

Avendaño explicó en el diario que si los costos de las facturas en medio de la emergencia por el COVID-19 aumentaron, fue por que las empresas no quisieron tomar el riesgo de que sus empleados se contagiaran con el virus al hacer las mediciones, por lo que decidieron cobrarles a los hogares teniendo en cuenta un promedio de lo que consumieron en los últimos meses.

“Esto derivó en una situación bastante indeseable, y es que en el caso de los comercios que estuvieron cerrados por más de un mes a los propietarios les llegó la factura con un valor muy alto, ya que se promedió el consumo de los últimos seis meses, es decir, desde noviembre o diciembre del año pasado”, mencionó la superintendente en el rotativo.

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Pese a que la entidad prohibió a las empresas seguir cobrando por el promedio de los hogares, Avendaño destacó que el incremento de los recibos de este servicio público seguirá dándose a medida de que los colombianos se mantengan en sus casas debido al mayor consumo. “Es esto lo que terminará por incrementar el valor que se verá reflejado en la factura”.

“Vale aclarar que los servicios públicos no son gratuitos. El total del valor de las facturas de abril, mayo y junio se pueden pagar a plazos una vez se levante la contingencia”, recordó la superintendente de Servicios Públicos en el medio.

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