Y es que las funerarias, de acuerdo con la entidad en un comunicado, estarían incurriendo en irregularidades relacionadas con demoras, deficiencia en el manejo de la información brindada a familiares de fallecidos y cobros de gastos extras en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país, por lo que se les puso la lupa encima.

La superintendencia conoció los hechos gracias a múltiples denuncias de la ciudadanía respecto a 86 funerarias, de las cuales, solo 46 presentaron la documentación requerida por la autoridad; las otras, por su parte, nunca emitieron respuesta, por lo que, en caso de ser probadas las imputaciones de la SIC, podrían recibir multas de hasta 877 millones de pesos (1.000 salarios mínimos).

Estas son las funerarias:

SIC.
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La autoridad destacó además que al no presentar la información, estas empresas obstaculizan las acciones de inspección y vigilancia indispensables para supervisar este sector, que juega un papel importante en medio de la crisis ya que tiene obligaciones de bioseguridad frente al manejo, transporte y disposición de cadáveres, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

“Según denuncia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, estas empresas han generado presuntos cobros adicionales a los inicialmente pactados antes de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocurrida el 17 de marzo de 2020”, concluyó la SIC en el documento.