Vivir en un edificio o conjunto conlleva respetar ciertas normas que están debidamente anotadas en los manuales de la copropiedad y que a su vez se rigen por el Código de Policía.
Uno de los problemas más comunes en edificios o conjuntos es el tema del ruido y de no molestar a los residentes luego de ciertas horas.
(Vea también: Vendría duro golpe para colombianos que viven en edificios o conjuntos: hay vacío legal).
Los horarios puntuales deben acordarse en el consejo de administración, pero lo que sí rige la ley colombiana es el monto por irrespetar las normas en materia de ruido que perturbe a la comunidad.
El Código de Policía contempla que perturbar la tranquilidad con ruido excesivo se multa con el equivalente a 8 salarios mínimos diarios.
Con los incrementos anunciados para 2025, ese tipo de multa en edificios o conjuntos queda en 379.600 pesos, teniendo en cuenta que el salario mínimo diario se fijó en 47.450 pesos.
Tenga en cuenta que estas son algunas de las multas más caras para los ciudadanos, pero que otras que igualmente afectan la convivencia pueden alcanzar los 16 salarios mínimos diarios (759.200 pesos).
Cómo funcionan las multas en edificios o conjuntos residenciales
Las multas en los conjuntos residenciales son un mecanismo esencial para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el reglamento de propiedad horizontal.
Estas sanciones buscan corregir comportamientos que puedan afectar la armonía, la seguridad o el buen funcionamiento de las áreas comunes, incentivando a los residentes a respetar las reglas acordadas colectivamente.
Cuáles son las faltas más comunes en edificios o conjuntos
En un conjunto residencial, las normas están diseñadas para equilibrar los derechos y deberes de todos los propietarios y arrendatarios. Sin embargo, cuando estas reglas se incumplen, como en casos de ruidos excesivos, uso indebido de espacios comunes o falta de pago de cuotas de administración, las multas actúan como una herramienta disuasoria. Su objetivo no es solo penalizar, sino fomentar un comportamiento responsable y solidario entre los vecinos.
Al imponer una consecuencia económica, se genera una reflexión sobre la importancia de respetar las normas para mantener un ambiente de convivencia adecuado.
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