El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La implementación y financiación de la Región Metropolitana empieza a generar conflictos entre los ciudadanos y la administración. Esta vez por el aumento del 0,2 % en el impuesto de vehículos, para financiar la Agencia de Movilidad, lo cual hace que este tributo sea más costoso que en el resto del país.
El malestar llevó a un grupo de ciudadanos a denunciar penalmente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. No obstante, los mandatarios dicen estar tranquilos, porque todo está conforme la ley.
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Aunque el aumento parece mínimo, no es de poca monta. Este año se estima que, solo en Bogotá podrían recaudar $ 137.000 millones. Las cuentas son así: el impuesto se tasa según el avalúo del automotor. Si es una moto de más de 125 cc o un carro con un avalúo inferior a $ 52 millones, se paga 1,5 % sobre su valor ($ 15.000 por millón). Si está entre $ 53 millones y $ 118 millones paga 2,5 % ($25.000 por millón), y si es superior a $ 118 millones paga 3,5 % ($ 35.000 por millón).
Con el 0,2 % adicional, la tarifa en Bogotá y Cundinamarca será de $ 17.000, $ 27.000 y $ 37.000, es decir, $ 2.000 más por cada millón de avalúo que en el resto del país.
Si se hacen cuentas con el avalúo total de los vehículos matriculados en la región se tienen cifras multimillonarias, situación que llevó a que un grupo de ciudadanos a radicar la denuncia penal, por lo que consideran un cobro irregular. Consideran que los mandatarios incurren en prevaricato por acción.
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