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El presidente Gustavo Petro ordenó revisar los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana.
Así lo anunció en la mañana del 15 de agosto, donde también le pidió a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que causó la confesión del grupo Aval.
“Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”, mencionó Petro.
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Además, le solicitó a la Fiscalía reabrir los casos, si es necesario, del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos.
El caso de Corficolombiana y Grupo Aval
Grupo Aval y Corficolombiana eran investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Ninguna de las dos entidades presentó cargos contra Grupo Aval.
Sin embargo, al suscribir estas resoluciones, las dos compañías reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta de un exejecutivo de Corficolombiana.
Hay que agregar que la DOJ y la SEC resaltaron la cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones. Además, que, en los años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, las empresas aumentaron y mejoraron sus programas de cumplimiento y controles internos.
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Grupo Aval tendrá que desembolsar US$ 32,1 millones más unos adicionales de US$ 8,1 millones de intereses a la SEC. Si el pago no se efectúa en el plazo determinado, dice la resolución que dio por terminadas las investigaciones, se cobrarán intereses adicionales.
Por su parte, al llegar a un acuerdo con el DOJ, Corficolombiana se comprometió a pagar una “multa civil” por un valor de US$ 20,3 millones.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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