El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas de austeridad que reducirán el número de trabajadores vinculados a entidades estatales a partir del 1.º de enero de 2027.
Las disposiciones no solo afectan a quienes tienen contratos de prestación de servicios, sino también a empleados de libre nombramiento y remoción.
Según la circular externa 8, firmada el 15 de octubre por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), las entidades del orden nacional deberán limitar la provisión de estos cargos a un máximo del 60 % de los puestos legalmente previstos y disponibles.
La medida contempla excepciones para determinados cargos directivos y empleos indispensables para garantizar funciones esenciales, siempre que exista una justificación expresa.
Además, el Ejecutivo ordenó reducir en un 75 % los contratos de prestación de servicios, tomando como referencia el número de contratos y los presupuestos de 2025 y 2026.
Esto significa que las entidades deberán operar con un máximo del 25 % de los contratos o recursos destinados a esa modalidad, según corresponda.
El Gobierno también exigió justificar la necesidad de cada nombramiento, demostrar que no existen funciones duplicadas y explicar su impacto presupuestal.
La existencia de una vacante o de recursos disponibles no será suficiente para autorizar una contratación.
Los empleos de libre nombramiento y remoción corresponden principalmente a cargos directivos y de confianza, cuyos titulares pueden ser designados sin concurso de méritos y retirados conforme a las normas aplicables.
Las medidas buscan racionalizar el gasto público y ajustar las plantas de personal de las entidades estatales.
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