El proyecto de ley presentado por la representante Natalia Moreno para desmontar progresivamente el 4×1.000 enfrenta un escenario fiscal que podría dificultar su aprobación.
La iniciativa propone reducir la tarifa al 3×1.000 en 2027, 2×1.000 en 2028, 1×1.000 en 2029 y eliminarla completamente en 2030.
Además, plantea eximir del impuesto a quienes no declaren renta o tengan ingresos de hasta 1.090 UVT, así como beneficios de deducibilidad para personas naturales y Mipymes.
La propuesta busca corregir el carácter regresivo del gravamen, argumentando que actualmente afecta de manera similar a personas con diferentes niveles de ingresos.
Sin embargo, expertos consideran que eliminarlo en este momento sería poco viable debido a las necesidades fiscales del país.
El 4×1.000 recaudó $16,28 billones en 2025 y representa una fuente constante de recursos para el Estado. Esto cobra mayor relevancia tras el terremoto del 10 de agosto, cuya reconstrucción demandaría cerca de $30 billones.
Además, el déficit fiscal alcanza alrededor del 7,8% del PIB, equivalente a unos $144 billones.
Expertos advierten que cualquier eliminación debería contar primero con una fuente de reemplazo. Por ello, la emergencia económica y las restricciones fiscales hacen que el desmonte del impuesto sea considerado inoportuno en este momento.
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