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Durante una reciente edición del programa Cara a Cara Económico de Negocios ditu —una colaboración entre Caracol Televisión y dataiFX— los líderes del sector energético colombiano abrieron el debate sobre los efectos del decreto legislativo 0044 de 2026. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, y Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), analizaron las consecuencias que estas nuevas disposiciones fiscales tendrán sobre las empresas generadoras de energía en el país.
El decreto introduce dos obligaciones centrales para las compañías generadoras. En primer lugar, impone un aporte del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos, una carga que, de acuerdo con los cálculos de Castañeda, significaría más de $300 mil millones para todo el sector. Para el Grupo Energía Bogotá, que cuenta con una participación en Enel, Juan Ricardo Ortega estimó un impacto específico entre $30 mil y $40 mil millones. Esta medida se destacó particularmente por aplicarse de manera retroactiva sobre las utilidades obtenidas en 2024 o 2025, lo que, en palabras de Ortega, contraviene la normativa colombiana que dicta que los impuestos tienen efectos hacia el futuro, no sobre periodos previos. Castañeda calificó el aporte como “confiscatorio”, dado que obliga a las empresas a entregar energía a Air-e sin recibir pagos y luego cubrir ese déficit con sus propias utilidades.
La segunda medida relevante es el aporte en especie del 12,5% sobre las ventas de energía hídrica que se transen en la bolsa. Ortega advirtió que este requerimiento puede hacer menos atractiva la oferta de este tipo de energía, agravando los precios en la medida en que sea necesario recurrir a producción térmica y a gas para compensar la menor oferta hidráulica. Por su parte, Castañeda señaló que la disposición resulta no solo “discriminatoria”, sino también compleja en términos operativos, porque implica suministrar energía gratuita a Air-e y después realizar compensaciones financieras ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Ambos ejecutivos coincidieron en que, en el corto plazo, las nuevas contribuciones no tendrían un impacto inmediato en las tarifas para los usuarios. Sin embargo, advirtieron sobre los peligros latentes: en caso de escasez hídrica y poca inversión, las tarifas podrían elevarse y, eventualmente, presentarse riesgo de apagones entre 2027 y 2028. La inseguridad regulatoria, según comentaron, desincentiva la llegada de nuevos proyectos que garanticen la estabilidad futura del sistema eléctrico.
En cuanto a posibles soluciones, Ortega propuso asignar a Air-e un ingreso regulado adicional de $8 por kilovatio hora durante 15 años, permitiendo así la emisión de títulos que cubran las deudas sin poner en jaque al sector. Castañeda recordó que ya existen antecedentes de discusión sobre esta propuesta, considerándola menos dañina que lo estipulado por el decreto. Por lo pronto, el futuro del decreto 0044, expedido durante el estado de emergencia económica, está en manos de la Corte Constitucional de Colombia, que evaluará su legalidad y los posibles efectos sobre la infraestructura energética nacional según lo analizado en este espacio de discusión mediática.
¿Por qué Air-e es clave en la cadena eléctrica y qué consecuencias tendría su quiebra?
La importancia de Air-e dentro del esquema energético colombiano es uno de los puntos centrales del debate alrededor del decreto 0044. Tanto Juan Ricardo Ortega como Alejandro Castañeda coincidieron en que la eventual quiebra de esta empresa tendría un impacto sistémico sobre toda la cadena eléctrica: esto significa que problemas en la estabilidad financiera de Air-e no se limitarían a clientes o accionistas, sino que amenazarían la viabilidad operativa de múltiples actores, generando interrupciones más extendidas.
Este riesgo no solo preocupa a las empresas generadoras, sino que representa un tema de interés nacional, pues la prestación regular del servicio eléctrico depende de un equilibrio delicado entre los diferentes eslabones de la cadena de producción, transporte y distribución de energía. Ante este panorama, surgen preguntas sobre las alternativas regulatorias y financieras capaces de evitar un colapso que repercutiría en toda la economía colombiana.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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