Y es que luego de estos encuentros el gremio le manifestó su apoyo al presidente, ya que, según los taxistas, Duque se comprometió a cumplirles una promesa que les había hecho hace mucho tiempo; promesa que se desconoce, afirmó el congresista en Caracol Radio:

“Yo creo que aquí hay una realidad sociopolítica de los últimos días que llevó a acelerar un proceso y un fallo que no estaba en ese sentido”.

Toro afirmó además que es muy sospechoso que se haya tomado una decisión tan radical de un día para otro sobre una demanda que llevaba 3 años en la Superintendencia de Industria y Comercio, y que con esto la entidad estaría buscando darle tranquilidad a Duque en medio de las manifestaciones del año pasado.

“La Superintendencia es un cargo que nombra el presidente, y las decisiones que se tomen allí por parte de los jueces de la Superintendencia tienen que tener visto bueno del superintendente (Andrés Barreto), quien depende del presidente”, añadió el representante en la emisora.

De acuerdo con Toro, Uber no puede ser catalogada como una empresa ilegal, ya que paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el país; sin embargo, destacó que sí debería pagar más impuestos para nivelar las cargas con el gremio de los taxis.

“Uber ha generado en este impuesto unos 75.000 millones de pesos, entonces uno lo le cobra IVA a algo que es ilegal, esto es solo una falta de reglamentación. Declararla ilegal es como cuando usábamos bíper, salieron las empresas de telefonía, y las hubieran demandado por competencia desleal; simplemente la tecnología avanzó y remplazó servicios que no estaban funcionando bien”, resaltó el representante en la entrevista con Caracol Radio.

Las comprometedoras declaraciones de Toro motivaron la respuesta del Centro Democrático a través de un escueto comunicado, en el que afirman:

“No ha existido ninguna reunión entre el presidente, Iván Duque; el superintendente, Andrés Barrero, y el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez para suspender Uber. Esta decisión fue tomada por un juez de la República y tiene como fundamento que la plataforma pone las tarifas y funciona como agente recaudador; lo que según el operador judicial constituye la prestación de un servicio de transporte”.

Además, el partido de Gobierno liderado por Uribe afirmó que su bancada defiende a los taxistas, pero no por eso se oponen a las plataformas.

Según dicen, lo que han pedido sus congresistas “es que las plataformas cumplan con las obligaciones de seguridad social y que en el caso de transporte los taxistas no estén en desventajas y puedan ser competitivos”.