La economía nacional sigue apostándole al sector de la construcción una buena parte de su recuperación. Eso quedó claro en la  Ley de Vivienda y Hábitat (2079 de 2021) sancionada el pasado 14 de enero por el Gobierno. 

El artículo 9 de dicho acto legislativo amplía los plazos para pagar los créditos a, mínimo, treinta años. 

“El Gobierno nacional fijará el plazo máximo, respetando criterios de estabilidad financiera, el cual, en todo caso, no podrá ser inferior a treinta años”, especifica el texto.

Pese a que la nueva normativa se hizo pensando en la posibilidad de que los potenciales propietarios no se sientan tan apretados a la hora de responder por la deuda, analistas consideran que la medida puede resultar perjudicial en algunos ámbitos. 

“Me parece que viola un poco en el esquema de contratación la posibilidad de que un deudor pueda, en un momento dado, cancelar la deuda, que es un derecho que se adquiere en cualquier proceso. Y en ese sentido se favorece a la banca o al sector financiero para que, a través de esos treinta años, se cobren los intereses proyectados”, le dijo a Pulzo Jorge Munévar, consultor económico y social, docente de la Universidad EAN.

En diálogo con El Espectador, Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), aseguró que es difícil que se cumpla el plazo actual pues, en promedio, los colombianos pagan el crédito en ocho años.

Por otra parte, no todas las entidades bancarias se le miden a un plazo tan extenso, pues, en tres décadas, el mercado puede enfrentar turbulencias no contempladas en este tipo de procesos.