La cifra parece todavía más grave teniendo en cuenta que el informe se limita solo a un año y medio de estudio, entre enero de 2016 y julio de 2018, y además tiene en cuenta solo 327 casos específicos, indicó CM&.
Teniendo en cuenta que el Gobierno calculó el año pasado que el hueco fiscal sería de 14 billones de pesos, las pérdidas habrían alcanzado para cubrirlo con creces.
El informe también establece que la mayoría de las pérdidas corresponden a casos de corrupción administrativa (73 %), seguido por hechos de corrupción privada (9 %) y judicial (7 %).
Contrario a la creencia popular, que suele condenar a la clase política como principal foco de corrupción, esta sería cuarta en el orden, representando el 6 % de las pérdidas, aunque es cierto que va muy de la mano con la corrupción administrativa.
En ese sentido, el director de Transparencia por Colombia detalló que “para el caso del Congreso, encontramos que el 15 % de personas naturales y el 27 % de las personas jurídicas que financiaron campañas al Congreso tenían el año anterior contratos con el Estado”, e incluso añadió que “la mayoría asignados mediante contratación directa”.
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