El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, admitió que actualmente no hay recursos suficientes para implementar el bono mensual de 230.000 pesos destinado a adultos mayores, contemplado en la reciente reforma pensional aprobada por el Congreso.
Durante una entrevista con Blu Radio, explicó que aunque el objetivo del Gobierno es ampliar la cobertura de este subsidio a más de 2.3 millones de beneficiarios desde noviembre de 2025, su ejecución depende de que los fondos sean incluidos en el presupuesto nacional del próximo año. Eso sí, destacó que el plan es comenzar con esta entrega a fines de año.
(Vea también: Mujeres en Colombia podrían pensionarse más rápido desde 2025: se avecinan cambios).
“A partir del mes de octubre de este año, con el mes de noviembre, se les pagará el bono pensional a mas de 2’300.000 colombianos. Llegaremos el año entrante, en marzo, a casi 3 millones de colombianos. Esto no tiene nada que ver con el aplazamiento de la reforma pensional”, detalló Dussán en esa emisora.
Actualmente, más de 535.000 adultos mayores de 80 años ya reciben el beneficio, pero la reforma busca extenderlo a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65.
Dussán estimó que se necesitarán más de 5 billones de pesos adicionales para cubrir a los nuevos beneficiarios y que parte de estos recursos podría liberarse si se presentan traslados de afiliados desde fondos privados a Colpensiones.
También expresó confianza en que la Corte Constitucional avale la reforma antes de finalizar el año, destacando que, aunque no es perfecta, ordena el sistema pensional y promueve mayor equidad.
Finalmente, subrayó que el éxito de la reforma depende de que más trabajadores coticen, algo que se busca impulsar mediante la formalización del empleo a través de la reforma laboral.
Qué dice nueva reforma pensional en Colombia
La reforma pensional aprobada en Colombia en 2025 introduce un cambio estructural en el sistema de pensiones, con el objetivo de hacerlo más incluyente, sostenible y solidario. Este nuevo modelo se organiza bajo un esquema de pilares que busca equilibrar la protección social de los adultos mayores y fomentar el ahorro individual. En primer lugar, se establece un pilar solidario, que otorga un subsidio mensual —actualmente estimado en $230.000— para las personas mayores en situación de vulnerabilidad que no lograron cotizar lo suficiente durante su vida laboral. Este bono está pensado para garantizar un ingreso mínimo a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, ampliando así el beneficio que hasta ahora solo recibían mayores de 80 años. Sin embargo, su implementación efectiva depende de que se asignen recursos en el presupuesto nacional, ya que el costo para cubrir a los nuevos beneficiarios superaría los $5 billones anuales.
El segundo componente clave de la reforma es el pilar contributivo, que combina características del sistema público (Colpensiones) y del privado (fondos de pensiones). Según el nuevo esquema, todos los trabajadores deberán cotizar hasta cierto umbral de ingreso (por ejemplo, tres salarios mínimos) en Colpensiones. Las cotizaciones que excedan ese límite irán a cuentas individuales administradas por fondos privados. Con esto se busca que más personas tengan derecho a una pensión básica garantizada, mientras se fomenta el ahorro adicional para mejorar el monto total de la pensión futura.
Además, la reforma mantiene incentivos para quienes puedan ahorrar voluntariamente, a través del pilar voluntario, pensado para trabajadores formales e independientes que desean aumentar su pensión futura o acceder a beneficios tributarios. Este pilar busca fortalecer la cultura del ahorro, especialmente en un país donde más de 12 millones de colombianos no cotizan actualmente en ningún sistema.
Otro aspecto relevante de la reforma es la redistribución de recursos con mayor equidad. Se busca que las pensiones más altas paguen impuestos, aunque aún persiste debate sobre si este gravamen aplicará a partir de pensiones mensuales de $4 millones o si será sobre ingresos anuales superiores a cierto umbral. Por su parte, el gobierno confía en que la reforma laboral contribuya a aumentar la base de cotizantes mediante la formalización del empleo, aspecto que resulta clave para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Finalmente, la reforma reemplaza parcialmente el modelo establecido por la Ley 100 de 1993, ordenando el sistema bajo un diseño más coherente y solidario, aunque expertos coinciden en que aún quedan retos para asegurar su viabilidad a largo plazo.
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