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El panorama económico de Colombia para 2026 se presenta especialmente desafiante, marcado por una serie de decisiones oficiales que han introducido mayor incertidumbre a las previsiones del país. En junio del año pasado, el Ministerio de Hacienda proyectó un crecimiento del 3% para 2026 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, sustentado en la expectativa de un entorno estable y de una inversión privada en recuperación después de años de estancamiento. Sin embargo, esta proyección sufrió un severo ajuste tras la decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo en un 23,7% mediante decreto, estableciéndolo en $2.000.000 al mes incluyendo el auxilio de transporte, según recogió El Colombiano. El impacto inmediato de esta decisión fue la percepción de una economía más vulnerable y la reconsideración de los pronósticos para el año.
Esta postura optimista del Gobierno contrasta con el análisis técnico de instituciones reconocidas. Corficolombiana, a través de su economista jefe Julio Romero, advirtió que el incremento salarial excede la capacidad de respuesta productiva del país y podría frenar el crecimiento incluso por debajo del 2%. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para Colombia de 2,6% a 2,3% hacia finales de 2025, incluso antes de la expedición del decreto de aumento salarial. De este modo, las señales de desaceleración no son nuevas y el ajuste del salario mínimo las exacerba.
A estos problemas internos se suma un ajustado déficit fiscal, que pasó del 7,5% al 7,9% del PIB para 2026, conforme precisó el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto significa un mayor endeudamiento en medio de una confianza inversionista en mínimos históricos: la inversión privada se sitúa apenas en el 17,5% del PIB, su nivel más bajo en veinte años. Según un informe de La Silla Vacía, cerca del 30% de las grandes fortunas han dejado el país o han cesado de tributar en Colombia después de los cambios en el impuesto al patrimonio.
El aumento en el gasto y la reducción de los ingresos fiscales han elevado el costo de la deuda del Estado, que paga intereses promedio del 13%, ubicándose entre los más altos a nivel mundial. Para financiar el presupuesto de 2026, el Gobierno autorizó la emisión de Títulos de Tesorería por $152 billones. Simultáneamente, la política monetaria enfrenta tensiones: mientras el Ministerio de Hacienda aboga por un entorno propicio a la inversión, el Banco de la República mantiene una postura defensiva para contener la inflación, incluso evaluando posibles incrementos en la tasa de interés según proyecciones del Grupo Cibest.
Al contexto local se agregan riesgos globales. La economía colombiana vigila de cerca la evolución de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pues una escalada en la crisis venezolana podría desestabilizar el entorno regional, afectando los flujos migratorios, el comercio y acentuando la percepción de riesgo, lo que dificultaría aún más la financiación del déficit fiscal.
Las agencias internacionales han respondido. Fitch bajó la calificación crediticia del país, previendo que el déficit sea superior a las metas oficiales y alcanzando niveles comparables a los observados durante la pandemia. La falta de avances en reformas fiscales, junto a la rigidez presupuestal y la campaña electoral, complica la posibilidad de ajustes estructurales. El entorno regulatorio actual, sumado a problemas de seguridad y a una sobreproducción normativa, erosiona el clima de inversión. Como resultado, la economía colombiana enfrenta un reto doble: estimular el crecimiento sin agravar el desequilibrio fiscal ni deteriorar la credibilidad externa.
El sector empresarial, no obstante, muestra capacidad de adaptación. En 2025, Aon reportó 183 transacciones empresariales por US$5.934 millones. El impulso provino de movimientos como el intercambio accionario entre Grupo Argos y Sura o la creación de Davibank, pero las perspectivas para 2026 dependerán de la capacidad de las autoridades para restaurar la estabilidad, incentivar la inversión y administrar las presiones inflacionarias sin sacrificar el bienestar social.
El desafío para el próximo Gobierno será monumental: deberá conducir las finanzas públicas en un entorno de deuda creciente –se espera una relación deuda-PIB cercana al 63%– y cuentas fiscales prácticamente exhaustas. Se juega, además, la posibilidad de evitar que una inflación persistente neutralice el efecto del salario mínimo y de restaurar la confianza entre inversionistas, indispensable para dinamizar el crecimiento y alejar el riesgo de una crisis más severa.
¿Qué significa la “calificación crediticia” y cómo impacta a Colombia?
La calificación crediticia es una evaluación realizada por agencias internacionales como Fitch sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. En la coyuntura actual, Fitch degradó la nota de Colombia como reflejo de su preocupante situación fiscal y su creciente déficit. Esta calificación influye directamente en la percepción de riesgo que tienen los inversionistas sobre el país.
El impacto de una menor calificación es inmediato: encarece el acceso al crédito internacional, pues implica que el país deberá pagar tasas de interés más altas para conseguir financiamiento. Esto no solo aumenta el costo de la deuda pública, limitando el margen de maniobra presupuestal del Gobierno, sino que también encarece el crédito para el sector privado, lo cual puede afectar el crecimiento económico en el corto y mediano plazo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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