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La Secretaría de Movilidad de Cali ha dado a conocer un proyecto de decreto que plantea importantes cambios en la forma de pago de la tasa de congestión, vigente para aquellos que deseen circular en la ciudad durante los días y horarios restringidos por la medida de pico y placa. El “Proyecto de Decreto Distrital 4112.010.20 de 2025” establece que, desde el 1 de octubre de 2025, los propietarios de vehículos particulares deberán pagar una tarifa diaria para movilizarse en los periodos de restricción. Este ajuste busca captar recursos económicos que permitan fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Masivo MÍO y, al mismo tiempo, incentivar prácticas de movilidad sostenible en la capital del Valle del Cauca, según lo presentado por las autoridades de movilidad.
El decreto propone un cobro diario de $192.811 pesos, aunque se contempla un descuento del 40% para quienes efectúen el pago de manera anticipada, lo que reduce la tarifa diaria a $115.688 pesos. Además, persisten las alternativas de pago mensual y semestral, de $771.245 y $4.627.470 pesos respectivamente, liberando temporalmente al usuario de la restricción. Esta obligación debe cumplirse antes del inicio de la medida, con plazo máximo hasta las 18:00 del día anterior, y debe hacerse por medio de la plataforma oficial de la Alcaldía de Cali. La Secretaría ha subrayado la autonomía del ciudadano para elegir el periodo de pago más conveniente a sus necesidades, conforme al artículo original.
Este modelo económico refleja una tendencia regional, evidenciada también en urbes como Bogotá, Santiago de Chile y Ciudad de México, donde se han adoptado estrategias similares. Dichas medidas consisten en combinar restricciones físicas a la circulación con incentivos o sanciones económicas, con el objetivo de reducir la congestión y generar recursos adicionales que contribuyan a financiar, mantener y expandir los sistemas de transporte público de manera sostenible, apoyando así la movilidad urbana (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024; Cepal, 2023).
La viabilidad financiera del sistema MÍO depende en buena medida de estos ingresos recurrentes. Experiencias consultadas de la Secretaría de Movilidad de Cali y análisis especializados demuestran que un financiamiento regular, proveniente de tasas como la de congestión, impulsa la sostenibilidad operativa y la capacidad de respuesta ante la demanda de transporte. Esto contribuye directamente a la calidad del servicio y a una menor dependencia de recursos fiscales tradicionales, como documenta el Informe de Gestión 2024 de la Secretaría de Movilidad de Cali.




Por otro lado, la implementación de este modelo ha suscitado inquietudes relacionadas con justicia social y posibles impactos regresivos sobre los propietarios de vehículos de ingresos medios o bajos. Según advierte el Observatorio de Movilidad Urbana de la Universidad del Valle, el costo elevado de las tasas puede representar una carga desproporcionada para estas poblaciones si no existen alternativas reales y accesibles de transporte sostenible. Ante esto, la Secretaría de Movilidad ha manifestado su interés en complementar la medida mediante el fomento de vehículos eléctricos, bicicletas y otras formas de desplazamiento urbano que no dependan del automóvil particular, como se indica en la fuente original.
La digitalización del proceso de pago y la posibilidad de realizar abonos anticipados sitúan además a Cali en línea con los avances de las denominadas “ciudades inteligentes”, donde la tecnología es un aliado crucial en la gestión eficiente del tráfico, mejorando la comunicación institucional y el acceso ciudadano a servicios urbanos fundamentales.
En esencia, el proyecto de decreto persigue un equilibrio entre el mejoramiento de la movilidad y la estabilidad financiera del transporte público, bajo un esquema donde la circulación durante períodos de alta congestión implica una contribución económica destinada a potenciar el sistema masivo. El efecto concreto y la legitimidad social de la medida dependerán no solo de su aplicación rigurosa, sino del acompañamiento de políticas públicas orientadas a ampliar las alternativas de movilidad y asegurar que la transición resulte inclusiva y equitativa en términos sociales (World Resources Institute, 2023).
¿Cómo afectará esta medida a los conductores que no puedan pagar la tasa de congestión?
La implementación del cobro diario, mensual o semestral implica que aquellos conductores que no puedan asumir el costo no podrán circular durante los períodos de restricción, lo que limita las opciones de movilidad de quienes disponen de ingresos más bajos pero dependen del automóvil. Este escenario puede derivar en la necesidad de buscar alternativas como el transporte público, la bicicleta u otros modos menos costosos, cuya eficiencia y capacidad de respuesta deberán fortalecerse para evitar exclusión. El tema es relevante porque una política de este tipo no solo impacta la economía de los usuarios, sino también su acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud en la ciudad.
La Secretaría de Movilidad, al reconocer este posible efecto, plantea estrategias paralelas enfocadas en robustecer el sistema público y fomentar otras formas de transporte sostenible. Sin embargo, el alcance real de estas acciones dependerá en gran medida del diseño de los programas complementarios y la disponibilidad de infraestructura adecuada para absorber una mayor demanda en medios alternativos.
¿Qué se entiende por movilidad urbana sostenible y por qué es relevante en este contexto?
La movilidad urbana sostenible se refiere al conjunto de estrategias y políticas que buscan satisfacer las necesidades de transporte de la población actual sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Incluye la promoción del transporte público eficiente, vehículos de bajas emisiones y modos no motorizados como la bicicleta, encaminándose a minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales negativos derivados del uso excesivo del automóvil privado.
En el contexto de Cali, la sostenibilidad es fundamental dada la congestión recurrente y las limitaciones financieras del sistema MÍO. La transición hacia un modelo sostenible implica no solo reducir la cantidad de vehículos particulares en circulación, sino también asegurar que el transporte público y las opciones alternativas sean realmente viables y atractivas para todos los sectores de la población, alineando los objetivos económicos y sociales de la política pública de movilidad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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