La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se refirió este miércoles al anuncio de EPM de congelar las tarifas de energía en Antioquia, asegurando que la empresa se acogió al esquema tarifario que se aplicó durante la pandemia y planteando que, en caso de que haya excedentes que dejen de cobrarse, los mismos tendrían que ser asumidos posteriormente por los usuarios.

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Además de aclarar no tener en sus manos ninguna propuesta técnica de EPM explicando el mecanismo, presentado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente Jorge Andrés Carrillo el pasado martes 23 de mayo, la jefa de esa cartera señaló que la empresa no podría salirse de ese marco normativo.

En diálogo con la emisora Caracol Radio, Vélez fue interrogada sobre el proyecto de EPM y explicó el contexto legal que cobijaría la medida.

“Hay un esquema de financiación de tarifas que se llama la opción tarifaria, es un esquema que surgió en el contexto del covid, en el cual se decide que las empresas operadoras puedan reducir la tarifa en un determinado periodo de tiempo. El excedente que se da respecto a lo cobrado se carga posteriormente a unos saldos, que después, en el tiempo, el usuario deberá ir pagando según el esquema tarifario de cada uno de los operadores”, dijo la ministra a esa emisora.

De acuerdo con la funcionaria, por cuenta de ese esquema aplicado en la pandemia, en el país habría un saldo de por lo menos $4,4 billones que se dejaron de cobrar a los usuarios, que de todas formas tendrán que ser recuperados.

“Esos saldos existen hoy a nivel nacional en varios mercados, muchos de ellos en el Caribe, pero también en la región de Antioquia que opera EPM”, dijo. “Hay que entender que es la situación que el gerente Carrillo está anunciando. Él dice que van a reducir tarifas, se entiende que es una nueva opción tarifaria. Yo no he recibido de él cuál es el detalle técnico, pero todo está en el marco de la regulación y de ese esquema que pueden aplicar las empresas”, dijo la funcionaria del orden nacional.

Las declaraciones de Vélez se producen luego del anuncio realizado por EPM esta semana, en el que esa empresa aseguró que entre junio, julio, agosto y septiembre la empresa reduciría gradualmente en un -0,6% mensual las tarifas de energía, buscando aliviar los cobros realizados a los usuarios.

Según expresó entonces el gerente Carrillo, luego de esa disminución de cuatro meses, la empresa contemplaría volver a incrementar gradualmente esos cobros hasta diciembre, buscando no superar el valor de referencia de junio.

“Si hoy un usuario estrato tres paga $100.000 por el servicio de energía, con un consumo de 130 kilovatios/hora, el siguiente consumo va a ser más bajito, probablemente alrededor de los $99.000. De pronto en el siguiente mes $98.000 o $97.000 o $96.000, y en octubre vamos a empezar a subir y vamos a llegar en diciembre a los mismos $100.000. Hay un alivio inmediato y después hay una estabilización”, expresó el gerente.

Tal como lo contó este diario, uno de los detalles informados por EPM fue que dicho alivio se fundamentó en las resoluciones CREG 101 031 del 2022 y CREG 012 de 2020, normas empleadas durante la pandemia y el Pacto por la Justicia Tarifaria liderado por la ministra Vélez el año pasado.

Durante la discusión de este último pacto, con el que el Gobierno Nacional buscaba alivios voluntarios por parte de las empresas de energía, EPM anunció que no se acogería a la resolución 101 031 del 2022, tal como lo plasmó la compañía en un comunicado de prensa que publicó el viernes 7 de octubre de 2022.

En cuanto a la segunda resolución (la CREG 012 de 2020), cabe recordar que aquella fue la que estableció la opción tarifaria, a la que el Grupo EPM ya se había acogido en el pasado para diferir cobros por cerca de $2.5 billones, que posteriormente fueron asumidos por los usuarios.

De acuerdo con los cálculos de EPM, el congelamiento anunciado este martes tendría un impacto que oscilaría entre los $130.000 y los $400.000 millones, que serían asumidos con los recursos de caja de la empresa, según el gerente Carrillo.

Estos impactos han despertado inquietud entre diversos sectores que le hacen seguimiento a la situación de la compañía, dado que EPM atraviesa por un periodo de alta presión financiera, marcado por su incursión en proyectos como Hidroituango, la operación de su filial en la costa Caribe Afinia, su anuncio de compra de acciones en la Triple A de Barranquilla, entre otros.

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Así mismo, la empresa está en el centro de un debate por cuenta de un proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo de Medellín, luego de que en el último balance contable se registrara una disminución anual del 10% en los ingresos de EPM Matriz y se anunciara una reducción de $330.000 millones en las expectativas de transferencias a la Alcaldía.

Con dicha iniciativa, la Alcaldía busca extraer esos $330.000 millones con un desembolso extraordinario.

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