Un dato llamó la atención de la foto que cada mes toma el Dane sobre la variación de los precios de la electricidad en las capitales del país: las siete ciudades donde más subió el precio entre febrero de 2022 y febrero de 2023 no solo están varios puntos porcentuales por encima del promedio nacional, sino que son usuarias de EPM.

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El dato, no menor en medio de la inflación y las maromas de las familias para poder mercar y pagar los servicios públicos, aparece en medio de varias coyunturas recientes con las tarifas, siendo la última el globo desinflado que tiró el alcalde Daniel Quintero con el pedido al presidente Gustavo Petro para congelar los precios de los servicios, anuncio con el que corrió a ensillar sin tener el caballo porque puso vallas en los barrios de Medellín dándose vitrina con lo que, decía el pasacalles, era “un hecho”. Hoy sigue siendo solo humo.

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El informe del Dane es más que concluyente. Siete ciudades donde EPM presta el servicio de energía, con sus filiales o su casa matriz, encabezan el listado de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de electricidad y están por encima de la media nacional que en el último año fue de 19,5%. En el escalafón están Sincelejo (32,5%), Montería (32,5)%, Valledupar (32%), Cartagena (31,2%), Bucaramanga (27,7%), Medellín (22,9%) y Cúcuta (21,7%).

Más allá de los incrementos y de la propuesta del alcalde Quintero, que quedó sin fundamento después de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0227 de 2023 con el cual el presidente Gustavo Petro asumía el control de la regulación de los servicios públicos, van más de tres años en los que EPM ha subido de forma sostenida sus tarifas.

Tal como lo publicamos en noviembre de 2021, EPM nos informó en respuesta a un derecho de petición que las tarifas de energía entre 2020 y septiembre de 2021 habían subido 5,6% en todos los estratos y tipos de clientes.

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Al ser consultada por ese tema en ese momento, la Alcaldía se defendió argumentando que había autorizado una inyección de $4.600 millones en un plan de subsidios focalizados para los estratos más bajos. Esta medida alivió en parte el valor final de los servicios públicos para los más necesitados, pero tampoco fue suficiente para revertir su encarecimiento ante la escalada sostenida de las tarifas.

Una de las razones que explica el incremento de los precios en siete de las ciudades donde opera EPM se remonta a octubre pasado cuando la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, impulsó el llamado Pacto por la Justicia Tarifaria en todo el país.

En ese momento, cuando sí podía hacerlo, EPM fue más que cauta en sus rebajas presentadas al Ministerio. En aquel momento, pese a tener presencia en todos los eslabones de la producción de energía (generación, transmisión, distribución y comercialización), la empresa solo ofreció rebajas en el componente de generación.

El gerente general Jorge Andrés Carrillo se defendió en ese momento al expresar que hicieron “una propuesta que implica un aporte de aproximadamente $340.000 millones para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”.

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Ese pacto tarifario tuvo efecto porque mientras la variación de los precios de energía tuvo un promedio nacional de 25,77% en noviembre, este bajó al 19,5% en febrero pasado, es decir, tuvo una reducción de 6,26% en solo tres meses; sin embargo, y tomando solo como referencia a Medellín, en el mismo periodo el ítem de energía bajó 4,76%.

Pese a que el incremento de las tarifas en los tres años del mandato de Quintero ha sido sostenido, la propuesta de congelamiento de los servicios públicos llega en el año de las elecciones regionales para alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas.

Claro que no solo llama la atención por los pregones de una campaña en ciernes, sino porque esta fue una de las promesas bandera de su candidatura en 2019 y que fue justamente criticada desde ese momento por desconocer los alcances de su poder como mandatario municipal.

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“Mantendremos congelada la tarifa de los servicios públicos a los ciudadanos, respetando los rangos establecidos por las comisiones de regulación nacional”, se lee en la página 51 de su programa de gobierno que inscribió. También hubo pasacalles en los barrios populares agitando un ofrecimiento que nunca ha dependido de un alcalde.

El viernes pasado, cuando el informe de Medellín Cómo Vamos reveló que el 24% de las familias de la ciudad se acuesta con el estómago vacío porque no alcanza a comer tres platos diarios, siendo el peor registro en 17 años, Quintero salió a responder que esto, en gran parte, se debía a que no se habían congelado las tarifas de servicio público.

“A las familias se les está volviendo muy difícil sobrevivir”, alcanzó a contestar ante los micrófonos. Ya sin el as de la baraja de su propuesta a Petro, después de la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto con el cual el presidente asumía la regulación de los servicios, y con el tiempo en contra porque solo le quedan 299 días de mandato, solo atinó a decir: “no nos vamos a rendimos”.

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