Ha estado vinculado en el mundo del fútbol por más de 30 años. Como muchos directivos no ha estado exento de la polémica por su administración. Sin embargo, para el barranquillero, su primer cuestionamiento se dio cuando ocupaba un cargo en algo diferente al deporte.
Ramón de Jesús Jesurún Franco estudió administración de empresas en la Universidad del Norte. Cuentan que allí jugó baloncesto y siempre se interesó por el deporte.
El barranquillero, en los años 80, fue cercano al político liberal Pedro Martín Leyes y al conservador Próspero ‘Pipo’ Carbonell McCausland. Además, conoció a Fuad Char, otro político, y dueño del Junior de Barranquilla.
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Gracias a esos contactos políticos lo pusieron como gerente de la Corporación Financiera del Transporte (CFT), un cargo burocrático en la entidad que era determinante para el transporte público del país, entre otras cosas.
En septiembre 1990 se conocieron las primeras protestas de los transportadores. Por ejemplo, consideraban que la CFT importaba taxis de Europa y la Unión Soviética, pero eran ineficientes en Colombia por la falta de repuestos. Además, exigían más voluntad para la chatarrización de buses y que les otorgaran buenos créditos.
El escándalo estalló un mes después cuando la Contraloría General denunció irregularidades en la CFT por pérdidas de al menos 700 millones de pesos.
Jesurún, como gerente, le restó importancia al asunto diciendo que la Contraloría no era el organismo encargado de investigarlos, sino la Superintendencia Bancaria. Ernesto Samper era el ministro de Desarrollo Económico y pidió una reestructuración en la CFT.
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Ramón Jesurún salió del cargo y a finales de 1990 lo nombraron presidente ejecutivo del Junior; la idea del club era cambiar esa figura de un presidente totalitario por una junta directiva con un presidente ejecutivo. Sin embargo, Don Fuad era el que seguía al frente junto con su hijo Antonio Char. Ya en 1991 se revelaron más detalles de lo que venía pasando en la Corporación Financiera del Transporte.
Se presentó un informe donde se evidenciaba que a la CFT se la robaron desde adentro. Las personas a las que se le daban los créditos no tenían nada que ver con la actividad del trasporte. Los solicitantes de estos créditos debían dar una prenda de garantía y la CFT los sobrevaluó. Por ejemplo, un terreno que había sido comprado en 2 millones de pesos lo presentaban con un valor comercial de 900 millones y así les daban un crédito por al menos 200 millones.
“Los bienes dados como garantía para los préstamos fueron avaluados por la CFT en 965.562.700 pesos y por una firma externa en 94.438.960, lo que arrojó una diferencia de 941.223.740 pesos”, dijo la Contraloría.
No todo terminaba ahí. La CFT vendió varios de sus inmuebles a precios inferiores. Jesurún se defendió diciendo que ese fue el avalúo que dio el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, las Contraloría aseguró que la CFT se quedó con una única opinión cuando a esos inmuebles se les pudo otorgar otro valor comercial.
“El Parador de Calarcá, avaluado en mas de 112 millones, fue vendido en 50 millones de pesos, y el Parador de Fusagasuga, avaluado en 200 millones, fue vendido en 56 millones. Hubo además venta de taxis por encima del valor registrado en la CFT”, decía el informe de la Contraloría. De otro lado, la Superintendencia Bancaria aseguró que la CFT estaba sobredimensionada, ya que la entidad podía funcionar con solo 40 empleados y contaba con más de 300.
Al final el gobierno perdió más de 4.000 millones salvando la Corporación Financiera del Transporte y vendió sus acciones a los transportadores privados. En enero de 1993 la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra Ramón Jesurún por su papel cuando fue gerente de la CFT. Al final todo quedó ahí y el propio Jesurún ha sostenido su inocencia porque nunca comprobaron ninguna irregularidad por parte de él.
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