Resolución 327: ¿Transparencia o riesgo político? El dilema sobre la verdad de exAUC y las elecciones en Colombia

La reciente propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de incorporar a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en procesos de verdad, conforme a la Resolución 327 de 2025, ha despertado una potente discusión pública sobre los límites entre la justicia transicional y el uso de la memoria histórica en el contexto político y electoral colombiano. La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, advirtió sobre los riesgos de emplear el dolor de las víctimas y la verdad histórica con fines ajenos a la reparación, la justicia y la paz. Según Marín, esta situación podría desvirtuar los avances logrados en materia de legitimidad democrática, al afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y en los procesos electorales regulados por el Estado. El Espectador recogió estas preocupaciones, donde la defensora alertó sobre las implicaciones éticas y legales que surgirían si la memoria de las víctimas es usada para influir en resultados políticos.

Marín subrayó la delicada frontera entre revelar la identidad de exintegrantes de grupos armados ilegales y su aspiración política, advirtiendo que hacer públicas estas vinculaciones podría contaminar el proceso electoral y aprovechar el mecanismo de la justicia transicional para incidir en campañas políticas. Este señalamiento responde directamente al temor de que la instrumentalización de la justicia transicional erosione el sentido original de reparación y verdad, abriendo el camino a la manipulación del debate público y al aprovechamiento de las emociones sociales sin un compromiso real con las víctimas. Por su parte, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la aplicación de la Resolución 327 como un paso hacia la transparencia y la plena verdad. Sostuvo que la divulgación de las identidades de quienes, tras dejar las armas, aspiran a cargos públicos, constituye un mecanismo indispensable para que la memoria histórica sea visible, arguyendo que esconderla sólo favorece la impunidad.

En el fondo, la discusión revela la intrincada naturaleza de la justicia transicional en Colombia, un proceso que, tras décadas de conflicto armado, requiere asegurar tanto la verdad y la reparación como la independencia institucional que impida la politización de la memoria. Documentos oficiales de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destacan la importancia de mantener separados los escenarios judicial y político para proteger los derechos de las víctimas y la credibilidad de las decisiones judiciales. Esta premisa busca salvaguardar los logros alcanzados por la justicia transicional, evitando que intereses inmediatos limiten la profundidad y el alcance del reconocimiento de responsabilidades y el resarcimiento de quienes padecieron la violencia.

Experiencias internacionales, como la sudafricana o la centroamericana, han demostrado que cuando los mecanismos diseñados para esclarecer la verdad y fomentar la paz se ven contaminados por cálculos partidistas o presiones electorales, suele producirse una pérdida de confianza social e institucional. Investigaciones recogidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reportajes del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) invitan a la cautela, a fin de que la información sensible no propicie nuevas estigmatizaciones ni manipulaciones, sino que se constituya en base sólida para la reconciliación y el respeto duradero por los derechos humanos.

En síntesis, el episodio alusivo a la Resolución 327 de 2025 destaca los desafíos de mantener el equilibrio entre verdad, justicia y política en la etapa de posconflicto colombiano. La necesidad de fortalecer las herramientas de control, garantizar la transparencia y evitar la cooptación de los mecanismos de memoria por intereses ajenos sigue siendo un reto fundamental para la consolidación democrática y el respeto genuino por las víctimas del conflicto armado.

La justicia transicional se refiere a los mecanismos legales y políticos implementados en sociedades que buscan superar un pasado de conflictos armados o violencia masiva. En el caso colombiano, organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad han sido responsables de establecer la verdad sobre los crímenes cometidos, asegurar reparaciones a las víctimas y crear garantías de no repetición. Es fundamental que estos sistemas operen de forma independiente, asegurando que las decisiones tomadas respondan a una lógica de restauración y no de revanchismo político. Según informes recogidos por la JEP y la Comisión de la Verdad durante 2023 y 2024, el éxito de la justicia transicional reside en su capacidad para equilibrar justicia, verdad, reparación y la construcción de una paz duradera.

Este equilibrio permite que las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos enfrenten consecuencias, sin que la persecución judicial se convierta en un instrumento para fines políticos o mediáticos. De acuerdo con estudios de El Espectador y The New York Times, la efectividad de la justicia transicional radica en mantener la credibilidad institucional, ser transparente en sus procesos y proteger siempre la dignidad de las víctimas. El caso de la Resolución 327 evidencia la continua tensión entre estos principios y los intereses electorales, reiterando la importancia de preservar la autonomía de la justicia transicional.

La unión entre procesos de verdad y campañas electorales pone en peligro la imparcialidad y la legitimidad tanto de la memoria histórica como del sistema político. Cuando se utiliza información sensible sobre exintegrantes de grupos armados para influir en el voto o desacreditar candidatos, se corre el riesgo de desnaturalizar el propósito reparador de la justicia transicional. Esta práctica puede trivializar el sufrimiento de las víctimas, manipular la opinión pública y propiciar nuevas divisiones sociales, tal como lo han advertido analistas del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, la experiencia internacional ha demostrado que la politización de mecanismos de verdad y reparación disminuye la confianza de la ciudadanía en las instituciones, fomenta la polarización y obstaculiza procesos de reconciliación duradera. Por ello, expertos y organismos como la Comisión de la Verdad subrayan la importancia de establecer límites claros entre el manejo judicial de la memoria histórica y su uso en la competencia electoral, asegurando que la prioridad siga siendo la dignidad de las víctimas y la integridad democrática.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.