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El reciente rescate de dos monos capuchinos víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre en Cali ofrece una visión profunda sobre una de las crisis ambientales y sociales más delicadas que enfrenta Colombia. Tras la noticia local que reveló el operativo y la rehabilitación de estos animales, surge una realidad más compleja: el tráfico ilegal de animales constituye el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo, solo superado por el narcotráfico y la trata de personas, según datos de Naciones Unidas. Esta actividad ilícita afecta directamente a especies vulnerables, como los primates colombianos, quienes además de enfrentarse a la pérdida de hábitat, deben soportar el flagelo de la caza furtiva y la tenencia ilegal, según alertas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El caso ocurrido en Cali no es aislado. Solo en el año 2025, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) reportó más de 3.000 animales silvestres atendidos, un dato que, lejos de ser alentador, refleja la amplitud del tráfico y la existencia de redes dedicadas a la captura, el transporte y la comercialización de fauna. El Ministerio de Ambiente colombiano estima que apenas el 10% de los casos de tráfico son detectados por las autoridades, pues la mayoría de los rescates se dan cuando los animales han sido ya extraídos de su entorno, lo que permite dimensionar el alcance y el impacto económico —de millones de dólares— que supone esta actividad para la biodiversidad nacional.
Los efectos en los animales superan lo físico. Tal como explica Andrés Posada, director del Centro de Valoración de Flora y Fauna, el trauma psicológico generado por la separación temprana del grupo y de la madre es, en muchos casos, irreversible y disminuye enormemente las probabilidades de adaptarse o regresar con éxito a su hábitat. La Asociación Colombiana de Veterinarios y Zootecnistas (ACOVEZ) advierte que aunque existen protocolos de rehabilitación, el retorno a la naturaleza solo es exitoso excepcionalmente, debido al daño emocional y conductual sufrido por la fauna víctima del tráfico.
Desde la lógica legal, Colombia cuenta con una de las regulaciones ambientales más estrictas en América Latina, respaldada por la Ley 1333 de 2009, que contempla fuertes sanciones. Sin embargo, informes de Transparencia Internacional demuestran que la corrupción y las debilidades institucionales limitan seriamente la aplicación de estas normativas. Además, el desafío se intensifica por factores socioculturales: la encuesta de la Universidad del Valle mostró que el 38% de los consultados justifica el mantenimiento de animales silvestres en hogares, evidenciando una urgente necesidad de educación y control social más eficaces.
Por ello, aunque la recuperación de los capuchinos en el Hogar de Paso del Dagma representa un avance, resulta solamente un pequeño triunfo frente a la magnitud del problema. Las declaraciones del médico veterinario Delio Orjuela subrayan que detrás de cada rescate hay muertes de madres y pérdidas irreparables para los ecosistemas. El Plan Maestro Ambiental de Cali para 2050 plantea un horizonte de acción, pero de acuerdo con el propio medio que reportó la noticia, aún queda mucho por hacer ante redes criminales sofisticadas y una demanda global creciente. En definitiva, la corresponsabilidad social y las políticas públicas robustas se vislumbran como pilares fundamentales para enfrentar un problema que amenaza la riqueza natural no solo de Colombia, sino del planeta.
¿Por qué los monos capuchinos son una de las especies más traficadas en Colombia? La situación de los monos capuchinos es especialmente preocupante debido a su atractivo como mascotas y su valor en mercados ilegales. Dentro del país, la presión sobre los primates se incrementa por el desconocimiento de la población sobre su importancia ecológica y por la falta de control efectivo en zonas rurales y urbanas. Además, la preferencia por especies exóticas desplaza la percepción social sobre la gravedad de extraer estos animales de su ambiente natural, incrementando el riesgo de desaparición de poblaciones completas según advertencias de la UICN y de organizaciones locales como ACOVEZ.
Esta problemática no solo afecta a los monos capuchinos sino también a otras especies de mamíferos, aves y reptiles que conforman el patrimonio biológico del país. Las consecuencias del tráfico van desde la alteración de equilibrios ecológicos hasta la amenaza directa para la supervivencia de especies endémicas, con impactos acumulativos difíciles de revertir. De ahí la importancia de campañas educativas y el endurecimiento de los controles judiciales para frenar este comercio, abordando tanto la oferta como la demanda.
¿Qué procesos sigue un animal decomisado por tráfico ilegal hasta su posible liberación? Cuando un animal silvestre es decomisado por las autoridades, el primer paso consiste en una valoración médica integral a cargo de los equipos de entidades como el Dagma. En este proceso, especialistas evalúan daños físicos y psicológicos, determinando la viabilidad de la rehabilitación. Según la Asociación Colombiana de Veterinarios y Zootecnistas, si el animal presenta lesiones graves o ha perdido habilidades básicas de supervivencia, la liberación podría no ser posible, y se opta por mantenerlo en lugares donde reciba atención permanente.
En el mejor de los casos, los animales que superan la fase de tratamiento pasan a programas especializados de readaptación, con monitoreo constante y acompañamiento veterinario. La reintegración en su hábitat natural, sin embargo, es poco común, pues muchas veces el entorno original ha sido degradado o las poblaciones han desaparecido, lo que representa un reto adicional para la conservación integral y a largo plazo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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