Veinte familias vulnerables del municipio de Circasia, Quindío, serán beneficiadas este año con viviendas prefabricadas gratuitas, como fruto de la postulación exitosa al programa Mi Hábitat. Esta iniciativa se enmarca dentro de la responsabilidad social empresarial y cuenta con el respaldo de empresas privadas como Homecenter, Argos, Corona, Imusa, Scotiabank y la Fundación Catalina Muñoz, en articulación con la administración municipal. Su propósito es claro: mejorar la calidad de vida de comunidades colombianas que enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad, brindándoles la oportunidad de acceder a un hogar digno.
La selección de las familias se basó en criterios sociales rigurosos, dándoles prioridad a núcleos familiares con personas en condición de discapacidad, adultos mayores, residentes en zonas de alto riesgo, víctimas del conflicto armado y madres cabeza de hogar. Si bien las viviendas serán entregadas de manera gratuita, los beneficiarios contribuirán con mano de obra en la fase de instalación, consolidando un modelo de cooperación comunitaria que fortalece el sentido de pertenencia e impulsa el empoderamiento social. Este tipo de participación activa corresponde a recomendaciones planteadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde los programas de vivienda social más efectivos suelen apoyarse en la participación directa de los beneficiarios.
Las casas, de estructura prefabricada en concreto y con un área de 35 metros cuadrados, tendrán dos habitaciones, un baño, cocina, sala y zona de oficios. El diseño responde a estándares de habitabilidad sugeridos por expertos del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, quienes han señalado la importancia de adaptar los proyectos habitacionales a la realidad rural y periurbana del país. Todo el proceso de construcción se llevará a cabo en la urbanización San Fernando, sobre terrenos previamente preparados con labores de nivelación y pavimentación. La proyección es que las viviendas estén listas para su entrega entre septiembre y octubre, marcando un hito en la historia local.
Además de la entrega de nuevas viviendas, el proyecto contempla el mejoramiento de diez casas ubicadas en la vereda La Cristalina. Estas intervenciones se centran especialmente en cocinas y baños, buscando elevar la calidad de vida de los habitantes. La priorización se efectuó mediante un diagnóstico social y técnico basado en criterios del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) A1 y A5, enfocado en hogares en situación de pobreza extrema. Dicho enfoque está alineado con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que subraya el papel de la infraestructura básica en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud y el bienestar.
El impacto de este programa trasciende lo material, penetrando en la esfera emocional y social. El relato de beneficiarios como Alba Nelly Duzán y Blanca Inés Sanmartín, quienes han enfrentado adversidades asociadas a la discapacidad o a la precariedad de sus viviendas, da cuenta de cómo una casa propia puede transformar y dignificar vidas. En regiones marcadas por la informalidad y los riesgos ambientales, la entrega de un techo seguro representa mucho más que la suma de materiales: es una puerta a la estabilidad y la esperanza.
Este proyecto se inscribe en un contexto nacional crítico: según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el déficit habitacional en Colombia asciende a 2,7 millones de viviendas en 2024, prevaleciendo en zonas rurales y asentamientos informales. Ante esta situación, iniciativas que conjugan esfuerzos públicos, privados y comunitarios como Mi Hábitat se consolidan como estrategias prometedoras para cerrar brechas y promover la inclusión social. El modelo de participación de empresas privadas, sustentado en la responsabilidad social empresarial, trasciende lo filantrópico y permite mediante alianzas la multiplicación de recursos y la generación de mayor impacto. De hecho, datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) muestran un crecimiento del 12% anual en la inversión social privada destinada a vivienda, reflejando el compromiso sostenido del sector empresarial colombiano.
La Fundación Catalina Muñoz, encargada del componente técnico y social del programa, resalta la importancia de la participación comunitaria en todas las etapas, ya que la apropiación de los procesos y de los espacios garantiza la durabilidad y el éxito de los resultados. Este modelo se vislumbra como replicable en otros municipios pequeños de país, donde la conjunción de la voluntad administrativa, la ciudadanía y el sector privado puede impulsar un desarrollo más equitativo y sostenible, tal como ha insistido el alcalde Julián Andrés Peña Sierra. A la luz de la experiencia, queda patente que el derecho fundamental a la vivienda solo puede materializarse mediante alianzas integrales y un abordaje socialmente sensible.
¿Cómo se garantiza la sostenibilidad y el mantenimiento de estas viviendas a largo plazo?
Esta pregunta es relevante porque la entrega de viviendas prefabricadas es solo el primer paso para solucionar el problema habitacional. Mantener su habitabilidad y funcionalidad en el tiempo depende del adecuado acompañamiento de las familias, la formación para el mantenimiento y la existencia de apoyos institucionales que aseguren la durabilidad de las estructuras. En varios programas sociales latinoamericanos, la sostenibilidad técnica y social se ha identificado como un desafío clave para evitar el deterioro prematuro de la vivienda entregada.
Además, el contexto rural y periurbano implica retos añadidos relacionados con el acceso a servicios públicos, la adaptabilidad de los materiales a condiciones climáticas y el seguimiento de la gestión comunitaria. Comprender los mecanismos previstos por las entidades promotoras y por las autoridades locales para garantizar que las casas se mantengan en buenas condiciones permitirá evaluar la eficacia y el impacto a largo plazo de este tipo de iniciativas.
¿Qué es el Sisbén y cómo se usa para seleccionar a los beneficiarios de programas sociales en Colombia?
La pregunta sobre el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) surge porque este mecanismo es fundamental para focalizar la inversión social pública en Colombia. El Sisbén clasifica a las familias de acuerdo con su situación socioeconómica y permite priorizar los subsidios y ayudas dirigidas, asegurando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.
Comprender cómo opera el Sisbén, sus categorías (como A1 y A5 que corresponden a los niveles de mayor pobreza) y su papel en la selección de beneficiarios ayuda a transparentar los criterios de elegibilidad y a validar la legitimidad de los procesos de selección, evitando arbitrariedades y promoviendo equidad social en la asignación de recursos y programas como Mi Hábitat.
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