Pasan los días y, cada vez más, crecen las preocupaciones en lo que está por venir, con el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, para el futuro de Colombia. Anuncio de fuerte incremento al precio de la gasolina, intensión de trasladar y apropiarse de los ahorros pensionales depositados en fondos privados, apuesta de reforma política para posibilitar que la clase dirigente siga haciendo de las suyas y los congresistas ejerzan de ministros, pedirle a Nicolás Maduro que sea garante de conversaciones de paz, son los derroteros que en los últimos días han dejado más que claro que para su presidente poco y nada vale el bienestar del colectivo social. Ineptitud de los ministros, mezquindad de los alfiles del pacto de izquierda en el legislativo, masacres constantes -no solo en las zonas rurales sino en el sector urbano-, acciones por vía de hecho que apagan las turbinas del Guavio, reforma tributaria que delinea cómo se ahogara con impuestos al ciudadano, son la cuota inicial de un proceso de cambio que va a generar un conflicto interno muy violento.

Propuesta de vivir sabrosito se diluye rápidamente y va a terminar muy mal, poco a poco los incautos, que creyeron ciegamente en el mitómano encantador de serpientes, despiertan en la cruda realidad de una apuesta política que opta por buscar mecanismos para expropiar de todas las maneras posibles, la toma de tierras a la fuerza, el alza de combustibles -solo a la gasolina (carros particulares)- y ahora suma el desvío de los ahorros pensionales, para hacerse a recursos que le permitan dar subsidios a quien no ha trabajado y sueldo a los que han delinquido. Estrategia de justicia social para los “nadies” basada en redistribuir la riqueza es loable, pero carente de realidad en un país en el que el PIB per cápita bien distante está del percibido por naciones que toman de referencia como son Dinamarca o Noruega. Preocupante es que su mandatario devele, con las propuestas populistas del primer mes en la presidencia, que su principal objetivo es convertir a las primeras líneas en una especie de milicias bolivarianas, como hizo Hugo Chávez Frías en Venezuela, para defender su causa política.

Coyuntural para su presidente se está constituyendo el salir a justificar, por todos los medios, cada paso en falso, propio y el que se da por parte de cada uno de los funcionarios del gobierno. 39 días de la administración Petro Urrego han estado plagados de escándalos taxativos de sujetos incompetentes que responden falsamente al compromiso que les asiste y con el retrovisor buscan culpar a otros por sus malos resultados. La izquierda, y las fuerzas conexas que la apoyan, no han logrado asumir que ahora son gobierno y por ello nombran ministros que continuamente demuestran que el desconocimiento es atrevido, paso de activistas a funcionarios públicos les está costando y el país no está para acompañarlos en su proceso de aprendizaje en el ejercicio de la función pública. Con la izquierda en el poder, Colombia vive las consecuencias de delegar gente por cumplir cuotas y no por su trayectoria.

Torpeza reiterativa de la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, es la prueba fehaciente de un nombramiento personificado en quien no sabe nada del tema y su mayor virtud es concebir la defensa acérrima de los bandidos de las FARC, ejercer el adoctrinamiento ideológico desde las aulas universitarias y contar con el respaldo y recomendación de la flamante vicepresidenta de los colombianos, Francia Márquez. Quien dice estar dando todo su conocimiento y herramientas académicas, desde el campo de las ciencias humanas y sociales, al gobierno y al país, para servir a la transformación social en favor de las comunidades que más lo necesitan, olvida que una mínima dosis de honestidad y ética profesional la invitarían a renunciar y reconocer que cometió un error al aceptar un cargo para el cual no está preparada.

Filosofía, que se quiere imponer al servicio de la paz, no logra desviar la atención de los colombianos sobre la incapacidad de una persona que con desfachatez se burla de los ciudadanos ostentando una posición desde la que tiene metidas de pata exponenciales que son justificadas por los partidos de gobierno y su presidente. Coherencia y consistencia que debería existir en las acciones de la presidencia se pierden en el horizonte de un caudillo político que quiere posar como el salvador de Colombia pontificando sobre el bien y el mal. Error craso de las fuerzas de gobierno será seguirse centrando en el pasado y no en el presente, antes que seguir tirándose el agua sucia entre unos y otros, obligación de los politiqueros de turno es trabajar por los problemas que ya identificaron y achacan con vainazos a la administración Duque Márquez sin reconocer que los inconvenientes vienen de muchos años atrás.

Resbalones que se tienen en el campo político nada distantes están del escenario económico que está empantanado en una reforma tributaria que dice estar enfocada para inquietar a los más ricos, pero no dimensiona el efecto que traerá para las clases populares. Alza que se proyecta al costo de la gasolina es fiel reflejo de la afectación que se tendrá sobre todas las fuentes de la economía, fórmula de subsidios que ahora se quiere desmontar tendrá su impacto directo sobre los alimentos e insumos del diario vivir de los ciudadanos. Pifias de su mandatario, y el equipo de gobierno, tejen rápidamente lo que será el detonante de un estallido social de un país entero, parálisis productiva y social que traerá hambruna, saqueos, vandalismo y muchos muertos en las calles. Preocupante es el aumento de costos que impacta el presupuesto del colombiano de a pie, hace menos competitivo al país y defrauda a aquellos petristas que siguen creyendo que su mesías les va a solucionar sus problemas y los va a poner a vivir sabrosito.

Juego con candela, que atiza su presidente, tiene una nueva página al poner en la agenda de negociación con el ELN a Nicolás Maduro, personaje que no tiene la capacidad mental para ello y soterradamente esconde a los actores al margen de la ley en su país; mal comienzo para un proceso de paz total es pedir el ser garante del proceso a quien es un cómplice de las atrocidades de la guerrilla. Seguridad del país está en peligro si se sigue abriendo las puertas a actores non-santos venezolanos que campantes excitan la violencia manejando casas de pique, enmarañado entorno en el que los maracuchos están llenos de beneficios mientras los colombianos están desmoralizados e intimidados. Sentido común de la población debe llamar a tomar cartas en el asunto, pasar de los pronunciamientos en redes sociales a cobrar un papel preponderante en el ejercicio de la democracia y los mecanismos que ella tiene para poner freno a los desmanes que quiere imponer la izquierda progresista.

Improvisación que se ve todos los días por parte de su presidente, y los filósofos del gabinete ministerial, tiene los nervios de punta en la población que observa cómo cada día se les ocurre una nueva locura. Ausencia de sindéresis lleva a que se negocie impunidad sin parar el terrorismo y el tráfico de drogas que lucra a los grupos guerrilleros, se pague a pandilleros para evitar que roben y maten a los colombianos, se desvíen los ahorros pensionales para subsidiar a quienes no cotizaron, anuncios que se hacen y generan pánico, pero tendrán una percepción muy diferente en el momento en que se lleven a cabo. El pueblo necesitado está ávido de soluciones coherentes y que el estado deje de gobernar en favor de los delincuentes y los alzados en armas. Más que maquillar con palabras, su mandatario debe hablar con la verdad, es un error seguir ejerciendo el poder sin entrar en contacto con la realidad de Colombia, y analizar las teorías de la política social, para abordar de forma lógica las problemáticas de la nación.

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