El caso de este 30 de enero, en el puente peatonal de la calle 121 con carrera 9ª en horas de la noche en Bogotá, donde un sujeto, que posteriormente se entregó a las autoridades, disparó a tres hombres que lo estaban asaltando, enciende las alarmas e incógnitas frente a cada uno de los ítems que circundan los problemas de seguridad en las calles colombianas.

Más allá de si se trata de un médico, si el arma contaba o no con salvoconducto, o si fue en legítima defensa, el eje central de la discusión está en el contexto social y en el por qué se están disparando los índices de inseguridad.

La mendicidad desbordada, a consecuencia de la migración venezolana y el desplazamiento colombiano, impacta de manera fuerte la percepción de temor que acompaña al ciudadano en su tránsito diario por las calles. Lucrativa estrategia para subsistir que apunta a conmover, y activar el sentimiento de lástima, para atraer ganancias con la ley del menor esfuerzo; sensibilidad, que, si no atrae a la gente, despierta el deseo de apropiarse por la fuerza de las posesiones ajenas.

Fenómeno de atención integral que no es advertido por los estamentos gubernamentales y trae consigo no solo la delincuencia sino la suciedad, las epidemias y el flagelo de la drogadicción.

Problemática social considerable, que, para el caso de Bogotá, ya no se circunscribe únicamente a las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme, Kennedy y Suba donde mayores índices de inseguridad se reportaban. Prodigio de angustia, temor e impotencia que se extiende a exclusivas zonas de la capital y desata un linchamiento público al tiempo que instaura una cultura de venganza; sed de justicia que desencadena otras faltas a la ley sobre un delito, respuesta irracional, ante la impunidad con anuencia de los estamentos estatales, que inserta en el colectivo social una espiral de violencia.

Administración de justicia particular y personal distante de la Constitución y la Ley, individualización de la fuerza bruta y la ira popular, que se escuda en la legítima defensa del ciudadano que es víctima de un atraco.

Ajuste de cuentas por mano propia, que denota el afán de la sociedad colombiana por imponer autoridad y que confronta el ordenamiento jurídico; cansancio y hastío con la injusticia de ver en las calles a bandidos que saben que tras su delito estarán pronto en libertad por la ralentización del aparato judicial, la aquiescencia de los jueces con el delito y la tendencia a dejar en libertad provisional, o conceder casa por cárcel, a reincidentes delictivos que se constituyen en peligro para la sociedad.

Desamparo jurídico que conlleva a hechos de acción y el señalamiento en redes sociales, encarnación visual de infractores, ladrones o delincuentes con las implicaciones que este fenómeno trae. Castigo social que deja de lado la presunción de inocencia y las garantías procesales de ese sujeto que causa, con sus actos, daños irreversibles al entramado social nacional. Reacciones y comentarios virtuales que despiertan el morbo, propio de la sanción pública, y los improperios que propician una golpiza a la moral del sujeto. Irracionalismo de la masa ávida de un castigo ejemplar contra el malhechor que revictimiza al bandido.

Descomposición social que polariza al colectivo que raya en extremos, por un lado, los que se satisfacen con la muerte de los ladrones y, por el otro, aquellos que buscan santificar a los malhechores que incurren en el delito por necesidad. Politización del problema que se ciñe con el desempleo y los preocupantes signos reflejados a finales de 2.019. Intimidación pública conexa a la inflación y los anegados signos de recesión económica.

La discusión, que ahora ocupa la agenda nacional, recoge un fenómeno que es cíclico y lleva a preguntar si el colombiano naturalizó la violencia en defensa propia y su necesidad de gratificación individual. Estudios como los presentados por la Universidad Libre, en noviembre de 2018, denotan una realidad a prestar atención, 6 de cada 10 capitalinos aprueba el linchamiento de los delincuentes.

Pocos recuerdan que justamente el 30 de enero, pero de 2018 ocupaba las primeras planas informativas de Colombia el caso de un escolta, adscrito a la Unidad Nacional de Protección, que, al divisar el atraco a una conductora, en la Autopista Norte con calle 106, evitó el hurto al dar de baja al facineroso. Similitud de circunstancias en la que atracadores, en manada, acechan a una víctima indefensa con armas blancas y contundentes, y son sorprendidos con la respuesta fuerte y determinante de la ciudadanía.

Confrontación ideológica y jurídica entre el homicidio culposo y la reacción en defensa propia o de terceros. Acto de solidaridad e indefensión, protegido por el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que hace referencia al derecho de todo ciudadano a proteger y defender el patrimonio económico y la vida propia o de una víctima en inminente peligro. Antes que puntualizar en argumentos jurídicos, debe preocupar la percepción de impunidad y la desconfianza en las autoridades y la administración judicial colombiana que conlleva a que cada vez se reporten menos denuncias y se conozca de mayores casos en que los ladrones, atrapados en flagrancia, son retenidos por los ciudadanos de manera que se propician linchamientos o muertes por agresiones.

Delincuencia que cada vez está más asentada en las ciudades con la presencia y participación de menores, embrollo que dificulta su judicialización. El sistema jurídico colombiano está en crisis, existe congestión judicial y hacinamiento en las cárceles, pero es necesario endurecer las penas y hacer efectivo el castigo; sin justicia es imposible la convivencia. Como sociedad los colombianos deben ser conscientes de sus deberes y derechos, como actores políticos deben exigir a sus gobernantes el tomar medidas y establecer mecanismos de protección.

Es momento de fijar posturas concretas como colectivo social, dejar de apoyar la mendicidad y explotación infantil en las calles y el transporte público, cohonestar con la pereza y el menor esfuerzo para conseguir el sustento diario pidiendo limosna. Los mandatarios locales y el gobierno central deben fijar políticas para frenar y enfrentar la migración indiscriminada que arrastra innumerables problemas sociales y de seguridad en las poblaciones colombianas; escala de oportunidades para suplir las necesidades básicas del núcleo familiar sin codiciar los bienes del prójimo. Lucha por una igualdad social, promoción de oportunidades para que cada uno desde su esfuerzo y trabajo consiga los recursos para satisfacer sus gustos y requerimientos de subsistencia.

La coyuntura colombiana llama a recomponer el núcleo social, desde la cooperación de fuerzas propender por la seguridad ciudadana, compromiso con el desarrollo de la ciudad y el país. Replantear las políticas de seguridad pública traerá consigo impacto en la tasa de homicidios y el enfrentar de manera efectiva los grupos delincuenciales que instauran el miedo en los habitantes de la capital que viven a diario de manera directa o indirecta el robo, cosquilleo y raponazo.

Es indispensable fijar indicadores claros que devuelvan a los colombianos la confianza en las autoridades y el aparato judicial, constitución de un estamento social que reestablezca a los ciudadanos su calidad de vida.

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