Los acontecimientos de este 2019 no sólo son el clamor popular de una insatisfacción constituida en la protesta social, sino la necesidad urgente de priorizar acciones que respondan a las necesidades ciudadanas. Oír no es lo mismo que escuchar, el primer acto es involuntario y denota la percepción de una sensación a través del oído; la segunda acción, que es voluntaria, conlleva a poner atención y tomar correctivos frente a un aviso como el que se muestra en cada rincón del país.
La indiferencia estatal o el minimizar los hechos más que un acto de mezquindad e incompetencia atiza los ánimos polarizadores, de corrientes ideológicas, que, desde el descanso de esta época de fin de año, maquinan cómo seguir explotando los pasos erróneos de la administración de Iván Duque Márquez.
2019 pasará a la historia como un año difícil, marcado por errores procedimentales y traiciones políticas bajo un panorama hostil, nada serio e incoherente en el marco democrático.
La credibilidad estatal se ha visto minada por una serie de escándalos y desigualdades que acrecienta las diferencias al interior del colectivo social, sisma político que, acompañado de inexperiencia y falta de casta electoral, más que llamar a la unión nacional intensifica las tensiones y agudiza antiguas divisiones. La agenda gubernamental para 2020 exalta una serie de temas pendientes y de urgente atención por parte de la administración de Iván Duque Márquez, coyuntura que pide seriedad, serenidad y actitud del ejecutivo, pero a su vez la voluntad popular para aceptar una forma diferente de concebir el mundo y contribuir al desarrollo del país.
Sin lugar a dudas el tema prioritario de este 2020 será atenuar la voz protestante de sindicatos, estudiantes y colectivos sociales, es imperante sentar puntos de acuerdo y fijar ejes de acción conjunta más allá de 104 ítems ilógicos y que albergan los deseos oscuros de caudillos que nada tienen que ver con el objetivo del paro nacional. La reforma laboral y sus elementos conexos en pensión y salud deben ser discutidos con los representantes de los trabajadores, lo propio debe acontecer con los estudiantes y la enmienda educativa, normas que por años han fracturado el ecosistema social colombiano y establecen desigualdad que propicia el estallido popular que desde sus arengas no logra concretar propuestas claras, fundamentadas y con argumentos.
Si bien la economía colombiana reporta índices de crecimiento, dinámica diferente a los países de la región, la reforma tributaria aprobada a empujones en la madrugada de este 20 de diciembre, en sesiones extras del legislativo, deja serias dudas que deben ser despejadas con hechos por el equipo económico de Iván Duque Márquez. La llegada de capital y la competitividad se deben traducir en inversión social y reducción del desempleo, equidad tributaria que impacte los índices de pobreza y no se ensañe con la clase media colombiana; fortalecimiento del fisco para dar solución a los indicadores sociales que agitan el inconformismo de la masa protestante. Recursos necesarios para atender el déficit que dejó el gobierno Santos que apostó todo por la Paz, y propició múltiples erogaciones que hoy deben ser atendidas en detrimento de algunos sectores.
La corrupción atomiza la credibilidad en la clase política y la institucionalidad, el colectivo social está ávido de un compromiso del ejecutivo y el legislativo para sacar adelante las normas previstas en el Estatuto Anticorrupción y que ponga freno a las malquerencias de los dirigentes nacionales. Pérdidas inimaginables de dinero que podría ser empleada en obras e infraestructura, descomposición social, robo impune del erario que arropa las irregularidades en grandes banderas ideológicas, humanas, que cuando estuvieron en el poder local demostraron que son iguales o peores.
Colombia no puede seguir asumiendo el impacto de la migración venezolana indiscriminada –1.630.603 personas–, lejos de cualquier ideario de xenofobia, hay que prestar atención a los 911.714 sujetos que han llegado al territorio nacional sin los requerimientos legales. Refugiados irregulares que lejos de contribuir al desarrollo de la economía nacional agudizan la crisis de empleo, la seguridad, e impactan el sistema de salud y educativo público que presta el estado a la población colombiana. Las necesidades humanitarias de los venezolanos desbordan las capacidades de un estado que le ha faltado mano firme para cerrar fronteras e imponer restricciones a la entrada de ciudadanos que quieren todo regalado o con la ley del menor esfuerzo.
La tan anhelada Paz firmada en la Habana sigue polarizando al país, no por su implementación donde existen serios reparos desde el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, sino por las disidencias guerrilleras que han incrementado la violencia en diversos rincones y extremos del territorio nacional.
Desagrado creciente por los grupos al margen de la ley que convergen en el lucrante negocio del narcotráfico, el secuestro y la extorsión; régimen del miedo y el terror sustentado en un brazo armado que realiza ataques indiscriminados y se apodera de zonas de la geografía colombiana. Elementos que llaman a que el estado fije una política de seguridad y desde las fuerzas militares confronte a los irregulares y recupere la confianza del colombiano.
No deben seguir pagando justos por pecadores, ya van tres años desde la firma de los acuerdos de la Habana y a la fecha no se conoce la primera condena contra los insurgentes. La impunidad, con la anuencia de la JEP, seguirá siendo el detonante de inconformismo y desigualdad que arrastra una serie de factores que atentan contra el esquema social del posconflicto. Es necesario que se establezca una reincorporación de los insurgentes que colinde los esquemas políticos con la reparación a las victimas y el adecuado y justo cumplimiento de penas por infringir la ley. La voluntad de paz no debe estar sujeta al todo para ellos y nada para el pueblo.
La estrategia política de la administración de Iván Duque Márquez debe reconocer que requiere de un fuerte revolcón, la inocencia de un gobierno técnico alegado de las triquiñuelas políticas pasa factura de errores crasos en el legislativo y la agenda social. Es imperante recomponer el gabinete, sacar la casta de un zorro político que con madurez democrática logra congregar a la nación, apuesta incluyente que desde el reconocimiento de las diferencias reconstruye la esencia de la nación colombiana. Fortalecimiento interno que permitirá estrechar lazos de cooperación y vínculos internacionales que atraen inversión para el progreso colectivo.
La tarea es ardua, el camino áspero, pero es la ruta que debe afrontar el presidente Iván Duque Márquez y su equipo de gobierno para restablecer la confianza en la desdibujada instancia democráticamente elegida. Escuchar la protesta social es el camino para emprender el cambio que claman los manifestantes, la historia social de la nación delinea un desgaste de la clase política tradicional y la necesidad imperiosa del surgimiento de nuevos líderes que se conecten con la equidad y las necesidades de una población interconectada con lo local y lo global.
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