El caso de Uber Colombia pone en evidencia que el país no está preparado para hacer frente a las necesidades de un colectivo digital, móvil, social y experimental. La tecnología pide no solo una metamorfosis, sino un cambio de chip en la visión de mundo y el entorno legislativo bajo el que se estructuran los modelos de negocio y esquemas de acción en un terreno itinerante. En este panorama, muchos se preguntan, dónde queda la apuesta de la administración de Iván Duque Márquez de “más TIC para un mejor país”.

Un futuro digital para todos, como eje de acción de MinTIC, no permite comprender cómo es posible que en 528 días de gobierno no esté estructurado el tránsito a la economía naranja, escenario de confianza inversionista e instrumentos innovadores que incentiven el mercado productivo de la nación. Incognoscibles posturas como la expuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), este 20 de diciembre, a consecuencia de la demanda interpuesta por Cotech S.A., denotan la necesidad de redefinir y adecuar la regulación a las funciones de los agentes económicos frente al auge de los dispositivos inteligentes que traen consigo la expansión digital.

La falta de voluntad política, por años, de presidentes, congresistas y funcionarios públicos para hacer frente a un fenómeno de transversalidad social global indica una miopía administrativa anacrónica para asimilar que sectores del mercado perdieron poder de atracción; los consumidores actuales claman por servicios originales, únicos e interesantes como los que ofrece Uber a los colombianos desde hace seis años. El contar con 88.000 socios conductores registrados y tener más de dos millones de suscriptores, que quieren y hacen uso del servicio, exige, dejar de lado el populismo destructivo o el pago de favores políticos y sociales con esta situación, establecer una legislación con ADN tecnológico.

Como planteó Uber, en su comunicado de este 10 de enero, Colombia debe hacer frente a la transformación, regular nuevas alternativas de transporte. Ordenar el sector de movilidad bajo el concepto de colaboración, oferta de servicios a las necesidades del usuario, que prima en las plataformas tecnológicas. Revolución en el sector que el monopolio del gremio de taxistas colombianos se niegan a aceptar por su incompetencia tecnológica, miedo a la innovación y el perder la posición dominante que ha primado en la operación de este servicio público, que explota a conductores con cupos y una serie de obligaciones para hacer parte de la infraestructura amarilla en el país.

Emporio dominante e ideológico del fallecido Uldarico Peña, ahora representado y dominado por Hugo Ospina, que se desprestigia día a día no solo por su férrea oposición a admitir un nuevo modelo de negocio y replantear las dinámicas del esquema productivo al mundo moderno, sino por las malquerencias de un importante número de anomalías que a diario enfrentan los usuarios del servicio: taxímetros alterados, taxistas que se niegan a prestar un servicio por no estar en su ruta, carros en mal estado y desaseo, por no hablar de los inconmensurables tiempos de espera, la ausencia de cultura ciudadana y el inconcebible trato que brindan a clientes, conductores u otros taxistas, entre otros fenómenos que rayan la línea de la legalidad y apego a las normas actuales. Claro prototipo de los cuestionables integrantes del gremio es el tristemente célebre Freddy Contreras.

La Ministra de Transporte, como representante del gobierno y el ente rector de la movilidad nacional, está en mora de presentar al Congreso, en conjunto con su homóloga de MinTIC, un proyecto de ley que propenda por superar la inestabilidad jurídica y la incoherencia colombiana ante la revolución digital de un país en el que la penetración de los dispositivos móviles supera el 116%. La ley de competencia dicta nuevas directrices en un entorno digital en donde el acceso permite confrontar servicio, calidad y costo, triada clave en el éxito de cualquier iniciativa de negocio; elementos que sustentan el prestigio de Uber Colombia que reporta millones de recorridos en 12 ciudades colombianas en seis años de operación.

Índices de desempleo, informalidad laboral, desocupación juvenil, y familias que buscan ingresos adicionales en sus tiempos libres, llaman a pensar con cabeza fría las acciones que tomará la administración de Iván Duque Márquez, para brindar estabilidad regulatoria, frente a la irrupción de los negocios digitales. Hoja de ruta que no ahuyente inversores extranjeros, a otros lugares de la geografía latinoamericana; iniciativas tecnológicas dispuestas ha incorporar importantes sumas de dinero –40 millones de dólares en el caso Uber– y la generación de nuevos empleos directos. Voluntad de diálogo y acuerdo con los diferentes actores interesados del mercado.

Errada táctica delinea Colombia en el ecosistema digital conduciendo a Uber a cesar sus operaciones en el país, la plataforma es a la movilidad lo que Netflix implica para la industria del cine o la televisión, Spotify o iTunes para el sector de la música, WhatsApp o Skype para los operadores celulares, la Web o Twitter para los medios de comunicación convencionales; diversificación del negocio que impone retos, replantea el mercado y establece reglas de competencia por captar la atención y preferencia del consumidor global o de pantalla. Antes que vender el sofá, como se dice en el argot popular, el gobierno debe tomar acciones para evitar la disrupción tecnológica planteada para las cero horas de este primero de febrero.

Pequeño reto asume el Tribunal Superior de Cundinamarca, que, tras la vacancia judicial, debe resolver la apelación de Uber Colombia a la decisión de la SIC. Importante divergencia debe atender el gobierno al señalar de una actividad ilegal a la compañía americana, pero a su vez haber recibido importantes sumas de dinero, 35.000 millones de pesos por concepto de IVA, en los dos últimos años de dicha actividad. El Congreso debe dejar de hacerse el de la vista gorda y legislar ante la dicotomía que plantea el ecosistema digital colombiano, responder a los intereses y derechos de los usuarios, pero a su vez de quienes encontraron un modo de sustento en una plataforma digital que sirve de intermediaria en la oferta y demanda de un bien y un servicio.

En apego a la ley y a las decisiones judiciales, Uber Colombia se hace al margen en espera a que se establezca un marco regulatorio que dé soporte legal al modelo de negocio y las rutinas productivas de las plataformas digitales. Los usuarios han dado suficientes muestras de estar dispuestos a pagar por un servicio de movilidad de calidad, aborrecer el viejo sistema de taxis con la campaña #NoMeSubiréEnUnTaxi y #UnaSoluciónParaUberYa, señales de una cultura digital que va delante de la legislación e implanta una revolución en la concepción del producto.

La innovación e inversión extranjera en Colombia penden de un hilo mientras se desconozcan las dinámicas colaborativas que plantea el ecosistema digital, la desigualdad en las reglas de juego y la inestabilidad jurídica siembra serias dudas sobre la habilitación de un entorno ideal para el acceso a servicios y oportunidades de negocio.

La prioridad es el ciudadano, el tema más que disonante es relevante en un momento en que el gobierno pretende abanderar la digitalización y la economía naranja en las fronteras colombianas. La solución no está en prohibir sino en regular, alinearse, adecuarse y adaptarse a la realidad de un mundo que centra sus acciones de consumo en las pantallas de sus dispositivos portátiles conectados a la red.

Escucha el podcast que complementa esta columna aquí:

Sígueme en Instagram en @andresbarriosrubio y en Twitter en @atutobarrios.

Columnas anteriores

Las tareas pendientes de Iván Duque Márquez y su equipo para 2020

¡Desmovilícese!

Pan y circo para todos

Bueno es culantro, pero…

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.