Este sábado 20 de julio nuevamente se dan cita en el Capitolio Nacional los “honorables” congresistas para instalar, junto al presidente Iván Duque Márquez, las sesiones del legislativo en su segundo periodo. Las cartas están expuestas y es claro que el tema que toma mayor relevancia, en este inicio, será el proyecto de ley, del Centro Democrático, que buscará una reforma constitucional que propenda por establecer en el País, con retroactividad, una doble instancia para aforados políticos.

Si bien es claro que, para los integrantes del Centro Democrático, el caso del exministro Arias estuvo rodeado de tintes de persecución política en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, no es menos cierto que hay elementos conexos para tener en cuenta en el marco de este proceso.

Como se ha manifestado en otras oportunidades, dura lex, sed lex, –dura es la ley, pero es la ley– y hay que cumplirla sin importar fueros, ideologías o colores partidarios. Colombia está ad–portas de entrar en una etapa en la que por favorecer a una persona en particular se abre una brecha jurídica en la que entrarían en estudio 232 condenas de aforados que, en caso de ser revocadas, pueden generar millonarias demandas contra el erario por los perjuicios causados.

La revisión del proceso y defensa ante un segundo juez imparcial, como lo pide la senadora Paloma Valencia, no solo traerá un arduo debate en el legislativo, con los costos políticos que ello implica, sino que generará inseguridad jurídica y tendrá efectos colaterales en la Ley Anticorrupción, que suprime los beneficios carcelarios para condenados por casos de corrupción y se proyectaba sería aprobada en este periodo legislativo.

Beneficio jurídico que impactaría a Andrés Felipe Arias, implicado en el proceso de Agro Ingreso Seguro, y a quienes han sido procesados y condenados por su participación en temas de para–política o Yidis–política y hechos similares.

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, quien hoy funge como icónica víctima de la justicia nacional fue condenado, en julio de 2014, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a 17 años y cuatro meses de prisión, al encontrarle responsable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Pena carcelaria que llega luego de un arduo y largo proceso que inició en octubre de 2.009 con las denuncias publicadas por la Revista Cambio, hecho que trajo consigo el debate de moción de censura en el Congreso, la suspensión del programa Agro Ingreso Seguro y la posterior investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, en diciembre del mismo año.

Proceso que, rodeado de diversas artimañas jurídicas, se ha prolongado en el tiempo y ha tenido inmersas a cada una de las instancias jurídicas del País: la Procuraduría General de la Nación que lo encuentra culpable y por ello lo destituye e inhabilita para ejercer cargos públicos; la Fiscalía General de la Nación que le imputa cargos y trasciende el proceso; el Tribunal Superior de Bogotá que dicta medida de aseguramiento y posteriormente le concede la libertad en medio del proceso; y la Corte Suprema de Justicia que lo encuentra culpable y emite sentencia en su contra.

Enredo jurídico que rodeó de garantías procesales al imputado, Andrés Felipe Arias, y le permitió, al igual que a Seuxis Paucías Hernández Solarte –“Jesús Santrich”– gozar de una libertad provisional en el marco del proceso, pues no fue considerado un riesgo para la sociedad y se creyó que sus actuaciones no obstruirían la labor judicial. Esguince legal que fue aprovechado por Arias, días antes de que se conociera su condena en la Corte Suprema de Justicia, para huir del País, con su familia, rumbo a Estados Unidos y pedir asilo político. Refugio que no fue concedido y condujo a su extradición este 12 de julio.

Polvareda política y jurídica que más allá del debate de un proceso justo y alejado de presiones partidistas y gobiernistas pone en la palestra una dicotomía conceptual y ética de la clase política que tiene un doble rasero para fijar sus posturas. La derecha colombiana alza su voz en defensa de Arias y contrapone argumentos al caso ‘Santrich’, dos inculpados que evadieron la justicia (uno condenado, otro en proceso de investigación); connotados personajes que se refugiaron allende nuestras fronteras (uno en Estados Unidos, otro en la clandestinidad) y en el fondo emplearon todo lo que estuvo a su alcance para inhibir la responsabilidad y el pago de sus acciones en contra de la sociedad.

Forma de actuar y proceder que no solo se circunscribe a la derecha colombiana, si se gira el ojo a la izquierda se encontrará una naciente lucha del partido político de las FARC por conservar la curul otorgada a Seuxis Paucías Hernández Solarte –’Jesús Santrich’– y no les sea aplicada la “silla vacía”. Meses atrás, Colombia fue testigo de una cruzada de todo tipo de argumentos, y con el respaldo de diversos sectores, para que el excombatiente llegara a la Cámara de Representantes y cesara la “persecución” de la justicia contra uno de los negociadores de la Habana; situación diametralmente opuesta al discurso que ahora habla de un sujeto solitario que se autoexcluyó del partido y se apartó del proceso colectivo. Lenguaje interpretado y manejado a la conveniencia política del momento.

Acción de procedimiento que se ajusta proporcionalmente a la corriente opositora e independiente del gobierno con el caso Odebrecht y los “presuntos” nexos de dinero en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón. Honrosos y pulcros políticos que años atrás daban clases de moral frente al proceso y acciones emprendidas por Andrés Felipe Arias, y ahora, si no hacen caso omiso a las evidencias, evitan hablar del tema de la campaña de la U a las elecciones presidenciales de 2.014 o esgrimen argumentos frente al vencimiento de términos y la competencia sobre lo allí acontecido. Ardid político que se ajusta a la conveniencia de gamonales partidarios que idean, gestan y brindan instrucciones, pero no se comprometen con firmas en documentos públicos o privados.

Clase política que parece constituir partidos y estrategias para estar en el Capitolio Nacional como ejes de un juego de ajedrez, movimiento de alfiles que se ajusta a sus intereses políticos y personales distantes de los del electorado que sufragó en las urnas. Señalamientos entre unos y otros que cuidadosamente hacen todo lo posible para avivar el fuego en el rabo de paja de su opositor, pero evitar que se encienda el propio. Circo romano destinado a presenciar las carreras, espectáculos y representaciones propias del afán partidario por establecer mecanismos legislativos que ajusten la Constitución y la Ley a las necesidades políticas, jurídicas o circunstanciales del momento.

Es claro que por ahora los colombianos deben prepararse para presenciar enconados debates, dentro y fuera del legislativo, entre el partido de gobierno, los opositores e independientes que ya fijan sus apuestas y enfilan sus ataques a la Ley Arias. Campo de batalla que tendrá reacciones sobre temas de repercusión nacional bajo una disputa electoral por el dominio local en municipios, ciudades y departamentos. Perfecta hoja de ruta que llevará a un segundo plano la reforma política y judicial, la agenda anticorrupción, las objeciones y modificaciones a lo acordado en la Habana, los proyectos de inversión social y demás temas de interés nacional.

Tradicional escenario político que no modificará su forma de actuar y proceder hasta que los colombianos castiguen en las urnas a aquellos partidos y candidatos que tanto defraudan la confianza brindada en las esperanzas de construir un País mejor. Es momento de hacer una depuración del legislativo, reformar aquello que la clase política fue incapaz de hacer por sí misma, fijar el llamado “muro de la infamia” en el que consten las acciones, intervenciones, iniciativas y votos de cada uno de los 108 Senadores y 172 Representantes. Brindar herramientas de consciencia y argumentos que permitan que el electorado pueda confrontar a sus caudillos cuando en menos de 2 años estén de gira haciendo promesas para conseguir el apoyo que los lleve nuevamente al legislativo.

Sígueme en Instagram en @andresbarriosrubio y en Twitter en @atutobarrios.

Columnas anteriores

Incongruente política y cultura de movilidad capitalina

¡S.O.S Colombia!

Cónclave de agenda política para un segundo año de Gobierno

Ala militar de las FARC, el peor enemigo de los acuerdos de Paz

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.