Apuesta de su presidente en cada uno de los frentes del gobierno revelan que en Colombia está pasando exactamente lo mismo que ya se vivió en Venezuela, Argentina, Perú y Chile, libreto de socialismo demócrata que a gran velocidad se impone y deja entrever que se acabará con todo muy rápido. Afán de los partidos tradicionales por no perder burocracia conlleva a que los sectores políticos se vendan al mejor postor, ansias de poder que se sacian sin ver el peligro que representa el idolatrar a un cacique de barro que desde el discurso populista capta incautos e impone rutas sin retorno aparente. El país está al frente de un clima de tensión en el que muchos atónitos observan cómo su mandatario, antes que solucionar los problemas coyunturales de la nación, busca congraciarse con actores non-santos impulsando la impunidad, la excarcelación, y la legalización de fortunas, brindando garantías a los delincuentes y los criminales, pasando por encima de las garantías que se deben brindar a los honestos ciudadanos que cumplen la ley.

En Colombia sigue ganando terreno la cultura de la victimización y toma carrera la mendicidad como proyecto de vida para las nuevas generaciones, la fijación de estereotipos en los que las capas jóvenes de la población asumen como propia la creencia de deudas históricas de la sociedad con diferentes grupos poblacionales, inconformismo que atiza la polarización y conduce a un entorno que solo traerá consigo la generación de pobreza y miseria. Idolatría de las clases populares bloquea las dudas e impide que el grueso de la población cuestione los movimientos estratégicos del mesías de la izquierda, invisibilización de la realidad que es peligrosa cuando se constituye en un patrón constante que abre las vías a la institución de un régimen. Peligroso para el país será seguir cayendo en el síndrome de Estocolmo en donde las víctimas esgrimen amor por su victimario, la historia ya tiene ejemplos claros en el acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC, Álvaro Uribe con las AUC, o Virgilio Barco con el M-19, procesos en donde se blinda el sistema y se revictimiza a las verdaderas víctimas porque los bandidos no reparan al ciudadano y nadie los obliga a cumplir.

Construcción de una paz sin restricciones no puede estar sustentada en el restablecimiento de derechos que omite la sanción intramuros argumentando la necesidad de no contribuir al hacinamiento carcelario. Absurda propuesta del Ministro de Justicia, Néstor Osuna, frente al robo de celulares, es la prueba fehaciente de lo que está por venir en un gobierno que, apuesta por seguir favoreciendo a los victimarios, cortina de humo que sacan los socialistas para desviar la atención de hechos supremamente graves que en casi 20 días de gobierno ya tienen saldo importante en asesinatos de líderes sociales, masacres, secuestros en el Cauca, muertes por desnutrición, militares asesinados, buses incendiados, bloqueos en carreteras y el ELN patrullando en Arauca. El compromiso de su presidente con los electores se desdibuja en una espiral de contradicciones, escenario en donde se avala lo que antes se cuestionaba, y el pueblo y las víctimas pasan a un segundo plano frente a los intereses de quienes siempre han legislado en favor de los bandidos de cuello blanco.

Desconexión de propuestas con el clima de violencia e inseguridad que se vive, en las zonas rurales y urbanas, de la nación exalta que no hay conciencia, en el gabinete gubernamental, de la urgente necesidad de endurecer la ley y proteger a la ciudadanía, que está en manos del hampa y el hambre. Política de ayudas y beneficios que ofrece su mandatario a “raponeros”, cabecillas narcoguerrilleros y el Clan del Golfo llama a reconocer que el garantizar a toda la población el estado social de derecho debe estar alineado a la Constitución y el cumplimiento de la ley. Anhelo de cambio en Colombia no puede cercenar la facultad de crítica que le asiste al ciudadano, cuestionamiento fundamentado, tras el análisis de una propuesta diferente, que es apabullado con beligerancia por parte de los influencers petristas; primeras líneas que, constituidos en milicias urbanas, convienen presiones para acabar con la Policía y el ESMAD, fuerzas del orden que serán reemplazadas por un ente social que no encaja en el cambio requerido y son el reflejo de una actitud de revancha, venganza y odio.

Coyuntura política y social por la que circunda Colombia indica que la justicia restaurativa, que se propone por parte de su presidente, no encaja en una nación en donde los bandidos se burlan del sistema; en el país se necesita que los ladrones y los criminales le teman a la justicia y no se rían de ella. Fraude al elector y traición a los principios es orquestar todo para expiar culpas en una persona, se desahoguen los traumas con ella, sin atreverse a reconocer las responsabilidades propias y confrontar un sistema que ha corrompido sujetos y perfila futuras generaciones estropeadas. Pasan los días y los colombianos encuentran que el país digno para vivir sabrosito lejos está de ser un escenario en el que todos se pueden sentir seguros, delirio de persecución que ha girado en torno a la guerrilla, los paramilitares, las narco bandas y las BACRIM, ahora se materializa contra las fuerzas del estado, percepción de realidad en la que la mayoría de las personas se ven sometidas y dominadas por la forma y no el contenido de las cosas.

Actualidad de la nación propaga en los ciudadanos un mundo de incertidumbre, axioma en el que se difumina lo concreto y realista del entorno próximo. Quienes piensan que los fanáticos del socialismo propuesto por la izquierda han tocado fondo no deben olvidar que en Venezuela todavía hay personas que aman a Hugo Chávez, e incluso a Nicolás Maduro, prueba de que esos energúmenos difícilmente van a despertar mientras sean comprados con los subsidios estatales. La mejor política social que puede existir está acompañada de la inversión privada, aquella que genera empleo, productividad y mejores salarios, pero ahora se está ahuyentando con palabrería, odio e impuestos. El trabajo y esfuerzo que durante años han generado miles de empresas para llevar bienestar, servicios, desarrollo social y productivo a cada rincón del país está en peligro por una reforma que golpea fuertemente el bolsillo de los colombianos y no es social, ni equitativa, como lo prometió su presidente en campaña.

La apatía y el desgano que se percibe en el país ante tantas necesidades propicia un nivel de pasividad que es peligroso y ha sido el patrón constante producto de las emociones equivocadas de los electores. La ceguera colectiva no puede nublar la capacidad que tiene el ser humano para reaccionar a lo desconocido, quienes promulgaron el cambio, y despotricaron de sus oponentes durante tantos años, ahora se ríen del constituyente primario al llegar al gobierno sin siquiera sonrojarse al gobernar con ellos. En Colombia la política es el arte de tragarse sapos en medio de unos cambios que no son progresivos y atentan contra la estabilidad jurídica y económica de la nación, es claro que si quienes ejercen hoy el poder querían una revolución, no era necesario pasar por las urnas, la democracia llama a concertar y construir en conjunto la transformación de un país en el marco de la nueva normalidad.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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