Este 20 y 21 de febrero se han dado cita en las calles colombianas los profesores, agrupados en Fecode, exigiendo la designación de una comisión que les permita evaluar, en conjunto con el Gobierno, la tensa situación de los docentes que se encuentran amenazados en el territorio nacional. Atentados como el que sufrió, en los primeros días de febrero, el expresidente y actual ejecutivo de Fecode, Carlos Rivas, en el Guamo, Tolima, avivan la protesta social por la vida, la paz y la democracia.

Complejo panorama que conlleva a recordar los 14 asesinatos de profesores y las más de 800 amenazas registradas en 2019; preocupante entorno de seguridad que en 2020 ya reseña el atentado del que fue víctima Carlos Rivas, múltiples panfletos de intimidación y el homicidio de Sandra Vaquero. Cifras que alzan la voz de los educadores para pedir del Ministerio de Educación, y la administración de Iván Duque Márquez, la voluntad política para fijar líneas de acción que garanticen su seguridad, y planes de atención social en las zonas rurales de Colombia donde se acentúa el conflicto armado.

Deteriorada situación que, en estadísticas de Fecode, registra 270 docentes víctimas del terrorismo que los amenaza, desplaza de sus territorios o sega sus vidas. Radicalización de la violencia propia del postconflicto, la disidencia guerrillera y la incidencia de bandas emergentes ante la indolencia del gobierno central, las fuerzas armadas y la propia sociedad que obliga a llamar la atención de los colombianos, pero no justifica las vías de hecho y el querer torpedear, a como de lugar, el accionar del Estado. Grave problema del colectivo es buscar culpables, y señalar responsabilidades en el otro, antes de reconocer su cuota de culpabilidad por la elección que realiza de sus representantes, la apatía en el estamento democrático.

El compromiso social en la formación de las nuevas generaciones llama a que Fecode, y sus maestros adscritos, antes que el constante cese de actividades en perjuicio de la propia educación, entablen mecanismos de diálogo y construcción de soluciones desde la proposición. Está más que clara la infiltración de fuerzas oscuras que manipulan, agreden, establecen vandalismo y desvirtúan el verdadero sentido de la protesta colombiana; no hay peor ciego que el que no quiere ver y se quiere ocultar el maquiavélico interés de caudillos y grupos al margen de la ley que están a la cacería de incautos, “idiotas útiles”, para la consecución de sus propósitos desestabilizadores.

El que se ha denominado “paro de 48 horas por la vida” se ha convertido en una nueva plataforma para evidenciar la desidia y falta de compromiso de los profesores con los jóvenes colombianos y su proceso de formación.

Antes que pensar en denuncias ante instancias internacionales, y las eternas quejas por su desatención por parte de los gobiernos, de la cual ellos mismos son culpables, sería importante conocer cómo van a afrontar la baja calidad de la educación, por ellos impartida. Debate sobre la idoneidad educativa que no se debe continuar posponiendo, pues los resultados de lectoescritura, matemáticas y ciencias en las pruebas Pisa hablan por sí solos; los maestros deben comprender que para exigir primero se deben dar y demostrar resultados. 

Firmeza crítica que debería despertar la consciencia de la responsabilidad propia en las causas sociales de los colombianos. La demagogia y argumentación ajustada a los intereses de unos pocos resta congruencia a los objetivos loables de la clase trabajadora que reconoce que en el cumplimiento de sus labores está la clave para salir adelante y conseguir sus propósitos. Respetar la ley y honrar su compromiso profesional permitirá a los docentes constituirse en líderes naturales y sociales de su región, figura destacada y respetada que dista del desprestigio que hoy los acompaña.

La pérdida constante de clases, la permanencia de los menores en las calles, el adoctrinamiento en las aulas formativas son fenómenos y condicionantes bastante cuestionables con los que los jóvenes colombianos reciben la educación. Fenómeno social que refleja su consecuencia en la manifestación de los colectivos juveniles que desborda los límites de la violencia y el vandalismo en la protesta callejera. Antes que recibir incrementos de inversión y recursos por parte del Estado, la educación pública debe reformular su accionar y el cómo afronta la coyuntura que plantea el entorno nacional.

Hilando más delgado, es claro que la atomización que circunda la protesta ciudadana desactivó y hastió el descontento proclamado del 21N, y busca reavivar su llama desde pequeñas micro redes de acción y múltiples factores particulares. Esta semana son los educadores, para los primeros días de marzo se alistan los taxistas a definir su hora cero, el 6 y 16 de marzo la disculpa será el Día Internacional de la mujer y el estudiante, entre otras manifestaciones que dejan expedito el camino para una gran concentración social convocada para el 25 de marzo en las calles colombianas. Insaciable apetito de solicitudes desbordadas que desde todo punto de vista impide una amplia conversación nacional.

Para negociar se requiere dialogar, como lo ha propuesto la administración de Iván Duque Márquez, pero la irracional y testaruda postura de los líderes del Comité Nacional del Paro denota que requieren de un conflicto para atizar la protesta y paralizar el país sin una razón concreta. Es inconcebible que se quiera torpedear todo tipo de iniciativa de un gobierno quedado que no encuentra cómo dar respuesta a las necesidades sociales de la población colombiana. Dos años han traído un enorme costo político, pero no se puede desconocer que se cerró la llave derrochadora de la administración Santos y la economía comienza a dar luces de tranquilidad con el crecimiento del 3,3% reportado en 2019.

Si bien los indicadores económicos no crecen y reportan los porcentajes que se quisieran, sí dan una luz de optimismo en la recuperación de la economía nacional, más si se tiene en cuenta el complejo escenario de Latinoamérica y el Caribe. Retos y desafíos en el corto, mediano y largo plazo que requieren del compromiso de todos para reactivar el aparato productivo del país de manera que se recauden los recursos necesarios para invertir en cada uno de los sectores sociales que ahora protestan.

El crecimiento y desarrollo económico de Colombia, el fortalecimiento del empleo, y el progreso social de los ciudadanos está conexo al diálogo y el debate de las ideas, construcción conjunta de soluciones a la crisis de muchos años y gobiernos que no prestaron atención a las necesidades del pueblo. El paro solo afecta la productividad nacional, complica los indicadores de la industria y afecta la vinculación de mano de obra, agudiza las diferencias ideológicas y señala que el colectivo apuesta por la ley del menor esfuerzo; consecución de recursos desde los subsidios gubernamentales sin la construcción colectiva del trabajo mancomunado, política social en la que todos aportan y son eje fundamental en la construcción de país, por eso el pueblo lo piensa y les dice… ¡trabajen, vagos!

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