Por eso la celebración de las marchas gay en todo el país el 30 de junio, con ocasión del 50 aniversario de los disturbios del bar Stonewall en New York que dio lugar al movimiento por los derechos y libertades LGBT+ en todo el mundo, debe servir de reflexión al papel de cómo la diversidad sexual puede lograr reconocimiento y garantía de derechos sin caer en la polarización política que puede amenazarla.
Porque si bien la bandera LGBT+ es valiosa como participación política, convertirla en patrimonio de un partido o ideología, arriesga el ánimo de permanencia y validez de los derechos protegidos que han sido por años logro del litigio público.
Y no porque la democracia no requiera visibilidad de nuevos sectores y liderazgos sino porque cada vez se acude más a los ciudadanos de manera directa pero engañosa y menos a los representantes electos para abordar decisiones que estos no quisieron tomar, no lograron concertar o evitaron discutir.
Consultas populares, referendos y plebiscitos hoy se definen más por el liderazgo y los discursos de la cruzada moral desde la derecha o la izquierda como se impulsan, que por la causa o cambio que pretenden conquistar.
Por ejemplo, el plebiscito de la paz se promovió de manera equivocada como un enfrentamiento entre amigos y enemigos de la paz que obtuvo una respuesta también moral pero sexualizada, la invención del término “ideología de género” a las cartillas de “ambientes escolares libres de discriminación”del Ministerio de Educación y el Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA; y que logró activar en un sector los prejuicios morales para evitar la “homosexualización” de los colombianos.
La consulta anticorrupción también logró convocar a millones de ciudadanos al mercadearse como cruzada para vencer al corrupto -¿acaso no existen también mujeres corruptas?-; y logró enmarcar a sus opositores como tales y a quienes la promovían como faros higienizadores de los malos procederes -que por supuesto siempre son de los demás-; privilegiándose el protagonismo a su vocería y no a la causa objetiva que motivó la consulta.
El señalamiento fue lucrativo políticamente pero inoperante para fines de reforma real al no lograrse consenso ni el respaldo necesarios para que la consulta ganara tanto en las calles como después en el parlamento.
Cuando los congresistas la hundieron no lo hicieron pensando sólo en las consecuencias directas al sistema al que pertenecen, sino para evitarle a sus promotores la satisfacción de una victoria política tanto antes como en un año electoral; por eso no resulta injusto atribuirle también responsabilidad a la clase política que la promovió y la hundió.
La consultitis, plebiscitis y referenditis demuestran la crisis de la representación popular y el recurso a la cruzada moral y el populismo de la indignación social que practican por igual políticos de todas las tendencias para seducir adeptos y obtener respaldo ciudadano.
La representación política -con todos sus defectos- y el papel de las cortes -con todos sus cuestionamientos-, permite un sistema de contrapesos cuya comprensión está todavía ausente en la gran mayoría de ciudadanos de a pie sujetos a la manipulación y llevados muchas veces de manera ingenua al mecanismo plebiscitario de la participación.
El discurso moralizador para conmover a la opinión y llevarla a las urnas compone un riesgo para la garantía de derechos y libertades ciudadanas de muchos grupos como LGBT+, que podrían verse amenazados de tomar fuerza estos mecanismos cada vez más usuales y que se valen de discursos taquilleros como reducir el congreso, prohibir las drogas, evitar la homosexualizacion de la sociedad, proteger la infancia o acabar con la corrupción de los demás.
Abrogarse la diversidad y la bandera LGBT+ por parte de un partido resulta arriesgado pues podría someter al enfrentamiento político los logros alcanzados por estos grupos al atribuirse su defensa a la militancia en algún partido o movimiento proclive a la radicalización.
Personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y heterosexuales LGBT+ y sus familias integran partidos de todas las tendencias y por eso mismo éstos debieran desarrollar políticas inclusivas en materia de derechos civiles y lograr así una vocación de permanencia en el Estado, que sobreviva a los cambios políticos y de gobierno, al desprestigio de las cortes que han emitido fallos en su defensa y a la amenaza de una democracia plebiscitaria en ascenso cada vez más primaria y moralizadora.
Columnas anteriores
¿Por qué a Duque y a Maduro los cuestiona el New York Times?
Libertad individual, politización de la infancia y orden público
Policías, skaters e intolerancia ciudadana
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
