Libertad individual, politización de la infancia y orden público

Se ha dicho que las sociedades se fundan más sobre los prejuicios y miedos que sobre las verdades. Por eso la manipulación política que invoca la defensa y protección a los niños podría llevar a que la sociedad acepte incluso restringirles a futuro sus propios derechos y libertades.

Porque proteger a quienes no pueden opinar todavía y son “propiedad” de la opinión publica, es una táctica discursiva que facilita la indignación, la radicalización y el juicio de valor sin comentario en contra.

Y se utiliza con fines políticos. La defensa de los niños se argumentó de manera sistemática para promover el no al plebiscito de la paz y mercadear tanto el decreto de la restricción a la dosis mínima como las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Este debate termina atribuyéndole al Estado y las autoridades, una responsabilidad a la que los padres renunciaron, usando su propio miedo, incapacidad y la doble moral como se les forma desde los hogares para que sean los otros, los terceros, los inmorales, los culpables si algo falla en la modelación social.

Esto se explica en la indignación que ha causado la revisión constitucional que penalizaba el porte y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público y que ha despertado las más altas pasiones en todos los sectores políticos.

El fallo de la Corte Constitucional aclara que las funciones del Estado, se suscriben a la sanción de las conductas públicas por sus efectos sobre el orden público y no a la restricción de aquellas decisiones que son resorte de la autonomía y libertad individuales.

El consumo de alcohol y otras sustancias es una decisión autónoma en que el Estado no debe intervenir salvo en el contexto de promoción o atención a la salud pública y sólo hasta cuando compone una conducta que amenaza la convivencia ciudadana, es decir cuando genera riñas y peleas que es lo que previene y sanciona el Código de Policía.

“El legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en que mi conducta no interfiere con la órbita de acción de nadie”.

Por eso sí es consistente que en el examen de constitucionalidad demandado a los artículos 33 y 140 del Código de Policía, la Corte Constitucional haya ponderado derechos en conflicto a la libertad personal y el orden público y definido que el hecho del consumo de drogas por sí mismo, no genera conflictos de convivencia pese a la creencia popular que se lo atribuye seguramente por el contexto criminal al que se ha suscrito.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la Policía Nacional, de 135.000 multas impuestas por porte o consumo de alcohol o estupefacientes en espacio publico, un 6 por ciento involucró riñas y agresiones. ¿Por qué no fue del 100 por ciento?

Porque al parecer la correlación entre consumo de SPA y alteración del orden público no es mayoritaria ni determinante y con mayor razón no es sostenible entonces, mantener una medida prohibitiva que no alcanza su propósito polícivo que es pedagógico y correccional y que pretende garantizar la convivencia ciudadana.

Eso no significa que las autoridades locales no puedan garantizar el orden público ni sancionar a ciudadanos consumidores o no consumidores de alcohol y estupefacientes en cuanto alteren el orden público, precisamente porque su labor de velar por la convivencia se suscribe a los efectos sobre las conductas ciudadanas y no a la decisión de los consumos individuales cuya órbita de acción el Código de Policía se había abrogado.

La moral pública como proyección de la conducta deseable, remedia los males que los adultos no pudieron evitar ni hacer realidad en sus propias vidas y que omiten en la formación de sus hijos a quienes les infunden la doble moral de comportarse en la calle diferente a como lo hacen en casa.

Por eso para la gran mayoría de padres que temen hablar de drogas para abordar un tratamiento o consumo regulado -del alcohol por ejemplo-, resulta más fácil y conveniente indignarse, sumarse a la histeria colectiva y respaldar la prohibición que evite la regulación y que es la salida razonable que hoy parece ausente, lo que anticipa que a futuro a los niños haya que pensar en defenderlos incluso de sus propios padres.