No hay una explicación en la conducta policiva que con motos y camionetas arrolló a skaters y peatones, agredió a una mujer y utilizó de manera indebida armas contra quienes se habían reunido para celebrar el Día Mundial del Skate en Bogotá, una cultura de surfistas urbanos presente en muchas ciudades de Colombia y el mundo.
La agresión de efectivos de la Policía contra los skaters que fue conocida a través de videos en las redes sociales y llevó a una reacción violenta de los jóvenes contra la misma, demuestra la profunda desconexión de la fuerza pública con los ciudadanos, colectivos y tribus urbanas que hoy conforman la ciudad.
Si bien su reunión puede suponer una afectación a la movilidad parece existir más una prevención y resistencia a las aglomeraciones y marchas que la Policía no ha sabido comprender ni acompañar, confundiendo las prioridades de velar por el orden público con llegar a violentar la integridad de los ciudadanos.
Podrá decirse también que las actividades que ocupan el espacio público requieren permisos y planes de manejo y una organización que coordine a las culturas urbanas con las autoridades lo que es deseable y útil, pero jamás excusa el papel de responsabilidad y protección a la vida y convivencia que definen el quehacer polícivo.
Hace bien el general de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hoover Penilla en suspender a quienes cometieron estos claros abusos de la fuerza pero queda un mensaje preocupante de cuál es la formación, criterio y cadena de mando dentro de las autoridades que explican la ocurrencia de estos hechos.
La sociedad requiere no sólo una policía efectiva sino legitima, respetada por sus logros y esfuerzos pero respetuosa de los ciudadanos donde el uso de la fuerza es comprensible por su excepcionalidad y rigor y no por su ostentación con quienes no son delincuentes.
Si bien nadie agradece los males que se le evitan sino reclama por aquellos que padece, igual ocurre con el delito que de seguro previene a diario la Policía y cuya labor y esfuerzo no siempre reconocemos, pero que terminan nublados por estos actos que afectan la credibilidad y confianza de una institución necesaria que debe velar por la protección de los ciudadanos.
Se viene insistiendo que la policía registre y haga pública por decisión propia toda actividad que realice, dado que ya el Código de Policia (Art 21) establece que “cualquier persona está facultada para grabar el procedimiento teniendo en cuenta que se cataloga el procedimiento de la Policía como una actividad pública”.
Esta medida (…) que se exceptúa de aplicar cuando “se afecte el derecho de un menor, la preservación de custodia de una escena de un delito que se pueda alterar o cuando se afecte el derecho a la privacidad”; ayudaría a la transparencia y evitar abusos policiales o incluso de los mismos ciudadanos.
En el episodio de los skaters es el mismo general Penilla quien ha solicitado a los ciudadanos aportar los vídeos que prueban los abusos y desmanes cometidos en los que ha reconocido “una reacción institucional desproporcionada totalmente no acorde con los postulados institucionales (…); -en que policías- “reaccionan -(¿la investigación deberá determinar a cuál acción?)- de una manera totalmente desbordada e inconsciente y no acorde con la doctrina institucional”.
En el mundo mediatizado de hoy el respeto a la autoridad y su legitimidad ya no están dados como supuesto y deben refrendarse mediante acciones contundentes contra la delincuencia, el respeto a la ley y a los derechos y libertades ciudadanas y bajo la connotación de que toda actuación de un servidor público es pública y sujeta al escrutinio.
De lo contrario prevenir y sancionar actos de intolerancia y garantizar seguridad y convivencia ciudadanas, será cada vez más difícil si las autoridades desde el orden civil, policivo o militar tampoco las acatan ni promueven con su ejemplo.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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