¿Por qué a Duque y a Maduro los cuestiona el New York Times?

Mientras el gobierno de Venezuela ha socavado abiertamente las libertades individuales de sus ciudadanos, el de Colombia tiene un asomo autoritario que se manifiesta en la promoción de la censura previa y que la sociedad en su conjunto debe contener.

La autocensura de la publicación del documento oficial sobre las metas de letalidad en el ejército que se abstuvo de publicar la revista Semana al parecer para congraciarse con el gobierno y que sí hizo público el New York Times, terminó convirtiendo en “falsos positivos” algo que al parecer no ha ocurrido.

Quienes han celebrado la salida del país de Nicholas Casey, -antropólogo de la Universidad de Stanford y periodista del New York Times- que publicó la investigación, y la de Daniel Coronell por cuestionar la autocensura de la revista Semana al no publicarla, no entienden que acallar cualquier voz así sea incómoda y contraria es también renunciar a su propio derecho ciudadano a hablar, cuestionar y disentir.

Han intentado desviar la atención atacando entonces la credibilidad del periodista y del medio atribuyendo a George Soros como accionista del New York Times, – también lo ha sido de Facebook y Netflix-, una práctica conspirativa sobre la sociedad abierta que tiene como objetivo la política colombiana.

Y si se le da crédito a esta táctica de atribuir a terceros los males nacionales -que es la misma utilizada por las dictaduras de Cuba y Venezuela para contener la crítica interna y evitar el juicio a las responsabilidades de sus dirigentes-, valga recalcar que Soros comparte como discípulo de Karl Popper, un anticomunismo y un antiautoritarismo que reivindican el valor liberal de la libertad de expresión, lo que enoja a quienes gustan de censurar y alcanzan hoy adeptos extremistas tanto en la izquierda como en la derecha.

Esta tendencia autoritaria de silenciar cualquier voz contraria que ha padecido Venezuela, no puede tener cabida en Colombia donde este caso de censura previa en medio de la crisis de financiación publicitaria que tiene en la interlocución con el gobierno una importante fuente de recursos, es un pésimo precedente para las libertades ciudadanas que encuentra una bandera de denuncia y defensa en redes sociales y medios internacionales.

Quienes se complacen de la censura en Colombia han omitido abiertamente mencionar que el New York Times ha sido acusado por el régimen de Nicolás de Maduro de participar de un golpe de estado en Venezuela a cuyo cerco diplomático Colombia y el presidente Duque se han sumado.

Nicholas Casey ha documentado los vínculos de altos funcionarios del régimen venezolano incluido el exvicepresidente y ministro Tareck Al Aissami con el narcotráfico; también denunció las presiones ejercidas sobre las misiones médicas cubanas para que los ciudadanos votaran por el gobierno a cambio de acceder a servicios médicos, como parte de una repudiable práctica clientelista que se aprovecha de gente enferma en medio de un colapso económico.

El criterio periodístico tanto en Colombia como Venezuela debe ser consistente con la búsqueda de lo más cercano a la verdad y no ser funcional a hinchadas de gobiernos o tendencias políticas aunque estas deseen y procuren ese efecto.

El caso del periodista Casey, a quien se le hizo un montaje fotográfico o ‘fake news’ para hacerlo afín a las FARC y quien salió del país por amenazas tras la publicación del New York Times, prueba la intolerancia y tendencia autoritaria que crece en Colombia y que seguro aplaude el régimen de Maduro en Venezuela al que también ha cuestionado, lo que sugiere la similitud de los extremistas en ambos países y habla bien de la labor que ejerce el periodista y su periódico en la revelación de información.

“@nytimes no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo. Informamos de manera precisa e imparcial. En Colombia hemos escrito historias muy duras sobre FARC, los grupos rebeldes y otras organizaciones criminales. En este caso, simplemente reportamos qué dicen documentos escritos por el Ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos” aseguró el diario.

Los hechos desencadenados demuestran que la autocensura de Semana era innecesaria y convirtió en noticia internacional un asunto interno hasta el punto de pedirle cita al consejo editorial del periódico -cual visita de Estado después de la de Trump-; a que se cuestione a los oficiales que fueron fuentes de la investigación y a que el mismo diario afirme en una editorial que “la paz podría estar deshaciéndose -y que- es muy preciada para abandonarla”.

Si bien el presidente Duque dando crédito a que pudieran volver los falsos positivos llamó a una “tolerancia cero para aquellos que deshonren el uniforme de la patria al cometer delitos”, quisiéramos que bajo su talante de conservador moderado con visión internacional que convenció a un sector de los electores, se pronunciara en defensa de las libertades de prensa como elemento innegociable que sí nos aleje de las prácticas de países autoritarios, aunque eso cause disgusto en la hinchada rabiosa de su partido que lo tiene preso y le impide llevar a cabo un gobierno con ánimo de legado.

Ojalá Duque llamara a una tolerancia cero para aquellas personas, empresarios, lideres, funcionarios o representantes políticos de su partido o del partido que sea, que intimidan o presionan a periodistas de medios nacionales o extranjeros y promueven así la censura de prensa que no debe ser permitida en Colombia.

Infortunadamente, la ingobernabilidad, el temor a no complacer a la fanaticada y el no tener un norte claro de gestión, al parecer hoy se lo impiden.