Semana bastante agitada ha tenido el país en materia política, económica y social, definición del presupuesto para 2.022 recabó las incoherencias de los actores políticos de la nación. Jugaditas, micos, “mal interpretaciones” y contradicciones hacen parte de la agenda diaria de quienes rigen o aspiran administrar los destinos de los colombianos, antes que lagunas mentales de los gobernantes lo que se percibe en el ambiente es un juego estratégico cimentado en la pésima memoria de los ciudadanos. Inoperancia del estado y la función pública torpedea la urgente necesidad de reactivar y dinamizar la economía en época de crisis, eje de campaña electoral que lejos está de atender las necesidades de ese 40%, o más, de los connacionales que se encuentra en condición de pobreza.

Peligroso ataque a la democracia es el que están perpetrando los extremos ideológicos de derecha e izquierda en el país, tiro en el pie que se propinó el gobierno con su propósito de exterminar la ley de garantías, más que un contundente contrapunteo del político senador, que hace unos años era el hoy presidente, con él mismo ostentando la primera magistratura del estado, es el prototipo de un desespero por mantener el poder por parte de una corriente que sabe lo mal que ha ejercido la función pública. Ejecución de programas se agudiza en un periodo de nueva normalidad en donde el gasto oficial comienza a peligrar en función de beneficiar el proceso de elecciones legislativas y gubernamentales que se avecina, apetito burocrático que salió a flote en el legislativo en las comisiones y plenarias de los últimos días.

Corrupción que carcome a Colombia acaba de deslegitimar la escasa dignidad que les queda a los caciques políticos de la nación, ralea dirigencial que perdió autoridad, respeto y manejo con iniciativas que tienen mucha tela de dónde cortar y criticar en su tránsito por el Congreso de la República; baja favorabilidad de la clase política está asociada a todo aquello que ha ocurrido con la implementación de un débil acuerdo de paz, la reforma tributaria, el inconformismo ciudadano, entre otros temas que delinean una alianza de inseguridad jurídica. Conexidad de la política con intereses de los grupos económicos de la nación siembran una preocupante incógnita sobre esa aprobación de traslado exprés, que se cocinó, de los fondos privados a Colpensiones, apuesta maestra que no está precisamente pensada para favorecer a los más pobres, pues quedó demostrado que los fondos privados difícilmente dan una pensión digna.

Errores del ente estatal son magistralmente aprovechados por la oposición para propagar su tinte populista que tiene como fin eliminar la independencia y el mercado privado, mesianismo que endiosa al líder de los humanos desprestigiando el pasado de los colombianos como si él no fuera parte y protagonista armado del mismo. Personificación del ideal de futuro en un personaje incompetente de flaca gestión, como quedó demostrado en su paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá, llama a prestar atención en dudosas conexiones que destapan un carrusel de fotos y declaraciones que ahora incomodan y dependiendo, de la óptica con que se miren, hacen parte del comportamiento típico de un bandido o fue parte de un montaje, porque el inocente personaje no sabía el oscuro precedente de su acompañante.

Compleja incoherencia de los candidatos con ansias de poder es llamar humano a la promoción del odio y guerra de clases que paso a paso se expande en el país. Pacto histórico, que dicen tener por Colombia, pulveriza una esperanza de futuro con la promoción que hacen al vandalismo, los bloqueos constantes que perjudican a cientos de miles de colombianos, la quiebra de empresas víctimas de saqueos que siguen incrementando los importantes índices de desempleo, la inseguridad disparada que expande el pánico, entre otros; desestabilización social que se escuda en un sofisma de búsqueda de un gobierno democrático, participativo, que propenda por una política con justicia social integral. Derrotero electivo que disemina serias incógnitas sobre oportunistas, social demócratas, que ahora se adhieren, con su desprestigio, a quien puntea las encuestas de intención de voto.

Los días pasan, la campaña avanza, y en cada momento queda en gran evidencia que el pacto histórico deja de lado la prioridad que decía tener por líderes y lideresas para dar cabida a quienes poco y nada, a parte de la tradicional politiquería, aportan a la reconfiguración que como nación requiere Colombia. Decisiones de cabezas referentes de la izquierda colombiana están pasando factura a una campaña en la que poco importan las virtudes, cualidades y trayectoria en las luchas sociales. Sapos grandes que dijeron se deberían tragar los colombianos con la firma de los acuerdos de paz, hace cinco años, resignifican las disconformidades de un pacto que quedó tan mal hecho que exalta la presencia política de cuestionados sujetos que desde su impunidad se burlan de las víctimas y rinden homenajes a un bandido delincuente, eje del mal, como el “Mono Jojoy”, en el afán de reescribir la historia desde la visión de los delincuentes.

Públicamente es necesario recordar, a la JEP y la mal llamada Comisión de la Verdad, cuáles son los deberes éticos que se deben aplicar al esclarecimiento de lo realmente ocurrido en el marco del conflicto y la reparación que debe existir para preservar la calma en medio del colectivo social. Difícil es un perdón y olvido cuando en el ambiente político reina el maquillaje a la realidad, homenaje que rindieron los ex FARC a “Jojoy” es la prueba de que nunca existió arrepentimiento por el secuestro, los asesinatos y el dolor que causaron quienes hoy fungen de héroes, pero en el grueso de la población no pasan de ser unos terroristas, ahora con fuero político. Insulto, con las instancias democráticas, es saber que quienes están detrás de los hilos del poder son quienes cometieron atroces crímenes, tuvieron conexidad con actos de narcotráfico, y por un plumazo de desconocimiento a la voluntad popular fueron favorecidos con el desvanecimiento de sus ordenes de captura.

Incongruencia de las instancias de poder sustentan la veneración al derecho de repetición y la misión histórica de salvajes torturas que empobrecieron a todos los colombianos, honorables congresistas que sin el menor sonrojo se niegan a reconocer que dieron órdenes y perpetraron las peores atrocidades del conflicto político militar que transitó Colombia desde la década del 50. Cambio de la nación está supeditado no solo al desmonte de una hegemonía de derecha sino al encausamiento de un tribunal de bolsillo que tapa y protege a quienes tienen en su haber miles de víctimas y se niegan a indemnizar a la población. Acuerdos entre politiqueros y corruptos es el que quiere hacer creer que se trabaja por un proyecto de patria que surge del dolor y las heridas de la guerra, tejido de historia que llama a que no se siga el ejemplo de Venezuela que hace 20 años eligió muy mal.

Hay que cuidar a Colombia con el voto, no abrirle la puerta al perverso socialismo. El cambio requiere de una grandeza distante de los pro-guerrilla o pro paramilitares, el comunismo o el anticomunismo, el socialismo o el capitalismo, la izquierda o la derecha radical; ataques ridículos apartados de los argumentos decentes y con bases sólidas que construyan una nueva nación en el marco de la tolerancia. Problema radical está en que no se vislumbra una opción de centro que pueda atemperar la discusión política del país, por ahora quienes ponen su nombre en competencia por la presidencia no pasan de discursos plagados de lugares comunes y repetir más de lo mismo sin propuestas concretas. Grandeza de la democracia estará en encontrar una propuesta que antes que polarizar logre unificar a los colombianos, un interlocutor que interpreta las incoherencias del poder y encause la materialización de hechos que den solución a las necesidades de un pueblo profundamente agobiado.

 

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