Antes de sumergirnos en la historia de lucha y perseverancia que lleva a cabo una joven de 22 años por hacer valer los derechos humanos de un hombre de la tercera edad, habitante de la calle, preguntémonos hasta qué punto las leyes y normativas nos han llegado a deshumanizar, dejándonos aferrados al papel, mientras la víctima lo hace a sus trastornados suspiros de vida.  

Según está estipulado en la Ley 1641 del 12 de julio de 2013 del Congreso de Colombia, esta tiene por objeto “establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social”; sin embargo, la ineficaz aplicación de dicho artículo tiene en vilo a Ligia Tabares Torres desde que decidió estar al frente del caso del señor identificado como Eduardo.

Ocurre que hace dos años, la estudiante de economía de la Universidad de Cartagena, se mudó al barrio Martínez Martelo, donde fue leal testigo de cómo el estado deplorable en el cual encontró a su indigente vecino empeoraba día a día, mientras se daba cuenta que su ayuda con comida y ropa no era la suficiente para darle un vuelco a la situación, menos cuando intentó acudir a quienes se supone están en la capacidad de darle una buena solución. Por eso, Liyi, como es conocida por sus allegados, no descansa hasta conseguirle un mejor futuro a Eduardo, que sin intención alguna se convirtió en motor de su despertar y la razón de sus desvelos.

Pero, pasa que Ligia y su familia tuvieron que mudarse nuevamente a finales del año pasado y ahora viven en otro barrio de Cartagena lejano a donde se encuentra el indolente anciano, algo que no le significó olvidarse de él y que por el contrario la motivó a llevar el caso a otro escalón.”, me explica la joven. 

Así fue como el 7 de enero, Tabares presentó una denuncia ante la Secretaría de Participación Ciudadana del Distrito en procura de conseguir el respaldo que necesita para garantizarle una mejor vejez a Eduardo. Con ello consiguió que, al día siguiente, funcionarios del ente mencionado la acompañaran hasta Martínez Martelo para evaluar las condiciones físicas y psicológicas del afectado.

Sin embargo, lo que en un principio parecía ser un avance positivo, terminó desencadenando la polémica entre el ser y el deber ser, lo moral y/o legalmente correcto, lo conveniente y lo que no. Hasta el punto de romper una relación operacional entre denunciante y servidores públicos, mientras Eduardo sigue en la calle como un indigente.

En una publicación realizada el 9 de enero, en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de Cartagena de Indias, se lee lo siguiente: 

“(…) El equipo psicosocial de la Secretaría de Participación caracterizó y puso en marcha la ruta de atención pertinente al caso (…) con el objetivo de seguir llevando a cabo un acompañamiento apropiado para garantizar su bienestar, mediante la habilitación de un Certificado de Habitante de la Calle que ayude a garantizar sus derechos”, en un post acompañado de tres fotos donde se  muestra como dicho grupo y Ligia aparentan trabajar de la mano para poder sacarle a Eduardo la mayor información posible.

Pero, pasados tres días, Tabares utilizó el mismo medio para revelar a detalles lo que realmente pasó durante aquella visita. 

En su cuenta de Instagram escribió que trataban de convencerla diciendo que conocían el caso y que al señor lo habían ayudado un par de veces, pero que siempre se salía del lugar donde le daban hospedaje. También, que conocían a los familiares y ninguno se hace cargo de él. Pero, ¡oh, sorpresa!, “al llegar al lugar donde se encontraron con Eduardo se dieron cuenta que no era la misma persona y que realmente este caso nunca lo habían tratado”.

Por tanto, esa misma tarde, “el grupo que enviaron desde la Secretaría de Participación, con su respectivo jefe al mando, se comprometieron a comenzar el proceso para: primero, pasar el caso al equipo encargado de ayudar a los adultos mayores. Segundo, ubicar a Eduardo el día martes 12 de enero, para junto con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Personería, la Policía y mi persona (Ligia), hacer valer sus derechos como adulto mayor”, mientras se tomaban las medidas para la ayuda médica. 

Sin embargo, ese día martes 12 de enero, Ligia Tabares se quedó viendo un chispero, pues nadie llegó ni se puso en contacto con ella, hasta que recibió una indignante respuesta: No hay contrato.

“Las personas que fueron a ‘enfrentar’ la situación por parte de la Secretaría de Participación no les han renovado el contrato, por ende, no han comenzado el proceso. Nos dijeron que el jefe se está encargando de eso, pero él no se ha comunicado con nosotros”, manifestó la joven en su red social.

 

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Después de eso, la Secretaría de Participación se mantuvo en silencio, mientras la estudiante de economía seguía haciendo eco de la situación a través de las redes sociales y medios de comunicación locales que se acercaron para conocer el caso. 

No sería sino hasta el 22 de enero que Milsiades Osorio, coordinador de la Unidad de Habitante de Calle de la Secretaría de Participación, daría sus explicaciones por medio de un video que la misma entidad hizo público.

“(…) Se hizo una intervención, inclusive se llamó al CRUE, y el señor manifestó que no se iba, que él estaba bien ahí, que no tenía por qué irse para ninguna parte. Es de aclarar algo: que ser habitante de calle es toda persona, según la Ley, que decide vivir en la calle, tenga contacto permanente o no con su familia”, expresa el coordinador.

Por lo cual, sujeto a sus argumentos da a entender que, como Eduardo no quiere ir a un hogar de paso ni ser trasladado de ese lugar, no pueden hacer nada “contra su voluntad”. Aunque dice que seguirán insistiendo, pero no cómo supuestamente la peticionaria quiere.

Ahora, la pregunta es: ¿está Eduardo en las condiciones óptimas para decidir por sí mismo?

El señor Milsiades manifiesta que las visitas se le harán entre lapsos de diez días, con un proceso consecutivo, pero con espacios hasta que él acepte. No obstante, ¿en la Unidad de Habitante de Calle son conscientes del tiempo que el estado de salud de Eduardo está dispuesto a soportar o de los riesgos que puede tener si sigue en paupérrimas circunstancias?

De momento, Ligia se sigue asesorando respecto al tema, no tiene la mínima intención de bajar los brazos y se aferra a cualquier guiño de esperanza que la mantenga en la lucha por su objetivo de sacar a Eduardo de la calle, para así poder verlo gozar de su dignidad humana.

“Creo que deberíamos ser personas primero y ciudadanos después”, Henry David Thoreau, escritor, poeta y filósofo estadounidense.

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