El 7 de agosto de 2.018, cuando asumió su cargo como presidente Iván Duque Márquez, en Colombia entró en vigor el Estatuto de la Oposición que fue sancionado el 9 de julio de 2018 por el expresidente Juan Manuel Santos Calderón.
Políticos congregados en un partido determinado definieron cuál sería su postura frente al Gobierno; corrientes ideológicas, próximas y distantes, establecieron un pensamiento de acción conexo a su forma de actuar y proceder dentro y fuera del legislativo: oposición, independiente o gobiernista.
En la esquina diametralmente opuesta, a la propuesta de gobierno del Centro Democrático representada por Iván Duque Márquez, se alinearon los partidos de izquierda y centro izquierda de Colombia: Alianza Verde, Lista de la Decencia, Colombia Humana, Polo Democrático, FARC, Unión Patriótica, Mais y Grupos Étnicos. Apuesta política que con enconados representantes Gustavo Petro, Ángela María Robledo, Antanas Mockus, Aída Avella, Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Jorge Robledo, Angélica Lozano, Claudia López, Juanita Goebertus, entre otros, ha evidenciado una falta de coordinación y convergencia que les permita concertar proyectos y posturas que trasciendan las disputas de protagonismo y visibilidad que los acompaña.
Oposición, con papel estelar en los medios de comunicación, autoflagelada y autovictimizada que bajo un delirio de persecución permanente busca representar al electorado que sufragó por ellos en las urnas. Democracia que en el legislativo colombiano está simbolizada por 26 senadores y 22 Representantes que dicen tener la vocería de los más de 8 millones de colombianos que votaron por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2.018; globalidad de electorado que, distante de ser militante y seguidor del caudillo de la izquierda de Colombia, depositó en las urnas su opinión en contra de la figura de Álvaro Uribe Vélez próxima a la Casa de Nariño.
Ejecicio democrático de la oposición en el país que está garantizado en la Ley 1.909 de 2.018, acto legislativo que adopta el estatuto político en esta materia. Escenario rodeado de garantías constitucionales que brinda a partidos, movimientos, organizaciones y grupos significativos de ciudadanos: financiación adicional para el ejercicio de la oposición, acceso a los medios de comunicación estatales y aquellos que hacen uso del espectro electromagnético, acceso a la información y documentación oficial, el derecho a réplica, participación en la agenda de las corporaciones públicas, garantía del libre ejercicio de los derechos políticos, participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, participación en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular, sesiones exclusivas sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto, y garantía de seguridad para los miembros de sus organizaciones.
Lucha contra la corrupción y respaldo al Acuerdo de Paz de la Habana son un esbozo de agrupación y unidad que está distante de la realidad de esas colectividades que conforman el bloque de oposición al gobierno de Iván Duque Márquez. Espectro ideológico que tuvo su primer revés el 26 de Agosto de 2.018 cuando se cayó por menos de 500 mil votos la consulta anticorrupción, la misma que posteriormente no fueron capaces de defender y sacar avante, por lo que también se hundió en la primera legislatura del Congreso.
Fuerzas políticas unidas por las necesidades del momento, distantes de sólidas coincidencias programáticas y recursos de poder. Oportunismo político que asume en las calles las protestas estudiantiles de universitarios, las mingas indígenas en las carreteras nacionales, el abandono de las minorías étnicas en rincones extremos de la geografía nacional; el asesinato de líderes; movilizaciones sociales, urbanas y rurales, que se ajustan a las necesidades de un show mediático para atacar la inoperatividad gubernamental, pero dista de medidas y acciones políticas para propiciar acciones legislativas desde el Capitolio Nacional.
Errores políticos, crasos, que concentran la atención individual en metas y responsabilidades particulares bajo un disfraz de protección colectiva de los intereses del electorado. Iván Cepeda Castro, integrante de la Comisión de Paz del Senado, que en mútiples oportunidades generó impactos mediáticos defendiendo el debido proceso a ‘Jesús Santrich’, cuestionando el compromiso del partido de gobierno para implementar lo acordado en la Habana, debatiendo las pruebas de la Fiscalía y cobró protagonismo acompañando a Seuxis Pausias Hernández Solarte en su salida de la Cárcel La Modelo, hoy sobresale por las tibias reacciones ante las pruebas patentes de fuga y la baja objeción a lo acontecido con el exlíder guerrillero.
Afán de figuración palpable, de la corriente de oposición, que se hizo evidente el 12 de marzo de 2.019 en el derecho a réplica televisado en cabeza de la representante a la Cámara Juanita Goebertus. Imagen audiovisual que buscaba replicar las objeciones a la JEP y convocar a una movilización nacional el 18 de marzo, pero perdió todo su efecto en la reacción egocéntrica de Gustavo Petro y la desacertada ubicación que le dieron, en este escenario, a Antanas Mockus. Marco político que sacó a flote profundas grietas en la relación opositora y elevó cuestionamientos sobre el estado de salud e idoneidad médica del Senador de la Alianza Verde para ejercer sus funciones públicas.
Inscripción de candidatos con inhabilidades para postular su nombre a corporaciones públicas, pero que congregan una cantidad de votos interesantes para lograr escaños en el legislativo; candidata vicepresidencial que incurrió en doble militancia al renunciar, a su anterior partido, dos meses antes de las votaciones a la presidencia; incómodas condenas fiscales, sanciones de la Contraloría, que traen consigo demandas y cuestionamientos de la investidura; evasión de la justicia, huida a la clandestinidad, que conduce a la silla vacía; hacen parte del juego político en el que los militantes de los partidos de gobierno e independientes aprovechan el momento para explotar errores procedimentales y legales que la oposición cataloga de persecución.
Abierta competencia por el poder que genera acusaciones y señalamientos entre los propios integrantes de la oposición, incongruencias ideológicas que en el camino se olvidan y tratan de tapar en la carrera por superar los retos que imponen ahora las elecciones locales. Necesidad de liderazgo que pide recobrar los importantes debates de control político que en otros momentos han tenido líderes opositores como Gustavo Petro o Jorge Enrique Robledo. Democracia, en todo el sentido extenso de la palabra, que desde las diferencias programáticas construye una ruta de gobierno.
En medio de un año electoral como el que ahora vive Colombia es importante llamar a revisar el papel de la oposición, apuesta política de un sector de la población que desde hechos, acciones y relación entre sus actores propicia un escenario de equidad y justicia que capta la atención de las mayorias electorales. Desde su identidad las corrientes opositoras están llamadas a ejercer el control político que incide en las decisiones del ejecutivo. Colectivo político que de manera coordinada puede pasar de los reiterados llamados a organismos internacionales implorando sus derechos, a una inteligencia de acción que va más allá del papel y los micrófonos de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación como eje de control social están llamados a la construcción del imaginario colectivo desde la verdad y la contrastación de fuentes, hoy por el afán del rating y el clic, en plataformas digitales, buscan destacar el escándalo y la confrontación de fuerzas. Esquema de acción en el que cae la oposición que parece haber olvidado que la política se hace en la plaza pública y el legislativo, distante del espectáculo mediático, confrontación de ideas y conceptos, hechos y acciones, que constituyen una democracia distante del calor inmediatista y momentáneo de las grabadoras, cámaras y micrófonos.
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