Estigmatización de la que dicen ser víctimas los ex-FARC, que ahora fungen de comunes en la arena política nacional, cobró relevancia esta semana con el incidente de Rodrigo Granda en territorio mexicano. Lejos de una jugadita del gobierno colombiano, como irresponsablemente lo afirmó Carlos Lozada, en el ambiente quedó que circular roja impulsada por Paraguay es el justo proceder que debería operar contra quienes perpetraron atroces actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad que en el país se pretenden dejar en el olvido con el cuestionable actuar de la JEP. Mitomanía y re-victimización, que hicieron ver los firmantes del acuerdo de La Habana, no logra ocultar que existe una imputación por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso conexo al caso de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas Gusinky, por la que es requerido, el antiguo canciller de las FARC, por la justicia paraguaya.
Nudo en la garganta que acompaña a tantos colombianos, con el imperfecto acuerdo de paz, exaltaron las manifestaciones de júbilo al sentir que aún existen naciones en las que no cala el comportamiento hipócrita de quienes con mezquindad quieren invisibilizar el mal que causaron por tantos años al país. Cinismo es el que acompaña a descarados personajes que lejos están de la honorabilidad que quieren representar, oscuros sujetos que desde su ideal revolucionario decían defender y proclamar los derechos humanos, pero el tiempo y los hechos develan que solo trascienden por su prontuario delictivo, los actos terroristas de los que se les sindica y el sinnúmero de delitos que están dejando sin justicia y reparación. El crimen todavía es punible y Colombia requiere de acciones que conlleven a que los bandidos paguen por todo el mal que han hecho, cuestionable es el entorno de una justicia que insiste en ponerse del lado de quienes se jactan de manejar los hilos de las ramas del poder para que no se les trate como los malhechores que son.
Complejo es el panorama de un colectivo social en donde se le da trato de celebridad a descarados que buscan a toda costa desviar la atención y desvirtuar todo lo que les hace próximos a la delincuencia. Lo acaecido esta semana, en la nación centroamericana, sólo corrobora que los ex-Farc, ahora comunes, tienen muchas deudas pendientes que nada tienen que ver con el conflicto interno colombiano; delitos en otros países indican el instinto de mal de los exmilitantes guerrilleros y el grado de sevicia que los acompaña. Claro quedó que la impunidad que reina al interior de las fronteras colombianas solo cohonesta con el increíble actuar torcido de la justicia latinoamericana que se alinea con la ideología de izquierda que tanto daño está haciendo al continente.
Pésimo precedente dejó México con su proceder ante quienes están al margen de la ley, pedido de extradición que pesa sobre los ex-Farc es de público conocimiento, maniobra que se ejerció, para no activar la circular roja de la Interpol y blindar a Rodrigo Granda, no es más que el vulgar actuar de quienes se arriman al poder y empoderan a corruptos o protegen a los hijos de narcoterroristas; sin el ánimo de polemizar solo basta recordar el caso del hijo del “Chapo” Guzmán. Causa terror ver cómo, desde la institucionalidad, se garantiza a los criminales un perdón y olvido por el temor a hacer trizas el acuerdo de paz dejando de lado el daño que hicieron y la responsabilidad que les asiste.
Sonrisa socarrona que se vio de los comunes en el Aeropuerto Internacional El Dorado revivió en los colombianos las imágenes y los recuerdos de sujetos que perpetraron tanto daño al país, si sus crímenes fueron atroces, abominables, la impunidad total que les dio el proceso de paz es todavía peor; nadie les desconoce su desarme, pero falta verdad y reparación. Endiosamiento que la JEP y los medios tejen alrededor de los desmovilizados es el que hace creer a los ex-Farc que otros pueden estar dispuestos a que todos esos procesos que están en el exterior vengan y hagan transito en la Jurisdicción Especial para la Paz, como si este ente estuviera por encima de otras instancias; para los comunes no hay ley, norma, ni fallo que valga, creen que están por encima de todo y de todos. Lo que sucedió con Rodrigo Granda es muestra de ello.
Problema de los ex-Farc de cara a futuro será derrotar en el imaginario ese sentir que exalta que ellos deben estar en la cárcel, no en el Congreso legislando y ganando honrosos salarios que sufragan de los impuestos que pagan los colombianos. Los ciudadanos están cansados de ver cómo los comunes siempre se salen con la suya, con complicidad de fuerzas políticas colombianas. Desidia de la justicia llama a preguntar si verdaderamente el proceso de paz llegó para quedarse, conspiraciones, que afloran en cada momento desde los extremos ideológicos que polarizan el país, atomizan la confianza en la construcción de una nueva nación alejada del conflicto. Pedestal de la moral desde el que se atreven a ubicarse los ex-Farc está en contraposición de la sensación que queda en el ambiente al saber que en otros países, como debería ser en Colombia, no olvidan, ni perdonan; los comunes todavía son odiados por todo el mal que causaron.
Conexidad de la izquierda y la justicia con el actuar de los ex-Farc es la que permite que petulantes y soberbios salgan los comunes a esgrimir que la sociedad es la que les debe, y mucho, a ellos. Los ciudadanos escuchan las declaraciones de los firmantes del acuerdo de La Habana y se preguntan ¿cuál reparación y verdad? Lo que ocurrió esta semana con Rodrigo Granda solo confirma la ineficacia de la JEP y no permite comprender las razones por las cuales México no lo envío directo a Paraguay a pagar lo que debe, ya que aquí en Colombia son intocables quienes asesinaron, secuestraron y cristalizaron sucesos censurables en contra de menores. La bofetada que dio el gobierno del pueblo mexicano a los colombianos y los paraguayos no tiene nombre, definitivamente la izquierda, en cualquier parte, se cree por encima de los derechos de los demás y ajustan la ley a su antojo desde la complicidad de los organismos multilaterales.
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Tan peligroso es un guerrillero desmovilizado sin contar la verdad y sin reparar a la sociedad, como un bandido activo, asesinando, secuestrando y ejecutando civiles inofensivos; da mucho que pensar que tras cinco años la JEP siga sin emitir un solo fallo condenatorio frente a ningún miembro del secretariado de las Farc por sus crímenes atroces. El punto más oscuro del acuerdo es la total impunidad de la que gozan los integrantes de los comunes, tibieza de quedar bien con todos y dejar innumerables puntos oscuros encumbra lo perentorio de no dejar el arbitraje de lo acordado en manos de los victimarios. Meollo tenebroso definitivamente fue el gobierno de izquierda mexicano que votó el salvavidas de la deportación para evitar la orden de captura y favorecer la impunidad en el asesinato de Cecilia Cubas Gusinky.
Enmarañada es la aplicación de justicia si el actuar de un gobierno “democrático” está ajustado a ver como un ciudadano del común, trabajador, inteligente y profesional termina siendo blanco del crimen organizado y ajustado al devenir de corrientes políticas que no admiten pensar distinto y decir la verdad. El proceso de paz fue entre las Farc y el Estado Colombiano, por eso no se parará de preguntar por qué no pudo ser detenido Rodrigo Granda por delitos de los que lo acusan otros países que nada tienen que ver con el pacto de La Habana. Llegó el momento de centrar la discusión alejados de conceptos como comunismo, izquierda, socialismo, o capitalismo; Colombia se está autodestruyendo no solo en la corrupción sino en la espiral de la injusticia de una sociedad sin ley en la que criminales están en un pedestal moral del que ningún colombiano ha gozado en la historia.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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