Se presenta este jueves en Bogotá el informe ‘Abusos de poder, extractivismos y derechos en la región andina’, en el que se revelan casos preocupantes en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú sobre la situación de personas y comunidades defensoras de derechos humanos, territoriales y ambientales.
En los cuatro países sigue muy campante el modelo extractivista con patrones de subordinación de las comunidades a las empresas que manejan el negocio, que se lleva por delante el ambiente, el agua y las condiciones tradicionales de subsistencia de poblaciones, que quedan a expensas de bonanzas pasajeras que arrastran con todo.
Es otro aspecto en el que también se vulneran los derechos humanos, pero que lamentablemente no ha tenido la divulgación suficiente porque quienes viven del negocio se escudan en regalías y supuestos programas en favor de las comunidades de los territorios donde se explota la naturaleza.
El documento muestra que hay características comunes en la región andina en relación con las acciones para abusar del poder, por medio de la fuerza física, los discursos de gobiernos y empresas extractivas, la negación de las consultas populares, la omisión institucional y el manejo arbitrario de las normas.
Incluso, los Estados no atienden las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a no hostigar a las defensoras y defensores.
El informe hace un diagnóstico regional y presenta cuatro casos, uno por país, en los que es claro el impacto contra las poblaciones y las acciones contra las personas defensoras de derechos humanos, territoriales y ambientales.
En el caso colombiano se explica lo ocurrido con el pueblo Awá, en Nariño, que ha convivido con el Oleoducto Transandino, el puerto de Tumaco y el narcotráfico.
¿Cómo afectan a las comunidades? Con aspersiones de glifosato, la salida de narcóticos a través del puerto, con la presencia de grupos armados, con atentados contra el oleoducto y el mal manejo de los derrames de petróleo por parte de Ecopetrol y CENIT, impactando al medio ambiente.
Por supuesto que no es un tema nuevo. En varias ocasiones, desde 2009, la Corte Constitucional ha advertido sobre el riesgo de exterminio de los resguardos Inda Guacaray e Inda Sabaleta, del pueblo Awá. Puso de presente esos factores, además de que sus territorios son escenario de la confrontación armada y de asesinatos.
A esto se agrega que las 750 familias que viven en esos resguardos, en el corregimiento de Llorente, han visto el deterioro del río Inda por cuenta de la contaminación por los derrames de petróleo. El río, además de brindarles agua y alimento, tiene una significación ancestral seriamente afectada.
El documento fue elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Broederlijk Delen, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Además, contó con la colaboración de la Subcentral Campesina Tariquía (Bolivia), la comunidad Río Blanco y Colectivo de Mujeres Sinchi Warmi (Azuay, Ecuador) y la comunidad indígena Awá-Resguardos Inda Guacaray e Inda Sabaleta (Colombia).
El valor del informe está precisamente en elevar la voz de las comunidades y sus defensoras y defensores -desatendidos por los Estados- para que sea escuchada en muchos escenarios, en donde surjan solidaridades para poder equilibrar una lucha desigual que hace mella a la sobrevivencia de estos pueblos. En cuanto a Colombia sigue la misma tónica de pasar la aplanadora estatal sobre las minorías para salvaguardar los intereses del sector privado, por encima de la vida y el ambiente.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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