Las lecciones que ha dado la ciudadanía desde el pasado jueves 21N, cuando se inició el Paro Nacional, muestran una clara evolución en la protesta social, que tiene como protagonista a una generación de jóvenes que entiende el futuro qué les espera si las condiciones de vida no cambian en el país.
El Gobierno Nacional y el de Bogotá, particularmente, han sido muy inferiores a la estatura de dignidad de quienes han resistido la represión en todas sus formas por cuenta del ESMAD.
La campaña ‘Libertad Asunto de Todas’ documentó 831 casos de personas detenidas y 25 personas heridas en solo tres días de paro. Al mismo tiempo, a través de redes sociales se han difundido videos en los que se evidencia la brutalidad de la actuación del ESMAD en contra de personas que no representaban peligro alguno para la seguridad pública.
A ello se suma el doloroso caso del estudiante Dilan Mauricio Cruz, quien falleció como consecuencia del disparo de un agente del ESMAD.
Pese a ello, la ciudadanía siguió saliendo a la calle para expresar su descontento, utilizando el cacerolazo para hacerse sentir: “Dilan vive, el paro sigue”.
En contraste, la actitud del Gobierno es de oídos sordos a la ciudadanía. Anunció una Gran Conversación Nacional, que debe abordarse con un “sentido patriótico”, reduciéndola a sectores políticos, empresariales y sociales, mientras para la ciudadanía se habilitan espacios mínimos a través de plataformas digitales.
El objetivo de esta “conversación”, tal y como se evidenció en su discurso ante alcaldes y gobernadores electos, será la de profundizar su Plan Nacional de Desarrollo, que no garantiza los derechos para la gente y una política de “paz con legalidad” que desconoce la integralidad del Acuerdo de Paz. Pretende, además, y sin presupuesto adicional, que sean las regiones y departamentos los únicos responsables de resolver las demandas sociales.
Asimismo, ha preferido conversaciones parciales, métodos caducos de consulta e imposición de la agenda, desconociendo que gran parte de los y las manifestantes no se sienten representados por los actores tradicionales y mucho menos por los gremios y mandatarios electos. Resulta sintomático de esta desconexión que el Gobierno haya señalado que el desmonte del ESMAD no hace parte de la conversación.
El Gobierno no ha entendido que la movilización tiene una base sólida por cuenta de la desatención estatal, de la escalada de violencia que ha cobrado la vida de cientos de líderes y lideresas, las paupérrimas condiciones laborales, del incumplimiento del Acuerdo de paz y de las políticas que afectan el diario vivir de millones de colombianas y colombianos.
El Gobierno pretende señalar a los contendores políticos como los responsables de “trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar” y acusarlos de inducir a la ciudadanía a expresiones agresivas. Y bajo este discurso, justificar la militarización, las medidas excepcionales -como el toque de queda- y el desconocimiento de la protesta como un derecho fundamental, asociado a la libertad de expresión, reunión y asociación reconocido por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
El Gobierno y el Centro Democrático simulan la paz, reinventan la guerra e imponen el miedo como estrategia para controlar y diezmar la movilización, restringir los derechos y legitimar la militarización de las ciudades.
La agenda social y el desmonte del ESMAD son el corazón de la concertación y el diálogo. De lo contrario, la calle seguirá siendo el escenario de la presión de la ciudadanía, que cada vez suma más voces, hasta que el gobierno de Iván Duque la tenga en cuenta.
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