Las garantías y protección para líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos es una obligación que el Estado no puede ignorar. Menos cuando los hechos demuestran que cada semana se informa del asesinato de líderes o lideresas en cualquier región del país. Son más de 600 hechos violentos en lo que va del año, con más de 70 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes, a lo que se suma el asesinato de más de 160 personas en proceso de reincorporación, y que vincula la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Militares, tal y como se ha establecido en el asesinato de Dimar Torres.

La etapa preelectoral se caracterizó por la falta de garantías para aspirantes locales a las diferentes corporaciones. Hubo una escalada de violencia que el Gobierno desatendió a pesar de las alertas de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y diferentes organizaciones de derechos humanos sobre la vulnerabilidad en varias regiones del país. Qué contraste con los comicios del 2018, los primeros después del Acuerdo de Paz, que contrario a los desarrollados el pasado domingo se destacaron por el notorio descenso de hechos violentos contra el ejercicio electoral.

Ahora, tras los resultados electorales del domingo, se espera que desde el poder local y regional se promueva la defensa de la vida de quienes ejercen el liderazgo de comunidades. Hay por lo menos importantes cambios en algunos gobiernos locales, en donde renovadas expresiones políticas desbancarán a partir del primero de enero próximo a nefastos cacicazgos electorales y maquinarias clientelistas que, no solo han abusado del erario y les han dado la espalda a las necesidades de los más pobres, sino que desatienden los serios problemas de riesgo de quienes representan a las comunidades, muchas de ellas vulnerables a las violaciones de los derechos humanos.

Los alcaldes y gobernadores elegidos tienen, entre muchos retos, hacer efectivas las condiciones para promover y proteger los liderazgos sociales, intimidados por sectores que ven en las vocerías de quienes representan a la población desde diferentes ámbitos como los grupos de mujeres, los estudiantes, los trabajadores y los defensores de derechos humanos, un obstáculo a sus intereses y el silenciamiento, a través de las amenazas y la eliminación física, se ha convertido en la estrategia de estos sectores para la defensa de sus privilegios.

Algunos instrumentos surgidos del Acuerdo de Paz contribuyen a proteger y prevenir ataques contra los liderazgos sociales, entre los que destacamos el decreto 2078 del 2017, que establece niveles de coordinación entre los gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo.

También el decreto 2252 de 2017, que asigna responsabilidades a Gobernaciones y Alcaldías en el marco de las rutas de protección y de prevención para estos sectores, los cuales deben ser apoyados por el Gobierno Nacional. El decreto 660 de 2018 crea el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios y permite identificar los factores de riesgo, y la política pública para el desmonte del paramilitarismo, cuyo mandato está en cabeza de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que el Gobierno del Presidente Duque se niega a convocar.

Como vemos, son múltiples instrumentos de política pública para la protección de los liderazgos sociales. Lo que falta es voluntad política del Presidente Duque para la implementación integral del Acuerdo de Paz, que se evidencia no solo en su desfinanciación, sino en la parálisis de instancias participativas con funciones de formulación de política pública que contribuyen a atacar los factores estructurales de riesgo a la labor de la defensa de los derechos humanos. La paz se construye desde los territorios. Es lo que se ha denominado la paz territorial.

Los retos para los nuevos mandatarios están en desarrollar esta política de la mano con defensores, incluyendo indígenas, afrocolombianos, defensoras mujeres, la sociedad civil y la comunidad internacional, en especial de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo mandato finaliza este jueves, y que esperamos el Gobierno renueve de manera integral.

Las iniciativas territoriales y desde una visión comunitaria son la oportunidad para hacer exigible al Gobierno Nacional el respeto y cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, como garantía para la defensa de la vida y los liderazgos sociales.

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