Ante la grave situación de derechos humanos que se vive en los territorios indígenas en el Cauca, el Gobierno se mantiene en la militarización, que no solo pone en riesgo la autonomía de las comunidades étnicas, sino que suma un actor armado que paradójicamente escalaría la violencia en la cada vez más frágil condición de seguridad en la región.

Insistió en esa postura Alejandro Ordóñez Maldonado, embajador ante la OEA, durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas durante la semana pasada en Quito.

De acuerdo con las organizaciones indígenas, este año se han registrado en el departamento del Cauca 68 asesinatos, 179 amenazas, 15 atentados, 15 masacres, 7 acciones armadas, 6 hostigamientos, 6 casos de reclutamiento forzado de menores y por los menos 200 menores en riego de reclutamiento. A esto se suma la estigmatización por parte de  altos funcionarios del Gobierno que aumentan los riesgos y buscan legitimar las amenazas y atentados en contra de los procesos político-organizativos y promueven la discriminación, el racismo y culpabilización de los pueblos indígenas y sus representantes.

Paradójicamente, el departamento del Cauca es la región más militarizada de Colombia, en la que hacen presencia más de 6 mil efectivos militares y el presidente Duque anunció la llegada de 2.500 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4 (Fudra).

La receta fracasó. La militarización no es la solución para la violencia, ni ha prevenido el narcotráfico, los asesinatos y las masacres. Lo que está ocurriendo en el Cauca y en otros territorios es producto de varios factores que no se resuelven convirtiendo los territorios indígenas en campos de batalla.

En primer lugar, el Gobierno no ha cumplido con el plan marco del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, que incorpora, entre otros aspectos, la garantía de fortalecer sus sistemas de protección colectiva expresados en la Guardia Indígena, a la que ha querido restar autonomía, desconociendo lo que significa en términos de gobierno propio y protección de los territorios ancestrales.

Tampoco ha cumplido otros puntos del Acuerdo como el enfoque territorial y los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a pesar de la voluntad y organización de las comunidades en este sentido. El incumplimiento y la falta de voluntad política también se expresa en los obstáculos para el acceso a la tierra, para lo que no se garantizan las acciones técnicas, ni el presupuesto. Lo mismo ocurre con la protección de las comunidades y de sus líderes, hoy expuestos a perder la vida, en una escalada de violencia en el último año, que incluye la participación y tolerancias de algunos agentes estatales con estructuras ilegales en graves violaciones a los derechos humanos.

Pese a estas razones, el gobierno colombiano volvió a plantear la militarización del Cauca. Es la posición guerrerista, esa sí sostenible, para resolver la crisis de derechos humanos que tiene a los pueblos indígenas contra las cuerdas. La salida para la situación de violencia contra los pueblos indígenas es la concertación, el reconocimiento público de sus procesos organizativos, el respeto al territorio ancestral, la autonomía, el gobierno propio, sus autoridades, la Jurisdicción Especial y demás ejercicios de autoprotección.

¿Cuándo entenderá el Gobierno que la solución está mucho más allá de las armas?

P.D.: El golpe de Estado contra Evo Morales y la represión de la que es víctima el pueblo indígena en Bolivia requiere el rechazo unánime, en contravía de la pasividad del gobierno colombiano y de otros de la región, que tienen en el liderazgo de la OEA la complacencia con aplastar gobiernos que vayan por otra vía que sí mejora las condiciones de vida de la gente. Bolivia ha mejorado significativamente las cifras socioeconómicas y nunca durante el gobierno de Evo vivió las violaciones de derechos humanos que ejecutan quienes se escudan en la democracia para realmente pisotearlas.

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