Los magistrados de la Sala de Instrucción se reunirán el próximo jueves en una sesión ordinaria para analizar nuevamente las pruebas que tienen contra el ahora exsenador y definir si los delitos por los que lo acusan —presunto fraude procesal y soborno a testigos— tienen relación con su función en el Legislativo.
Sin embargo, algunos analistas consideran que no será tan fácil y que la Corte no va a ceder tan rápido el proceso. En Semana aseguraron que viene una “batalla de alto contenido jurídico” para saber si la Corte se queda con el caso o le cede el expediente a la Fiscalía General. Hasta el momento no hay un consenso entre los expertos.
El penalista Francisco Bernate le dijo a la revista que “no debería haber mayor debate porque la Sala de Casación Penal dijo hace 11 años que si el congresista renuncia, la Corte solamente mantiene su competencia si los hechos por los que el congresista es investigado tienen que ver con su función como congresista o con el proceso electoral“.
Y efectivamente esa fue la conclusión a la que llegó la defensa de Uribe, pues su abogado Jaime Granados dijo en Noticias Caracol que la manipulación de testigos no es un “delito funcional” en su labor como congresista.
Bernate mencionó una excepción a eso y es que “se llegara a extremos como hacer referencia a que hay un supuesto integrante de la UTL relacionado con los hechos”.
Ese fue justamente el argumento del senador Iván Cepeda, contraparte en el proceso, que dijo que “Uribe en su condición de senador utilizó a miembros de su Unidad de Trabajo Legistlativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país, paramilitares, para que declararan” en su contra.
Lo que Granados calificó como una “sarta de mentiras” porque la Corte “no compulsó copias para investigar” a nadie del equipo de Uribe, aunque hace unos días El Espectador explicó que, según el alto tribunal, el expresidente “usó a subordinados suyos de la UTL para actividades ajenas a sus labores en el Congreso, como ‘la gestión de pruebas’ en diferentes procesos”.
En cualquier caso eso es justamente lo que deberán determinar los magistrados. Además, Bernate explicó que si la Sala de Instrucción se niega a entregar el expediente, el caso escalará a dos instancias superiores en la misma Corte Suprema o la situación podría terminar en la Corte Constitucional siendo analizada como tutela.
Por su parte, el analista Álvaro Forero dijo en el espacio ‘Voz Populi’, de Blu Radio, que “este tipo de renuncias para evadir la jurisdicción de la Corte se llaman: el truco Mario Uribe. Él renunció, trató de pedir asilo en una embajada y la Corte le negó eso porque dijo que eran hechos que habían ocurrido en un momento en que era senador”.
Ese caso al que se refiere el experto se remonta a cuando varios políticos investigados por sus nexos con paramilitares comenzaron a renunciar al Congreso para que la Corte perdiera su competencia, pero en 2009 el alto tribunal detuvo eso y cambió la jurisprudencia para mantener la competencia aunque el aforado renuncie a su cargo, y ahí es donde se detalla que los delitos deben estar relacionados con sus funciones como legisladores.
Forero también dijo que la Corte Suprema debe hacer un análisis muy detallado porque “no puede permitir que en Colombia la gente escoja su juez para tratar de buscar un tratamiento más favorable”, y añadió que “en el caso de Uribe hay un problema y es que si pasa a la Fiscalía, el fiscal general Francisco Barbosa es una persona que era empleado de este Gobierno del cual Uribe es jefe supremo; aun si se declarara fiscal ‘ad hoc’, pues no habría garantías”.
El analista lamentó que el caso pueda salir del alto tribunal porque la considera “la única entidad que en Colombia tiene la capacidad de hacer justicia contra los poderosos, es la única que ha enfrentado la corrupción política”.
En el mismo espacio radial, el también analista Pedro Viveros indicó que “esa estrategia le sirve a Uribe para salir de lo que él llama la persecución política y le sirve para ganar tiempo por el referendo que ha planteado el Centro Democrático para reformar la justicia en Colombia. Le serviría para promoverlo”.
Mientras que Forero cerró siendo más duro con el jefe del partido de Gobierno:
“Generalmente los perfiles como Uribe, de caudillismo, tienen problemas con la justicia y siempre se victimizan diciendo que son perseguidos políticos. […] Para Uribe es humillante que el Senado lo suspenda en funciones y le quite el uso del Twitter o le prohíba algunas manifestaciones públicas; al renunciar queda como un acto autónomo“.
Entre tanto, la emisora añadió que Uribe tendrá una reunión con sus abogados, Jaime Lombana y Jaime Granados, para definir qué pasará si la Fiscalía asume el proceso.
Una de esas cosas, explicó el exfiscal Guillermo Mendoza en Noticias Caracol, es que un juez deberá decidir de nuevo la situación jurídica del expresidente: “Hay que tener en cuenta que el procedimiento tendría que modificarse. La Fiscalía no puede dictar medida de aseguramiento, eso tendría que hacerlo un juez de control de garantías”.
En las elecciones legislativas del 2018, Uribe obtuvo 875.554 votos y se convirtió en el senador más votado en la historia de Colombia; a su vez logró que su partido fuera el más votado en esos comicios al alcanzar 2.513.320 y quedarse con 19 curules en la cámara alta.
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